La familia de Hernández Cardona exige responsabilidad del Estado mexicano por un crimen político que sigue sin castigo.
Los Ángeles Press
Ciudad de México.–La familia de Arturo Hernández Cardona denunció que el Estado mexicano mantiene impune su desaparición forzada y ejecución extrajudicial, ocurridas en 2013 en Iguala, Guerrero. A 13 años del crimen, el caso se encuentra listo para análisis de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que México no presentó observaciones dentro del plazo otorgado.
El expediente 14.873 quedó en condiciones procesales para que la CIDH analice si el Estado mexicano incurrió en responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de Hernández Cardona y de sus familiares. La notificación fue realizada en 2024 a la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., representante legal de la familia ante el Sistema Interamericano.
Hernández Cardona, dirigente de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata y de la Unidad Popular, fue desaparecido el 30 de mayo de 2013, después de encabezar una protesta social en Iguala. Su cuerpo fue localizado el 3 de junio del mismo año con signos de tortura. Desde entonces, su esposa Carolina Mena Marchán y sus hijas María Soledad, Reina y Carolina Hernández Mena han exigido justicia sin obtener una respuesta efectiva del Estado mexicano.
Por la autoría intelectual del crimen y su ejecución ha sido señalado por testigos el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Aunque se encuentra privado de la libertad, Abarca continúa impugnando su situación jurídica.
La etapa de fondo ante la CIDH abre la posibilidad de que el organismo emita un informe sobre la responsabilidad internacional de México. Ese informe podría establecer violaciones a derechos humanos, así como obligaciones para investigar con debida diligencia, sancionar a todos los responsables, reparar integralmente a la familia y adoptar medidas de no repetición.
La familia de Hernández Cardona y la Red Solidaria también exigieron el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la CIDH a favor de familiares y testigos, quienes, según la denuncia, continúan siendo objeto de hostigamiento.
Arturo Hernández Cardona fue un dirigente social de Guerrero con una trayectoria vinculada a la defensa de campesinos y comunidades vulnerables frente al poder municipal. También fue exdirigente del PRD en la entidad y participó en exigencias de justicia por las masacres de Aguas Blancas y El Charco.
Junto con otros activistas sociales, entre ellos Bertoldo Martínez Cruz, Hernández Cardona demandó la entrega del cuerpo del comandante Ramiro, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, para sus honores fúnebres. Para sus familiares y representantes, su ejecución fue una represalia por su activismo y constituye un crimen de Estado que continúa sin castigo.
A 13 años de los hechos, la exigencia principal de la familia es que el Estado mexicano reconozca públicamente su responsabilidad en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Hernández Cardona, además de garantizar justicia, reparación integral y protección para familiares y testigos.
