Hazael Sayavedra Jueves, 30 de Julio del 2026, 12:40
Cualquier coordinación con autoridades federales o estatales no anula el hecho que fue Bustamante y sólo ella quien nombró y sostuvo a Mendívil.
Mendívil encabezó la corporación hasta septiembre de 2024, cuando Bustamante confirmó su salida al presentar el gabinete de su segunda administración. Marina del Pilar gobernaba el estado hacía tres años y, en ningún momento, tuvo autoridad sobre Mendívil García.
Por Hazael Sayavedra
El expediente de Pedro Ariel Mendívil García sumó esta semana su capítulo más reciente: el exdirector de la Dirección de Seguridad Pública Municipal —DSPM— de Mexicali salió esposado de su domicilio en el fraccionamiento Los Arcos, cateado por la Fiscalía General del Estado —FGE—, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional —Sedena—, la Secretaría de Marina —Semar— y fuerzas federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana —SSPC—, acusado de desaparición forzada, asociación delictuosa y robo de vehículo. El nombre que ha dominado la narrativa pública alrededor de ese expediente no es, sin embargo, el de quien lo nombró, lo sostuvo casi tres años y aceptó su salida: es el de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Norma Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, sigue sin ofrecer una sola explicación pública sobre la corporación que gobernó como jefa directa.
La cronología no deja mucho espacio para diluir esa responsabilidad. Bustamante tomó protesta como alcaldesa el 1 de octubre de 2021. Dos meses y medio después, el 16 de diciembre de 2021, propuso —y el Cabildo aprobó por unanimidad, con los 17 votos disponibles— el nombramiento de Mendívil como titular de la DSPM, en sustitución de Joel Hidalgo Dueñez Hurtado. Mendívil permaneció al frente de la corporación hasta septiembre de 2024, cuando Bustamante confirmó su salida al presentar el gabinete de su segunda administración. Marina del Pilar Ávila gobernaba el estado desde noviembre de 2021 y, en ningún momento de esos casi tres años, tuvo autoridad jerárquica directa sobre el director de la policía municipal de Mexicali. La tuvo Bustamante y sólo Bustamante.
Lo que vino después es igual de revelador. A Mendívil lo sustituyó Luis Felipe Chan Baltazar, quien duró cinco meses antes de salir en marzo de 2025, señalado por omisiones en la liberación del dueño de una taquería acusado de abusar de una empleada menor de edad, y en el homicidio del líder pesquero de San Felipe, Sunshine Rodríguez Peña, en medio de una ola de homicidios. Lo reemplazó el teniente coronel retirado Julián Leyzaola Pérez, aprobado el 18 de marzo de 2025 por un Cabildo dividido —diez votos a favor, seis en contra, con la oposición cuestionando su historial de tortura en Tijuana—. Leyzaola llegó anunciando que iba a depurar la corporación y, semanas después, destituyó al jefe de Tránsito de la DSPM, Vicente Robles, señalado de aceptar sobornos. Renunció el 14 de julio de 2025, oficialmente por motivos personales, en medio de reportes de inconformidad interna por sus propias decisiones de limpieza.
Siete horas después de esa renuncia, Bustamante reinstaló en el cargo a Chan Baltazar: el mismo funcionario que ella había destituido meses antes por omisiones en dos de los casos más graves de su administración.
Que el señalado por mirar hacia otro lado dure en el cargo más que quien intentó limpiar la corporación no es una coincidencia que se explique sola. Bajo esa lectura, la salida de Leyzaola no fue un choque de personalidades: fue la corrección de alguien que empezó a mover eslabones de la cadena de cobros —moches, sobornos, mordidas de tránsito— que no le tocaba mover, y su reemplazo inmediato por el funcionario ya señalado por mirar hacia otro lado apunta a una instrucción, viniera de donde viniera, de restituir el sistema anterior.
Es cierto que, para el nombramiento de Leyzaola, la propia Bustamante habló de una "estrategia coordinada" con el gobierno del Estado, después de que Marina del Pilar Ávila se reuniera con el gabinete de seguridad federal en la Ciudad de México. Esa coordinación posterior, sin embargo, no borra que fue Bustamante —sola, sin coautoría estatal documentada— quien nombró y sostuvo a Mendívil durante los tres años que hoy se investigan.
La cadena tiene además un componente financiero que Los Ángeles Press ya documentó con contratos en mano, y que la Auditoría Superior de la Federación, ASF, confirmó por otra vía. Bustamante afirmó en campaña haber invertido casi cuatro mil millones de pesos en equipamiento policial; los contratos registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia entre 2021 y 2023 suman poco más de 276 millones, marcados por sobreprecios, proveedores sin domicilio propio, competencia simulada y adjudicaciones directas.
Las 200 cámaras corporales que Bustamante presumió como logro de campaña —modelo Hikvision DS-MCW406, con valor de mercado de 4,400 pesos— se pagaron a 10 mil pesos por unidad a ERCOM Radiocomunicaciones y Servicios, empresa cuyo representante legal no aparece ni en el dictamen técnico ni en el fallo de adjudicación, y que Los Ángeles Press no pudo localizar en ningún domicilio comercial ni en redes sociales. Antes de esa compra, 2023 se fue en una disputa de meses entre Mendívil y el entonces síndico procurador Héctor Ceceña por la urgencia de las cámaras, con los regidores como espectadores; Bustamante terminó interviniendo a petición de la propia Marina del Pilar.
Con las patrullas el patrón se repite y escala. En diciembre de 2021 se pagaron casi tres millones de pesos por rentarlas a Forza Arrendadora Automotriz por apenas un mes, en adjudicación directa; días después, una supuesta compra de vehículos por 1.3 millones a Automotores Frontera aparece en Transparencia sustituida, sin explicación, por un contrato de fumigación. Entre 2022 y 2023, Integra Arrenda Sofom concentró 110.2 millones de pesos en arrendamientos de transporte para la corporación.
La ASF, al revisar la Cuenta Pública 2024, volvió sobre la misma empresa: observó 113.7 millones de pesos en dos contratos de renta de patrullas con Integra Arrenda por no presentar bitácoras de recorrido que probaran que los vehículos operaron, y otros 23.2 millones con Capital Rent por reportes fotográficos que no acreditaron ni los números de serie ni el uso real de los camiones de basura. En total, la ASF dejó sin aclarar 157.6 millones de pesos del último año del trienio pasado de Bustamante —el monto más alto entre los seis municipios de Baja California auditados—. La misma auditoría, vale decirlo, observó a la administración estatal de Marina del Pilar un contrato de 20 patrullas adjudicado en forma directa sin garantizar mejores condiciones de precio: el vicio se repite en ambos niveles de gobierno.
El contrato de radios sigue la misma fórmula. En 2022, Cervantech vendió al Ayuntamiento un sistema de comunicación y monitoreo —mil radios y software de encriptación conectado a la red estatal Tetrapol— por 106 millones de pesos, nunca registrado en la Plataforma Nacional de Transparencia en violación al artículo 70 de la Ley General de Transparencia; cuando Los Ángeles Press lo solicitó, se lo entregaron testado, alegando razones de seguridad pública. El modelo de radio identificado en el expediente, TPH900, se consigue en 4,500 pesos en Mercado Libre —mil unidades costarían apenas 4.5 millones—, y el Ayuntamiento subcontrató a Cervantech en vez de ir directo al fabricante, Airbus SLC.
No hay evidencia de que estos radios hayan fallado; lo que sí hay es opacidad documentada sobre su costo real. Con las fornituras se repite el mismo mecanismo: en diciembre de 2023 se adjudicaron 1,830 unidades marca Altec a un particular, Luis Mario Verdugo Estrada, a 2,705 pesos cada una —5.3 millones en total—, cuando el mismo modelo se consigue en 970 pesos en el mercado.
La pavimentación añade una capa que no es exclusiva de Bustamante, sino heredada. Entre Marina del Pilar Ávila, María Guadalupe Mora Quiñonez y Bustamante, la familia Zavala Beltrán —a través de B&D División Construcción— ha recibido más de 562 millones de pesos para pavimentar Mexicali desde 2020; Bustamante es quien más contratos le ha dado, once, por 85.6 millones, entre diciembre de 2021 y mayo de 2023, sin precio unitario claro ni supervisión posterior a la obra, frente a una empresa, CONZA, que solo simuló competir. Pese a esos montos, las calles de Mexicali siguen llenas de baches. La ASF, en el mismo informe, observó además 16.1 millones de pesos en cuatro contratos de alumbrado público y 4 millones en la rehabilitación de un túnel vial, todos por pruebas de laboratorio insuficientes para acreditar que las obras cumplen su función.
Y mientras se documentan sobreprecios millonarios en cámaras, radios, fornituras y patrullas, el Ayuntamiento anunció este año una inversión de 20 millones de pesos para sustituir el cableado eléctrico del Palacio Municipal, sin renovar en más de 40 años. La austeridad, en Mexicali, siempre corre en una sola dirección.
A esa cadena hay que sumar a los hijos. Norma Castañeda Bustamante ha sido señalada —incluso por su propia madre, en rueda de prensa— como asesora vinculada a Oveishon, empresa que recibió contratos del Ayuntamiento, uno de ellos para publicidad de la propia DSPM. José Antonio Castañeda Bustamante figura como dueño de Caligráfica, proveedora registrada tanto del gobierno estatal como del municipal. Medios locales han documentado, con fuentes propias, la versión de que los tres hermanos operan como filtro informal para quién obtiene contrato con el Ayuntamiento. La alcaldesa ha negado que se trate de nepotismo; los contratos, mientras tanto, siguen apareciendo.
Cuesta sostener que ese nivel de sofisticación para mover contratos millonarios haya convivido, durante tres años, con una ceguera total ante el dinero mucho más burdo —moches, sobornos, mordidas de tránsito— que corría dentro de la misma corporación que Bustamante supervisaba de manera directa. Quien diseña esquemas para desviar contratos rara vez es ciego frente a lo obvio; la pregunta, otra vez, es quién debe responder por ello.
Y está Óscar Vega Marín, síndico procurador del XXV Ayuntamiento desde octubre de 2024. Antes fue regidor de Mexicali de octubre de 2021 a septiembre de 2024 —es decir, integrante del mismo Cabildo que aprobó por unanimidad el nombramiento de Mendívil en diciembre de 2021— y, a nivel federal, ocupó la titularidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuesta trabajo sostener que alguien con esa hoja de vida no entendía lo que estaba ratificando, o que careció de elementos, en los años siguientes, para hacer preguntas incómodas desde la Sindicatura.
Los regidores, en conjunto, tampoco pueden alegar sorpresa retroactiva. El propio regidor Manuel Rudecindo García declaró esta semana que la detención de Mendívil confirma el fracaso de la estrategia de seguridad de la administración de Bustamante, y exigió que la alcaldesa ofrezca explicaciones públicas. Es una postura correcta y tardía: el Cabildo tuvo, desde 2021, la facultad de exigir resultados y de negar ratificaciones. La ejerció para votar en contra de Leyzaola por su historial de derechos humanos; no la ejerció para interrogar por qué se sostenía —o se reinstalaba— a quienes acumulaban omisiones.
El espejo más nítido de todo esto sigue abierto a unas cuadras de cualquier changarro de Mexicali: el bar Shots. Tres años y cerca de una decena de desapariciones después, el propietario, Juan Luis Martínez Ayala, no enfrenta un solo cargo; obtuvo un amparo federal en octubre de 2023 para recuperar el inmueble mientras las familias de los desaparecidos protestaban en la calle. El único imputado formal fue un guardia de seguridad. Ese es el patrón: castigar al empleado visible, dejar indemne al dueño. Con Mendívil ocurrió lo mismo durante tres años de gestión municipal, y podría estar a punto de repetirse con quien lo nombró.
Lo digo aquí como opinión personal, no como hallazgo documental: en México cuesta trabajo recordar a un funcionario que haya salido de un cargo público más pobre de lo que entró. Esta columna ya documentó, con expedientes, la exposición de Marina del Pilar a través del caso Mendívil —desde el pago atribuido a "Los Rusos" hasta la hipótesis de una detención conveniente para más de un actor—; en próximas entregas tocará revisar con el mismo rigor los de Francisco Kiko Vega y Francisco Pérez Tejada. Nada de eso se cancela aquí: se le suma.
El expediente de Mendívil ya tiene fecha de detención, juez y causa penal. El de Norma Bustamante como jefa directa de la corporación que hoy se investiga por desaparición forzada sigue, en los hechos, sin abrirse. Mientras esa omisión se mantenga, cualquier relato que reparta la responsabilidad de Mexicali y su valle en una sola dirección será, en el mejor de los casos, incompleto.
