De 36 periodistas asesinados en los últimos 4 años en México, ningún ‘autor intelectual’ detenido

Por Rosario Martínez De la Vega

Con 36 periodistas asesinados en 4 años, de los cuales 15 fueron ejecutados y dos desaparecidos de enero a agosto en este 2022, México vive el año más mortífero para la prensa en su historia. Se trata de la nación más peligrosa, sin conflicto armado, para el ejercicio periodístico.

El pasado 24 de octubre en un seminario del parlamento europeo diversas ONG´s manifestaron su preocupación al respecto de la grave situación que atraviesan los periodistas en el país.

Dos días después, el 26 de octubre, un tribunal condenó a los 3 asesinos materiales de la periodista Lourdes Maldonado, pero ¿y el autor intelectual? No se tomó como móvil del crimen la actividad periodística y en ningún momento de la audiencia se habló del motivo por el cuál estos hombres habrían asesinado a la periodista, quien, en 2019, durante una de las conferencias matutinas del presidente López Obrador, señaló temer por su vida, tras la batalla legal de 9 años que mantenía con el exgobernador de Baja California y actual senador de la república, Jaime Bonilla.

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Por ley, todos los delitos cometidos en contra de periodistas deben de ser investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos contra La Libertad de prensa y de expresión (FEADLE),

Sin embargo, de acuerdo a la información obtenida a través de una solicitud de Transparencia, tan sólo uno de los homicidios acaecidos en contra de periodistas en el transcurso de este año -el de Heber López de Oaxaca, el 10 de febrero-, fue vinculado al ejercicio del periodismo, el resto de los casos no fueron tomados como delitos en contra de la Libertad de Prensa y de Expresión, siendo investigados por las Fiscalías de los Estados.

De acuerdo con la información obtenida a través del INAI, desde su creación en 2010, la FEADLE ha registrado 96 homicidios contra periodistas y tan sólo en 30 de estos casos fue tomado como móvil del crimen la actividad periodística. Dentro de este universo de muertes, amenazas y agresiones, sólo se han emitido tres sentencias, entre las que resaltan las obtenidas en los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez.

Según el informe 2021 de Artículo 19, en este sexenio se han reportado 644 ataques contra la prensa, es aún más alarmante que la mayor parte de las agresiones reportadas provengan de autoridades, ya que, de 692 casos documentados durante 2020, 343 derivaron de amenazas y agresiones de funcionarios públicos.

El Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos humanos es la instancia federal que tiene la misión de proteger a periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor; según Transparencia, de 2018 a 2022 se ha incrementado el número de beneficiarios de 500 a 1032 periodistas y defensores de Derechos Humanos bajo el resguardo de la figura de este protocolo.

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En doce años -de 2010 a 2022-, se han tramitado 541 solicitudes de medidas de protección por parte de la FEADLE, el Mecanismo de Protección a Periodistas y la Unidad de Protección de los Derechos Humanos de la SEGOB, de las cuales fueron otorgadas 331, mismas que contemplan a 510 beneficiarios; entre  estas medidas resaltan la entrega a nivel federal de 33 botones de pánico, 29 servicios de escoltas, 17 medidas sociales, 12 chalecos antibalas, 10 instalaciones de protección a inmuebles,  5 autos blindados  y 4 reubicaciones  temporales; el resto de medidas se limitan a rondines domiciliarios por parte de policía municipal, contacto directo con autoridades en caso de emergencia y a la entrega de manuales de protección.

Cabe mencionar que, de los 13 periodistas que han sido asesinados durante este 2022, reconocidos por la administración del presidente López Obrador,  solamente Margarito Martínez y Lourdes Maldonado fueron dados de alta ante el mecanismo, limitándose las medidas de salvaguarda en el caso de ésta última, a la entrega de un botón de pánico, el cual no tuvo tiempo de activar al momento de su ejecución el 24 de enero en Tijuana.

Resultando insuficientes y poco eficaces las medidas que se toman en relación con los ataques documentados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Artículo 19.  Incluso, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoció nueve homicidios de 2017 a 2021 de beneficiarios que contaban con algún tipo de medidas otorgadas por el Mecanismo.

¿Qué tanto tienen que ver los recortes presupuestarios con el incremento de 85% en ataques contra la libertad de prensa en el presente sexenio?

Al inicio de la presente administración, los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamaron la atención sobre la insuficiencia de recursos para la atención del Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos, así como de los limitados avances en la erradicación de la impunidad de los crímenes contra periodistas.

Pese a las recomendaciones emitidas a la administración anterior, el actual gobierno federal retiró los fideicomisos para la atención del Mecanismo, así mismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas recibió durante el ejercicio fiscal anterior, un presupuesto 62.8% menor al solicitado, lo cual contrasta con el incremento de 70% que recibió la Guardia Nacional.

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La militarización de México, avanza, mientras la libertad de prensa retrocede.

El caso de Lourdes Maldonado resulta paradigmático al no ir las autoridades más allá de los autores materiales, quedando muchas dudas al respecto sobre ¿quién ordenó su ejecución? ¿para qué? Independientemente de los insuficientes protocolos y medidas de salvaguarda, mientras siga habiendo impunidad en los crímenes contra periodistas no se garantizará el ejercicio de la libre expresión en México.