La violencia de género ha sido agravada por la violencia institucional desplegada por la UACM.
Que hayan ocurrido esos episodios de violencia institucional por parte de funcionarios de la UACM explica la necesidad de que la disculpa sea pública y no privada.
Por Roxana Rodríguez Bravo
En marzo de 2022, denuncié en la Defensoría de los Derechos Universitarios al también profesor de tiempo completo de la UACM a quien, dadas las restricciones de la legislación mexicana se identifica sólo como Octavio C. por diversos actos de violencia sexual, de género y psicoemocional, que llegaron a expresarse en distintas redes sociales. Los antecedentes de este caso se pueden consultar en los cuatro materiales que Los Ángeles Press publicó al respecto en 2023 y que se insertan a lo largo de este texto.
La denuncia la hice al amparo del Protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, formalizado por esa institución en 2020, dado que fui profesora por obra y tiempo determinado (2019-2021) de la propia Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
El 18 de marzo de 2022 acudí a la Defensoría de los Derechos Universitarios para presentar la denuncia. El procedimiento era imposible de completar en ese momento pues, hasta esa fecha, el Consejo de Justicia, único órgano que podría imponer sanciones, no estaba conformado. Esa situación se mantuvo así por varios meses más.
Al saber lo anterior, varias víctimas realizamos diferentes denuncias públicas que, a su vez, fueron recogidas en distintas notas periodísticas, en presentaciones en actividades académicas y en programas de radio y televisión, así como en mensajes de diferentes redes sociales.
Hemos sido víctimas de violencia institucional por parte de la UACM. Incluso otras instituciones de educación superior que han abierto sus puertas para que se conozcan éste y otros casos, han sido objeto de esa forma de violencia.
Estas acciones lograron que el Consejo Universitario VII Legislatura aprobara la conformación del Consejo de Justicia. Ese órgano inició labores en octubre de 2023. Concluyó que la denuncia pública como derecho de las víctimas es una herramienta indispensable para obtener justicia y reparar el daño. A pesar de que la normativa de la UACM, indica que se debe mantenerse un acuerdo de “confidencialidad”.
Este acuerdo parece estar diseñado únicamente para proteger y encubrir a los agresores, lo que se agravó en mi caso al tratarse de un amigo cercano de la exrectora Tania Rodríguez y de varios miembros de la administración universitaria. Esta situación fomenta dinámicas que, con el tiempo, contribuyen a crear una cultura de la negación. Como señala Magali Barreto en un texto de 2017 publicado en la Revista Mexicana de Sociología, que se puede consultar también en el cuadro que aparece más adelante.
Esta cultura de la negación se perpetuó hasta la resolución de mi caso, emitida en mayo de 2024 por el Consejo de Justicia de la UACM, con el número 7/2024. Sin embargo, no recibí esta resolución hasta el 13 de septiembre de 2024. Este retraso parece estar relacionado con el final de la rectoría de Tania Rodríguez, ya que podría haber influido en la decisión de no hacer un pronunciamiento que enturbiara la campaña de Mariana Elkisch, quien contaba con el respaldo de la exrectora.
Curiosamente, mi asunto se resolvió sólo después del proceso electoral que no favoreció a Elkisch, lo que permitió la designación de Juan Carlos Aguilar como nuevo rector para el periodo 2024-2028, vinculado a otro grupo político.
El propio Consejo de Justicia de la UACM aceptó que era necesaria una resolución de carácter sancionatorio por haberse acreditado plenamente la comisión de violencia psicoemocional y de pareja. Lo que es más, hay una huella digital pública de las agresiones cometidas en mi contra. La UACM admite en ese sentido que uno de sus empleados agredió en público en varias ocasiones a quien redacta estas líneas y esa es una de las razones por las que la disculpa debe ser pública.
Tan es así que resuelven que el agresor debe cumplir con ciertas medidas de reparación del daño como son: acreditar un curso sobre violencia machista; firmar una carta compromiso de no repetición y un apercibimento privado. Lo que sobresale de este resolutivo es que el agresor debe ofrecer una disculpa “privada”.
Lo anterior contradice lo que establecen las Normas de Convivencia de la UACM, que no contienen la figura de disculpa privada, pero sí la de disculpa pública; el Protocolo de atención a las violencias sigue, además, un enfoque similar.
Considero que tal resolución es inadecuada porque la violencia contra las mujeres no es un asunto privado; es un problema público.
En este sentido, las disculpas privadas minimizan el impacto de la violencia contra las mujeres y la reducen a un problema individual, no social.
Esto es más relevante dado que la propia UACM durante la gestión de Rodríguez Mora presumía un compromiso con una política de "cero tolerancia a toda forma de violencia contra las mujeres" como se puede ver en el mensaje que una de las cuentas institucionales de esa universidad publicó en noviembre de 2023 y que aparece después de este párrafo.
Este mensaje, por cierto, fue amplificado por la cuenta personal en esa misma red social de la propia Rodríguez Mora, minutos después de que se publicó el original.
Además, hablando en términos de reparación del daño, el reconocimiento público de la injusticia sufrida tiene la fuerza de hacer que las víctimas concluyan su proceso y sigan con sus vidas, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia relativa a otro asunto pero relevante del 27 de noviembre de 2023.
El razonamiento que siguió la Corte Interamericana de Derechos Humanos para argumentar que las disculpas deben ser públicas se puede encontrar en los párrafos 205 al 207 inclusive, de la sentencia disponible aquí, en la sección titulada "D.2. Acto reconocimiento de responsabilidad internacional y de disculpas públicas".
Por medio del recurso de impugnación, se envío una carta al Abogado General de la UACM, Bernardo Donato Hidalgo Tobón, quien será el encargado de resolver ese recurso exigiendo que la disculpa se dé carácter público y no privado. Para apoyar lo anterior, se ha abierto una petición en la plataforma Change.org que tiene como objetivo recaudar firmas hasta antes del primero de octubre de 2014 para lograr el objetivo de que la disculpa que se presente sea pública.
Es posible firmar esta petición en el siguiente enlace: https://chng.it/9WQXMHvdx5