Asesinato o fabricación de delitos, opciones que dan a periodista Alfredo Griz por revelar contratos ficticios de la CFE

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“Mi única locura fue esperar tantos años. Pero no me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer. Lo maté así porque yo quería que sufriera, que tuviera una muerte fea, quería vengarme por su infidelidad. Lo peor es que yo me conozco: si no lo mataba, me iba a quedar con él, porque yo lo quería, me parece”.

Por Alfredo Griz

¡Alfredo, hijo de tu perra madre, ya te van a meter a la cárcel, el ingeniero Loya y Circe, pero si no los dejas en paz ni ahí, pues ahí mismo te van a matar, tenemos personal ahí adentro, perro culero, bájale huevos o ya sabes!, es la amenaza más reciente contra el periodista Alfredo Griz que ha revelado una serie de reportajes sobre la corrupción de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de contratos ficticios en la residencia de obras de Yucatán en obras del Tren Maya.

El mensaje de audio por WhatsApp, directo y sin cortapisas, fue enviado el 12 de agosto y es explícito en el remitente. Se refiere a los servidores públicos Marco Antonio Loya Izaguirre y Circe Viridiana Palma Martínez, ambos imputados en varias carpetas de investigación por el hostigamiento y homicidio en grado tentativa a este periodista y señalados por contratos fraudulentos en la CFE, así como de hacer pagos de servicios sexuales con partidas presupuestales para viáticos que les provee la Comisión Federal de Electricidad a los funcionarios.

Las agresiones, el acoso incesante, la intimidación por parte de funcionarios de gobierno local, es una constante, sin embargo, bajo resguardo y con las medidas de protección federal, aun se respira el miedo y se siente el temor fundado de que en cualquier momento algo podría pasar.

En un ejercicio periodístico apegado a derecho, las revelaciones de corrupción y tráfico de influencias circulan desde hace varios meses en este espacio; sin embargo, los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) siguen en funciones sin que se les someta a auditoría por sus superiores. Tampoco nadie de los involucrados ha salido a dar una declaración al respecto, ni a pedir derecho de réplica, pese a que se les contactó para hacer valer su derecho. Solo ignoraron los mensajes y correos.

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Casandra, una de las damas de compañía que era contratada para dar servicios sexuales a los involucrados e imputados, reveló más datos e hizo más señalamientos directos sobre la empleada Circe Viridiana Palma Martínez, a quien se refiere como madrota o la poquianchis. En su testimonio, revela el pago de sus servicios con recibos de viáticos para los empleados.

La amenaza enviada en formato ahora de audio, con toda la intención de intimidar, es la insistencia para que este periodista deje de publicar sus correrías sexuales a cargo del erario y sus actos de corrupción, rayando en una escalada de violencia y agresiones que han sido reportadas a diferentes instancias internacionales.

Artículo 19, una de las organizaciones más reconocidas por la defensa de la libertad de expresión en el mundo y protección a periodistas, ha acompañado a quien esto escribe en todo el hostigamiento vivido durante los últimos tres meses; de igual manera lo ha hecho el Mecanismo de Protección Federal para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Asesinato o fabricación de delitos

En varias carpetas de Fiscalía General de la República (FGR), los imputados también han intentado manipular los hechos junto con autoridades locales con una serie de acciones legales para impedir que este periodista (Alejandro Griz) deje de escribir respecto a los negocios turbios que tienen en la Residencia de Obra y Transmisión en Mérida, Yucatán. Sin embargo, no son pocas las evidencias que sustentan la corrupción en la CFE.

La intención de los servidores públicos imputados es clara: asesinar al periodista, silenciarlo para siempre. No obstante, el intento ha sido fallido por la incompetencia de los emisarios. De allí que la otra opción que buscan los funcionarios con tráfico de influencias en la fiscalía es la cárcel, a través de la fabricación de delitos, como sucedió en el caso del periodista Héctor Valdez Hernández, de Tulum en red. Valdez lleva casi dos años en un reclusorio de la Ciudad de México, acusado falsamente de abuso sexual, después de haberle pedido ayuda al presidente López Obrador en la conferencia mañanera por la persecución del exalcalde de Tulum tras revelar su corrupción.

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Por eso, con cada agresión, hay una nueva denuncia, un nuevo señalamiento, nuevos indicios y nuevas pruebas para demostrar de que tras el hostigamiento y atentados están los servidores públicos Circe Viridiana Palma Martínez y Marco Antonio Loya Izaguirre, y con el cúmulo de evidencias es la fiscalía quien tiene la responsabilidad en sus manos.

Ante esta situación y derivado de todas las demás agresiones sufridas, es que de nueva cuenta se hace la denuncia pública y de igual forma se agrega a la denuncia penal, para que obre en autos como dato de prueba.

La citada Circe Viridiana Palma Martínez ha tratado de utilizar a las autoridades para criminalizar la libertad de expresión, y meter a la cárcel a este periodista por publicar sus fechorías y sus escándalos sexuales dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), diciendo que son actos de intimidación o molestia hacia su persona.

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Se le olvida a la funcionaria que no sólo es una simple ciudadana imputada en varias carpetas de investigación, sino que es una servidora pública federal, y por los actos que se le denuncian es la malversación de fondos de la paraestatal CFE, tráfico de influencias y el uso indebido del servicio público. Adicional a ello, se le responsabiliza por los atentados contra este periodista, junto con el ingeniero Marco Antonio Loya Izaguirre.