Sobrevivientes y familias exigen sanción a los militares responsables y reparación integral por las ejecuciones de El Charco en 1998.
Los Ángeles Press
Ciudad de México.- A 28 años de la masacre de El Charco, sobrevivientes, familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos exigieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita el informe de fondo del caso y lo remita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado mexicano sea obligado a investigar y sancionar a los responsables.
La demanda fue planteada por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organización que representa legalmente a Éricka Zamora Pardo, Efrén Cortés Chávez y a la familia de Ricardo Zavala Tapia, víctimas de los hechos ocurridos el 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
De acuerdo con la organización, durante la madrugada de aquel día fuerzas de élite del Ejército Mexicano irrumpieron en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, donde se encontraban indígenas ñuu savi, estudiantes y miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). El operativo dejó once personas muertas, cinco heridas y veinticinco detenidas, quienes posteriormente denunciaron tortura y la obtención forzada de declaraciones.
La organización sostuvo que, casi tres décadas después, ningún militar o funcionario ha sido sancionado por los hechos y que el caso permanece impune. Señaló además que la masacre de El Charco es la única matanza ocurrida en la segunda mitad del siglo XX en México que no derivó en un juicio, una fiscalía especial o algún mecanismo de justicia transicional.
Durante un conversatorio realizado con motivo del aniversario, Éricka Zamora Pardo, sobreviviente de la masacre, ex presa política y defensora de derechos humanos, reivindicó públicamente su militancia en el ERPI y afirmó que ese hecho no puede utilizarse para justificar las ejecuciones extrajudiciales ocurridas aquella madrugada. Recordó que entre las víctimas había indígenas desarmados y estudiantes que, según su testimonio, ya se encontraban sometidos cuando fueron asesinados.
La petición ante la CIDH fue presentada el 16 de julio de 2012 y quedó registrada con el número P-1315-12. En diciembre de 2018, la Comisión declaró admisible el caso al considerar que la falta de investigación y sanción podría constituir violaciones a derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Actualmente el expediente se encuentra en etapa de fondo.
Los representantes de las víctimas solicitaron que, una vez concluido el análisis, la CIDH remita el asunto a la Corte Interamericana para obtener una sentencia que obligue al Estado mexicano a investigar los hechos, sancionar a los responsables y garantizar medidas de no repetición.
Entre las exigencias planteadas se encuentra la identificación y eventual procesamiento de los generales Juan Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto López Portillo Leal, así como de los mandos militares que participaron en el operativo. También demandan el reconocimiento público de responsabilidad por parte del Estado mexicano, reparaciones integrales para las víctimas y la desmilitarización de comunidades indígenas de Guerrero.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad informó que el próximo 7 de junio acompañará a sobrevivientes y familiares en las actividades conmemorativas por el 28 aniversario de la masacre en la comunidad de El Charco, junto con el obispo emérito José Raúl Vera López, presidente de la organización.