Guadalupe Lizárraga Lunes, 12 de Febrero del 2024
Maestros denuncian violaciones laborales en las diferentes sedes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez.
La Universidad del Bienestar ha incumplido con la seguridad social de los docentes y administrativos.
Por Guadalupe Lizárraga
Maestros y asistentes académicos de diversas sedes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez han alzado su voz contra presuntas violaciones laborales perpetradas por la dirección general encabezada por Raquel de la Luz Sosa Elízaga, así como por la dirección académica de estas instituciones, desde 2021 hasta la fecha.
Durante la conferencia matutina del 20 de marzo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió la noticia de que ya estaban en funcionamiento 140 sedes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ). En su característico estilo, destacó este logro como un avance significativo de su administración en la provisión de educación superior de calidad para todos los estudiantes, especialmente aquellos ubicados en regiones con altos índices de marginación en el país. El programa educativo se puso en marcha mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2019.
A pesar de estas noticias positivas del presidente, las experiencias de estudiantes y docentes han sido conflictivas en las universidades del Bienestar, llegando incluso a tomar medidas legales para defenderse del fraude institucional, el abuso de autoridad de la directora Sosa Elízaga y de sus violaciones a los derechos laborales de los trabajadores.
Los docentes eran escogidos mediante un proceso de selección basado en su formación y su trayectoria profesional. No obstante, apenas cinco meses después del anuncio del presidente sobre las 140 sedes, en julio de 2021, alrededor de 60 docentes y asistentes académicos fueron despedidos de forma repentina e injustificada, sin recibir ningún aviso previo. Para mayo de 2022, los despidos ascendían a 200 docentes en las sedes de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Estas irregularidades, abanderadas por Sosa Elízaga, se contraponen con lo estipulado en el decreto presidencial por el que se creó el organismo público descentralizado, estipulado en el Artículo 13, y también publicado en el Diario Oficial de la Federación. Fueron expuestas en noviembre de 2022 en una de las conferencias matutinas de López Obrador. Sin embargo, la reacción del presidente fue defender a la directora y solapar los conflictos en la universidad. En el decreto con el que fue creado el organismo público especifica:
"Las relaciones de trabajo entre el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y sus trabajadores, se regirán por el Apartado "A" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Pero los afectados han argumentado en un comunicado público que su ingreso a estas universidades, además del proceso de selección que habían superado por sus estudios de posgrado y experiencia laboral, había incluido múltiples funciones más allá de su perfil profesional asignado. Incluso una de las maestras llegó a denunciar que les pedían que asistieran en tiempo fuera de clase para asear las aulas.
Las denuncias incluían la firma de convenios de prestaciones por servicios educativos que, según los docentes, buscaban negar su condición de trabajadores y, por ende, sus derechos laborales. Entre las denuncias más recientes de los maestros todavía activos, se les ha pedido llevar sus propias computadoras e imprimir los materiales para sus alumnos. Además, se les pide trabajo extra para contribuir en la elaboración de resúmenes de los alumnos que van a poder inscribirse, aunque no sea parte de sus actividades ordinarias de la materia que imparten.
Estos eventos se suman a testimonios de docentes, quienes han relatado haber trabajado como tal sin recibir pagos por meses, solo con la esperanza de obtener una plaza que nunca les cumplieron, o con contratos que no reconocían su condición laboral. Incluso, en los convenios de prestación de servicios se les ha pagado como "becas" para evitar que la institución se vea obligada a pagar las prestaciones laborales.
El engaño de la seguridad social
Los maestros de la Universidad del Bienestar Benito Juárez recibían la oferta de seguridad social para ellos y sus familias como parte de las prestaciones proporcionadas por la institución. Sin embargo, este beneficio requería una renovación semestral.
No obstante, una docente reveló a Los Ángeles Press documentos que demostraban que, durante el año 2023, solo estuvieron registrados en el sistema de seguridad social durante el primer mes de cada semestre, dejándolos sin cobertura durante los siguientes cinco meses. Para el inicio de 2024, aunque se completó el proceso de alta el 3 de enero, la cobertura para el mes de febrero aún no ha llegado, lo que causa preocupación e incertidumbre entre el personal académico.
Una universidad que no otorga títulos ni cédulas profesionales
Los estudiantes activos de estas universidades enfrentan también incertidumbre respecto a la validez de sus estudios. A pesar de esto, algunos continúan su formación motivados por la beca otorgada, mientras que otros han optado por abandonar sus estudios.
En entrevista para Los Ángeles Press, una de las docentes de la que nos reservamos su identidad por obvias razones, señaló que: "A ninguno de los estudiantes les han expedido los títulos ni las cédulas y se han visto obligados a ampararse para que les den los títulos y les expidan las cédulas". Precisó que los amparos los ha perdido la instancia educativa y sin embargo aún así no ha otorgado los documentos oficiales a los alumnos.
Ante la presión mediática, la Universidad del Bienestar llegó a otorgar títulos, pero después se dieron cuenta los alumnos de que no tenían validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública, y pese a que desde 2018 era obligatoria la expedición digital de títulos, tampoco cumplía la institución con este requerimiento.
Abandonados, estudiantes de Medicina
La primera generación de egresados de la carrera de Medicina en la sede Tlalpan, Ciudad de México, de la UBBJ, se encuentra en un limbo burocrático al no haber recibido aún sus títulos profesionales después de un año de espera. La situación se agrava al constatar que las autoridades de la institución ni siquiera responden a sus solicitudes.
Los afectados señalan que, a pesar de sus insistentes gestiones, las autoridades de la universidad han eludido sus responsabilidades. En busca de orientación y apoyo, los egresados han recurrido a los compañeros de la carrera de Derecho en la UBBJ, sede Cuauhtémoc, solicitando información sobre la ruta legal que tomaron en casos similares.
"Nos sentimos abandonados por las autoridades de la universidad. Es desesperante no recibir una respuesta clara y efectiva después de tanto tiempo", expresó uno de los afectados".
El inmueble
En medio de estas controversias, se ha anunciado la donación de un inmueble por parte del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México a la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, que será utilizado para establecer una Escuela de Derecho.
Claudia Sheinbaum, siendo jefa de Gobierno, detalló que en la administración anterior se planeaba construir un edificio que habría implicado la práctica desaparición de la obra arquitectónica de un icónico monumento de la ciudad, mediante una asociación público-privada con un costo estimado de 4 mil millones de pesos.
"Decidimos descartar ese proyecto por completo. En su lugar, cedimos este inmueble a la Universidad para el Bienestar Benito Juárez del gobierno de México, bajo la dirección de la doctora Raquel Sosa", afirmó en su momento al diario La Jornada, y explicó que el proceso era largo porque se requería determinar si el edificio estaba catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Posteriormente, se tenían que realizar estudios de seguridad estructural para evaluar posibles daños y determinar qué áreas requerían demolición y cuáles podían ser reconstruidas.
Pese a que en una conferencia matutina de 2022 se reportó que el proyecto iba muy avanzado, hasta la fecha no se ha construido nada.