La denuncia de los adultos mayores pide la intervención del gobierno de Puebla ante condiciones que afectan gravemente su salud y ponen en riesgo su vida bajo custodia estatal.
Los Ángeles Press
Personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario para Personas Adultas Mayores de Puebla denunciaron un esquema de extorsión dentro del penal, operado desde la dirección del centro mediante la restricción del ingreso de comida familiar y la instalación de una tienda interna donde los obligan a comprar los alimentos. La denuncia sostiene que una torta o un refresco se venden hasta en 100 pesos, unos 6 dólares.
La denuncia de estas acciones que consideran violatorias de derechos humanos fueron expuestas a través de una carta manuscrita dirigida al gobernador del estado, Alejandro Armenta. Además de los cobros obligatorios, en la denuncia se destaca la falta de atención médica, ausencia de medicamentos y malos tratos y denigrantes.
La directora del centro penitenciario es Leticia Villaraldo López, licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Penales por la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP), a quien se le responsabiliza de malos tratos a los internos, por lo que piden su destitución. Los firmantes afirman que en el penal, creado en 2023, permanecen adultos mayores con enfermedades crónicas y degenerativas, varios de ellos sin familia o en situación de abandono, que no están recibiendo atención médica suficiente.
El Centro Penitenciario para Personas Adultas Mayores (CEPEAM) ha sido presentado por autoridades poblanas como ejemplo de humanismo, un espacio especializado para población penitenciaria de edad avanzada. En 2025, el gobierno estatal informó que 104 hombres recluidos en ese centro participaron en talleres coordinados por la Secretaría de Seguridad Pública y la BUAP, como parte de las acciones de reinserción social.
Sin embargo, la queja manuscrita expone una situación muy distinta. Los internos sostienen que “no tienen doctor” y “no tienen medicamentos”, además de señalar que la alimentación y los productos básicos se han convertido en una forma de presión económica para ellos y para sus familias.
En la carta enviada a Los Ángeles Press se denuncia que la directora no permite que las familias ingresen comida y que dentro del penal opera una tienda donde una torta o un refresco se vende hasta en 100 pesos (6 dólares).
Los denunciantes también mencionan a un interno identificado como Francisco Machorro, a quien señalan como parte de esa dinámica de cobros obligatorios y malos tratos. Según la carta, esta persona “humilla” a los adultos mayores privados de la libertad.
La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que las personas privadas de la libertad tienen derecho a recibir trato digno, asistencia médica preventiva y de tratamiento, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, agua salubre y la posibilidad de presentar quejas por escrito o por cualquier medio en casos urgentes.
La misma ley dispone que la salud es un derecho humano dentro del sistema penitenciario, obliga a otorgar tratamiento para enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, así como a suministrar medicamentos y terapias básicas.
La denuncia ocurre en un contexto en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha advertido sobre la vulnerabilidad de las personas mayores en reclusión. En febrero de 2026, la CNDH llamó a garantizarles atención especializada, condiciones dignas de estancia, diagnóstico médico integral, infraestructura accesible y protocolos para padecimientos crónico-degenerativos.
Transcripción de la carta:
"Sr. Gobernador, le pedimos que intervenga y le pedimos la destitución de estas personas:
Directora: Leticia Villaraldo López
Sr. Miguel GarcíaSr. María Elena Zontuno RomeroSr. Sergio HernándezSolicitamos la destitución de estos directivos de esta institución donde se encuentran puros internos de la tercera edad, todos estos con enfermedades crónicas y degenerativas.
Esta directora no deja a nuestras familias que nos pase comida porque ella puso una tienda en donde nos vende todo muy caro. Una torta nos la da en $100.00 pesos, una coca nos cuesta $100 pesos y así todo lo que vende lo da muy caro.
La tienda la puso en sociedad de un interno que se llama Francisco Machorro y esta persona nos humilla a todos los viejitos.
Sr. gobernador, tome cartas al asunto. Es más, no nada más medicamento quieren que les compremos. Nosotros somos adultos, tenemos muchos años privados de la libertad.
Ya no contamos con recursos, la mayoría ya nos abandonaron nuestras familias. Esta directora nos tiene amenazados y nos trata mal. Muchos de nosotros ya no tenemos familia, estamos abandonados.
Sr. gobernador, le pedimos la destitución. Queremos un buen trato. Todo lo que llega aquí para que nos den la comida lo pasan a la tienda. La tortilla la pasa a la tienda para que nos venda chalupas muy caras. Nos la da.
Sr. gobernador, queremos que se investigue a la directora de todos los muertos, porque todo esto es por negligencia médica. No los atienden. No tenemos doctor, no tenemos medicamento. Y los abuelitos que nos queremos salir porque nos va a trasladar a otro Cereso, y allí nos va a ir muy mal.
Sr. gobernador, le pedimos nos ayude y si no tenemos respuesta vamos a hablar y escribir a la Presidencia de la República Mexicana."