Entre la omisión patrimonial y un proceso judicial abierto, Bonilla refuerza su imagen de político con doble vida a ambos lados de la frontera.
Los Ángeles Press
Mexicali / Chula Vista.— El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, reapareció en la política estadounidense al reincorporarse al Partido Republicano en marzo de 2025, según registros electorales de California. En esos documentos figura como Jaime Valdez, con domicilio en una mansión de más de 2 millones de dólares en Chula Vista, California. Mientras tanto, en México evade un proceso judicial en Mexicali por corrupción y desvío de recursos públicos.
De acuerdo con el Registro de Votantes del Condado de San Diego, Bonilla actualizó su estatus como miembro del Partido Republicano el 25 de marzo de 2025. En el documento aparece bajo el nombre de Jaime Valdez, con fecha de nacimiento que coincide con la del exgobernador y con el domicilio registrado en 1145 Mansiones Lane, Chula Vista, California. La reafiliación fue procesada por la oficina electoral local y lo ubica como votante activo en el distrito 80 de California, lo que confirma su participación política plena en Estados Unidos.
La residencia reportada —una mansión de 541 metros cuadrados, con cinco recámaras, seis baños, alberca y jardín— fue adquirida por Bonilla en 1999 por 114 mil dólares y desde entonces no ha cambiado de propietario. Hoy su valor supera los 2.2 millones de dólares (casi 38 millones de pesos). Pese a ello, a lo largo de su carrera política en México, ni como senador ni como gobernador (2019-2021) incluyó esta propiedad en sus declaraciones patrimoniales.
El caso de Bonilla forma parte de un patrón recurrente en la clase política mexicana, donde bienes millonarios en Estados Unidos —propiedades en California, Texas o Florida— suelen quedar fuera de las declaraciones patrimoniales oficiales. Esta práctica les permite disfrutar de residencias de lujo y mantener influencia transfronteriza, al tiempo que en México declaran un patrimonio reducido o incompleto.
Audiencia fallida por el caso Next Energy
En México, Bonilla enfrenta uno de los procesos más delicados de su carrera política. Estaba citado el 17 de septiembre de 2025, a las 09:00 horas, en la sala 6 del Centro de Justicia Río Nuevo, en Mexicali, para la audiencia inicial de formulación de imputación por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy, donde se le acusa de uso ilícito de atribuciones y facultades en un proyecto señalado por carecer de permisos y respaldo legal. Sin embargo, pese a estar notificado, no se presentó. En su lugar acudió únicamente su abogado defensor, quien alegó “razones laborales y personales” para justificar la ausencia. Ante ello, la juez de control Guadalupe Ramos Pacheco le impuso una multa de poco más de 5 mil pesos y reprogramó la audiencia para el 18 de noviembre de 2025.
Durante la audiencia, la jueza dejó en claro que los argumentos presentados por la defensa no constituían una justificación válida para la ausencia del exgobernador. Advirtió además que, si Bonilla vuelve a incumplir la cita judicial, podría ordenarse su comparecencia forzada o incluso la emisión de una orden de aprehensión para obligarlo a presentarse.
El proceso penal que enfrenta deriva de una denuncia del gobierno estatal encabezado por Marina del Pilar Ávila, que acusa a Bonilla, junto con exfuncionarios y particulares, de haber participado en contratos irregulares, pagos ilegales y desvío de recursos a través del fideicomiso creado para la construcción de la planta fotovoltaica Next Energy, uno de los proyectos más cuestionados de su administración.
Denuncias e implicaciones políticas
El político y exdiputado federal Jaime Martínez Veloz ha sido uno de los críticos más constantes de Bonilla. En su libro Jaime Bonilla, El Impostor (2024), documenta las omisiones patrimoniales del exgobernador, en particular la residencia millonaria en Chula Vista que nunca declaró en México. También lo señala como informante del FBI y describe cómo sus redes de influencia se extienden a ambos lados de la frontera, aprovechando su doble nacionalidad y residencia. Además, Martínez Veloz ha vinculado públicamente a Bonilla con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido en Tijuana en 2022, un caso que cimbró al gremio y cuya investigación sigue marcada por la opacidad y la falta de resoluciones judiciales.
Mientras en Estados Unidos Bonilla se presenta como una figura política con residencia registrada en California, en México arrastra un proceso penal por corrupción ligado a uno de los proyectos más controvertidos de su gestión. Su ausencia en la Corte refuerza la percepción de impunidad y evasivas frente a la justicia mexicana, pero con plenos derechos políticos en el sur de California.