Activistas y ciudadanos protestan por cierre de oficinas de la PROFEPA en Tijuana y Ensenada

Por Ignacio García

Luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) anunció el cierre de las oficinas de representación en los municipios de Ensenada y Tijuana, en Baja California, activistas y ciudadanos se pronunciaron en contra de esta decisión federal al considerar que se trata de una institución que debe proteger y vigilar de forma permanente las afectaciones al medio ambiente en el país.

Sashenka Fierro Reséndiz, bióloga de la región, señaló en comentario a la página de la institución, que las funciones de las oficinas de la PROFEPA en esos municipios son de importancia ante la crisis climática que padece el planeta, por lo que debe atender las violaciones a los reglamentos y leyes en materia ambiental en Baja California, que al cerrar estos espacios será más difícil emitir las denuncias correspondientes, así como la actuación de las autoridades federales.

La bióloga refirió que este tipo de decisiones reflejan la falta de compromiso del gobierno federal para preservar y proteger el medio ambiente, sobre todo en zonas protegidas, por lo que contrario al cierre de las oficinas se requiere la contratación de más personal y mayor presupuesto para la dependencia, y por ello solicitó que se revierta esta decisión.

De la misma manera, Charlotte Vizzuet Montoya, ciudadana de la región, manifestó su preocupación por la decisión del gobierno federal, pues dijo que «limitará la presencia en el territorio de los oficiales que atienden los delitos ambientales, debido a que Baja California presenta diferentes complejidades territoriales y de accesibilidad y con la eliminación de las oficinas de la Profepa se limita la capacidad de atender estas problemáticas».

También Laura Isabel Martínez Ríos del Río, miembro de la Pro Esteros, AC y de The Ocean Foundation, asociaciones dedicadas a la preservación de la vida mariana y medio ambiente, señaló que la labor de la PROFEPA ha sido crucial en los últimos 30 años para rescatar la fauna silvestre en peligro y realizar inspecciones y vigilancia por delitos ambientales sin importar las circunstancias, por lo que con el cierre de las oficinas se dejan desprotegidos dos parques nacionales, dos áreas de protección de flora y fauna y tres reservas de biósfera del Golfo de Baja California.

Consideró que al operar en Mexicali se tendrán que duplicar los gastos para viáticos, combustibles y para atender cualquier denuncia que se presente en Ensenada y Tijuana, mientras que los trámites que tengan que realizar los ciudadanos también serán más costosos por los tiempos de traslado, situación por la cual solicitó revertir esta decisión.

Otro usuario no identificado que trabaja en la reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles sostuvo que esta determinación provocará que la PROFEPA sea completamente ineficiente para atender las quejas ambientales que ocurran en la zona, por lo que también dejará pérdidas económicas para la zona.

Indicó que este acuerdo incumple los principios de la Ley de Mejora Regulatoria, ya que no existe el beneficio social y los costos de la entrada en vigor del mismo serán graves, por lo que reiteró que no existe justificación para el cierre de las oficinas de representación.

Enlace del acuerdo de Conamer: