La Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, presentó la petición de la víctima del exmagistrado del Tribunal de Justicia de Jalisco, José de Jesús Covarrubias Dueñas.
Los Ángeles Press
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido formalmente el primer caso de violencia vicaria litigado por la organización de derechos humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC). La víctima, en este caso, es la abogada y defensora de derechos humanos Blanca Estela Paredes Hernández.
El proceso se inició cuando RSDCIAC presentó la petición P-2498-23 ante la CIDH el 13 de junio de 2024. Esta petición representa un hito significativo, ya que aborda el concepto de violencia vicaria, acuñado por Sonia Vaccaro en 2012, que describe una forma de violencia patriarcal donde se utiliza a los hijos e hijas como medio para ejercer violencia contra la madre.
Blanca Estela Paredes Hernández comenzó su lucha legal a los 15 años, cuando José de Jesús Covarrubias Dueñas, exmagistrado del Tribunal de Justicia de Jalisco, México, inició el abuso. Ella tuvo dos hijos y los registró sola. Al descubrir que Covarrubias estaba casado, intentó separarse, enfrentando violencia física y psicológica. A pesar de sus denuncias ante las autoridades, el poder político del exmagistrado obstaculizó cualquier avance legal.
En 2020, Blanca presentó una denuncia por abuso sexual infantil y corrupción de menores contra Covarrubias, presentando evidencia crucial a la Fiscalía de Jalisco. Aunque suspendido temporalmente en 2021, Covarrubias aún recibía una parte de su salario, mientras Blanca fue injustamente despedida de su cargo como abogada en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
El exmagistrado fue desaforado en enero de 2022 para facilitar su detención por las acusaciones en su contra, pero actualmente permanece prófugo desde su audiencia judicial en febrero del mismo año.
Red Solidaria celebró la admisión de este caso por la CIDH como un paso fundamental para visibilizar la violencia vicaria en México a nivel internacional. Este caso podría sentar un precedente importante en la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas de este tipo de violencia.