Ignacio García Miércoles, 29 de Julio del 2026, 08:58
Foro Público
En lo que va del año, en México siete periodistas han sido asesinados, es decir, en promedio un comunicador ha sido ultimado cada mes, lo que refleja tanto una tragedia como el fracaso del Estado para proteger a los profesionales de la información.
El año comenzó de forma violenta para el gremio periodístico. El 8 de enero el periodista Carlos Castro, colaborador del medio Código Norte de Veracruz, fue asesinado, después de que el gobierno de Rocío Nahle suspendió las medidas de protección del mecanismo estatal en 2024, al considerar que ya no existían riesgos para su integridad.
El periodista había denunciado que había recibido amenazas de muerte, pero las autoridades estatales ignoraron sus llamadas de auxilio y se convirtió en la primera víctima fatal de este año, cuyo asesinato—como el de la mayoría--se mantiene en la impunidad.
Dos meses después, Juan David Gámez, director del portal de noticias Táctica SS, fue asesinado el 18 de marzo, luego de haber denunciado amenazas por sus coberturas sobre temas de inseguridad y delincuencia en Nuevo León, una de las entidades que ha sido centro de la violencia durante años, aunque el gobierno de Samuel García no brindó protección al comunicador.
El tercer caso ocurrió el 2 de junio, cuando la directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste, Roxana Guzmán Ramírez, fue secuestrada por sujetos armados que arribaron a su domicilio en el municipio Nanchital, en Veracruz, mientras los hechos fueron registrados en una grabación que conmocionó a la opinión pública.
Sin embargo, pese a las evidencias audiovisuales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGJE) fue incapaz de rescatar a la periodista, y su cuerpo sin vida fue localizado el 3 de julio a 24 kilómetros del lugar donde fue privada de la libertad.
Posteriormente, el 11 de junio Luis Ángel López Valdez, editor y periodista del medio Reportaje Policiaco Veracruzano, fue ejecutado en el municipio de Poza Rica, tras realizar una serie de coberturas sobre las desapariciones en la región.
Menos de un mes después el periodista Alex Serna, colaborador del medio Observatorio Ciudadano de la Costa Grande, fue liquidado, después de realizar una serie de coberturas en Guerrero en contra de los delitos ambientales que prevalecían en la zona durante años.
Apenas unos días después, Josué Martínez Contreras, director del portal Noticias San Martín Texmelucan, fue la sexta víctima el 16 de julio, tras cubrir ese municipio poblano.
El último caso sucedió el 22 de julio, cuando el columnista del portal de noticias El Zumbido del Moscardón, Francisco Alejandro Leyva Aguilar, fue ejecutado por sujetos desconocidos, luego de criticar a la administración del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.
Todos estos casos muestran que el Estado mexicano fue incapaz de garantizar la protección de la labor periodística para los comunicadores que laboran en regiones afectadas por la violencia y el crimen organizado desde hace años, sin que los gobernadores brindaran medidas de acompañamiento.
Veracruz, el foco de la mayor violencia
De los siete periodistas asesinados en este año, tres comunicadores laboraban en Veracruz, entidad que se ha caracterizado por ser el estado más riesgoso para el ejercicio del periodismo en el país desde la administración de Javier Duarte.
El sexenio del último gobernador emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el periodo más violento para el ejercicio del periodismo en el país. Un total de 17 comunicadores fueron asesinados en apenas seis años, una cifra que evidenció la colusión de las autoridades estatales con los grupos criminales.
Incluso, algunos periodistas que fueron ultimados denunciaron que el ex mandatario estatal ordenaba reprimir a los comunicadores críticos como fue el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien pese a haber migrado a la Ciudad de México para salvar su vida, no fue suficiente, y fue una de las cuatro víctimas fatales del denominado “multihomicidio de la Narvarte” que las autoridades capitalinas criminalizaron.
El gobierno de Miguel Ángel Yunés Linares no fue mejor. En los dos años de la administración del ex panista fueron asesinados cinco periodistas, evidenciando que el cambio de color político en el gobierno estatal no modificó la condición de protección de los periodistas.
El sexenio de Cuitláhuac García tampoco mejoró la situación para la labor de los comunicadores. En la gestión del primer gobernador emanado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fueron ejecutados siete periodistas, manteniendo a Veracruz como la entidad con más actos violentos en contra de los comunicadores.
Desde 2024, cuando arribó a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, tres comunicadores han sido asesinados, mientras que dos están reportados como desaparecidos.
Así, Veracruz ha sido el epicentro de la violencia para los periodistas, principalmente por la ausencia y al mismo tiempo colusión de las autoridades estatales con los grupos criminales, el poder caciquil que han ejercido los alcaldes empoderados por los cárteles que determinan perseguir la labor de los profesionales de la información.
México, el foco de la violencia contra los periodistas
Desde 2000 México se ha convertido en el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo. Organizaciones como Artículo 19 documentaron un total de 181 periodistas asesinados en el país, los cuales en la mayoría de los casos se mantienen en la impunidad.
La tendencia de crímenes contra los comunicadores ha aumentado, pues en el gobierno de Vicente Fox se documentaron 25 asesinatos, en el sexenio de Felipe Calderón fueron 48, mientras que con Enrique Peña Nieto sumaron 47, misma cantidad que en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
En lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum se han registrado 14 asesinatos de periodistas, lo que revela las falencias del Mecanismo de Protección para Periodistas, instrumento creado al final del gobierno de Calderón para tratar de proteger a los comunicadores.
Este esfuerzo institucional ha sido insuficiente para proteger a los periodistas, pues varios de los comunicadores que están inscritos en el padrón han reconocido que no cuentan con protección permanente y tampoco los escoltas están armados para defenderse ante alguna agresión, lo que también expone a los efectivos federales.
Las tradicionales condenas de los gobernadores tampoco ayudan a esclarecer los crímenes contra los periodistas, debido a que en realidad las fiscalías estatales procuran archivar las indagatorias sobre los delitos contra los profesionales de la información, a quienes criminalizan o deslindan el móvil de los crímenes por su labor periodística.
Todo esto evidencia que “matar a un periodista” no tiene costos sociales, políticos, económicos o culturales para México. Del total de los crímenes cometidos contra los comunicadores, apenas se han emitido nueve sentencias condenatorias, es decir, el absoluto ostracismo del Estado.
Incluso entre el gremio periodístico parece que cada asesinato causa menor indignación, ya que los propios comunicadores han dejado de pugnar colectivamente para proteger a los periodistas que están en situación de riesgo, situación que favorece la intención de las autoridades de minimizar los costos políticos y sociales que deriven por el asesinato de los profesionales de la información, principalmente en un contexto en el cual la prensa enfrenta cuestionamientos sociales que se han nutrido de los señalamientos que se han efectuado desde el pulpito presidencial a partir del gobierno de López Obrador.
