La FGR detuvo a Ruffo sin haber informado antes que lo investigaba ni detallar públicamente los actos que le atribuye.
Los Ángeles Press
Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República detuvo este jueves en Ensenada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y lo vinculó con una presunta red de contrabando de combustible, pese a que hasta ahora no se conocía públicamente que estuviera bajo investigación ni se habían divulgado imputaciones concretas en su contra.
La captura se realizó dentro de un operativo en el que fueron detenidas otras cuatro personas y se emitieron órdenes de aprehensión contra 20 más. La fiscal general, Ernestina Godoy, presentó por la noche la versión oficial del caso y calificó la estructura investigada como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.
La afirmación corresponde a la FGR y todavía deberá ser sustentada ante un juez. La institución no difundió la orden de aprehensión, los datos de prueba específicos contra Ruffo Appel ni explicó qué actos le atribuye personalmente dentro de la supuesta organización.
Godoy tampoco mencionó al exgobernador por su nombre. Se refirió a “Ernesto N.” y aseguró que la red comenzó a operar mediante una empresa relacionada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos fundada por él. El Partido Acción Nacional confirmó posteriormente que el detenido era Ruffo Appel y exigió respeto al debido proceso.
De acuerdo con la narración de la Fiscalía, la organización trasladaba combustible desde refinerías de Texas, lo introducía por Tamaulipas mediante trenes cisterna y declaraba únicamente una fracción del volumen importado o lo registraba como otro producto para evadir contribuciones.
La FGR calcula un daño al erario superior a 220 millones de dólares. También sostiene que las ganancias eran dispersadas mediante empresas nacionales y extranjeras y alrededor de 80 cuentas bancarias. Esos datos forman parte de la hipótesis ministerial y no constituyen todavía hechos acreditados mediante una sentencia.
Una de las empresas señaladas es Ingemar, fundada por Ruffo Appel. En julio de 2025, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que esa compañía era investigada después del decomiso de más de 15 millones de litros de combustibles almacenados en vagones cisterna en Coahuila. La autoridad no anunció entonces una investigación personal contra el exgobernador ni informó que existiera una orden judicial en su contra.
La detención llama también la atención por el criterio desigual con el que actúa la Fiscalía frente a otros casos de alto perfil. La institución procedió contra Ruffo Appel sin haber informado previamente que lo investigaba, pero no ha ejercido públicamente una acción equivalente contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pese a la petición de extradición que, de acuerdo con información documentada por este medio, existe en Estados Unidos.
La diferencia obliga a examinar si la actuación de la FGR responde a la solidez de los expedientes o a una aplicación selectiva de la persecución penal. La versión presentada por Godoy deberá confrontarse con la orden judicial, los datos de prueba, la audiencia inicial y la defensa del exgobernador. Hasta entonces, Ruffo Appel conserva la presunción de inocencia y las acusaciones de la Fiscalía siguen siendo una imputación oficial, no una verdad judicial.