Los 12 arrestados serían miembros de los Caballeros Templarios. Sheinbaum, Harfuch y Trevilla insistieron en su interés en proteger a los aguacateros.
Sheinbaum insistió en que Estados Unidos no ha presentado pruebas adicionales para respaldar la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya.
Los Ángeles Press
La actividad de este martes 11 de agosto en Palacio Nacional quiso validar la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum al fulminante bloqueo del ingreso de aguacate mexicano al mercado de Estados Unidos.
Aunque la titular de la Presidencia insistió repetidamente en que el diálogo es constante entre su gobierno y el de Donald Trump, es difícil imaginar que Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, haya avisado al gobierno de Sheinbaum de lo que se venía en materia de exportaciones de aguacate mexicano.
Lo que es claro, en cambio, es que tan pronto como Trump actuó, Sheinbaum reaccionó. Hoy mismo, un poco antes de que iniciara la actividad en Palacio Nacional, la secretaría de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, distribuía fotografías y boletines sobre el arresto de doce personas vinculadas, según se dice en los boletines a lo que fue la Familia Michoacana y luego se convirtió en los Caballeros Templarios.
Esas organizaciones empezaron a sembrar el terror en los estados de Michoacán, Jalisco, Guerrero y el sur del de México en la última década del siglo XX y, si se cree en lo dicho por el gobierno federal en ese boletín, de alguna manera lograron seguir como figuras clave en las redes de extorsión que golpean a los productores de aguacate.
Según dijo Sheinbaum, la súbita reacción de su gobierno permitirá que se restablezca a la brevedad posible el envío de aguacates al mercado de Estados Unidos. Y no es para menos, pues apenas se supo del castigo al aguacate mexicano, los productores de otros países, notablemente Perú y Chile, se aprestaban a sustituirlos.
En todo caso, Sheinbaum explicó la situación actual como una decisión del gobierno de Estados Unidos que no tendrá efectos de largo plazo, pues según ella, ya se restableció el envío desde 45 plantas empacadoras, aunque hay otras que todavía no pueden hacerlo.
Refirió la mandataria que aunque “son temas distintos, van en paralelo”. Abundó al decir que “el tema comercial se trabaja con las instituciones de comercio del gobierno de los Estados Unidos y el de seguridad con el Departamento de Estado y las instituciones de seguridad del gobierno de Estados Unidos”. No es claro qué tanto será posible evitar nuevos episodios como el vivido este fin de semana.
En cambio, lo que sí fue claro es la reacción inmediata del gobierno mexicano. Queda pendiente definir si efectivamente los culpables de la violencia en las zonas aguacateras del poniente de México son sobrevivientes de los así llamados Caballeros Templarios o si simplemente se ejecutaron contra ellos órdenes de arresto que dormían en algún cajón desde principios de este siglo, para cubrir el expediente en esta ocasión.
Donde no hay una respuesta similar, en cambio, es en el caso de Rubén Rocha Moya. En ese asunto, a pregunta expresa, Sheinbaum regresó a la idea de que el gobierno de Estados Unidos no ha aportado más pruebas que respalden el pedido de extradición del todavía “gobernador con licencia” de Sinaloa. Y si es así, habría que preguntarse entonces, si no hay pruebas, por qué no regresa a gobernar el estado.
Sheinbaum insistió en que la licencia solicitada por Rocha Moya a principios de mayo se pidió sin un plazo fijo. El asunto es que cualquier decisión que se tome en el Congreso del Estado de Sinaloa sobre el futuro del “gobernador con licencia” tendrá una lectura política en la embajada de Estados Unidos que seguramente se traducirá en alguna reacción de parte de Donald Trump.
Qué tan lejos pueda ir esa reacción es difícil de evaluar en este momento. Lo que es un hecho es que, aunque en teoría Rocha Moya podría regresar a ocupar el cargo, una decisión así facilitaría que Trump insistiera en sus críticas hacia el gobierno de México por su indisposición a actuar contra el crimen organizado y más aún cuando se está tan cerca del inicio de las campañas para las elecciones legislativas intermedias en Estados Unidos.
Paradójicamente, el hecho de que México haya reaccionado con el arresto de doce integrantes de los Caballeros Templarios lejos de hablar de un país donde se actúa de manera rutinaria contra ese tipo de organizaciones criminales, sólo demuestra que para que algo se mueva en México cuando se trata de grupos como ése, se necesita de algo más, algo que el gobierno de México parece no ser capaz de generar por sí mismo.
Es más difícil cambiar esa percepción porque hoy mismo, en Palacio Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de la Defensa Nacional, dejó ver cómo el asunto del aguacate fue un factor determinante para movilizar los muchos efectivos que esa dependencia tiene desplegados en Michoacán, uno podría suponer que de manera casi permanente.
Trevilla se dijo preocupado, ahora sí, por ofrecer protección y seguridad a los productores de aguacate que, en los hechos, llevan años hablando de la ineficacia de los muchos operativos militares y policiacos.
Y no es sólo Michoacán. Basta ver cómo había órdenes de arresto contra Ismael Zambada desde, por lo menos, finales de los noventa, y a pesar de los muchos cambios de gobierno en México, ni los priístas, ni los panistas ni los morenistas quisieron actuar contra el líder del Cartel de Sinaloa.
Fue el gobierno de Estados Unidos, en ese entonces con Joe Biden a la cabeza, el que tomó la decisión de hacerlo. En el caso de los doce integrantes de los Caballeros Templarios es muy probable que, sin el golpe a los productores de aguacate, ellos siguieran todavía libres.
En lo que hace a las cifras de la violencia, una vez más, el equipo de Sheinbaum insistió en que se ha reducido la incidencia de crímenes, aunque también, una vez más, las comparaciones se limitan a lo que ocurría con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, en algunos casos, a aquellos periodos del gobierno de Enrique Peña Nieto que permiten a Sheinbaum presentar su gestión como exitosa.
Las comparaciones no consideran la totalidad de los datos disponibles porque, en esos casos, ese argumento no se sustenta, ni siquiera cuando se compara la gestión de Sheinbaum con la de Felipe Calderón.
Otros asuntos
En otros asuntos, hacia el final de la actividad Sheinbaum defendió una vez más su propuesta de crear mecanismos para garantizar el “derecho de las audiencias”. Según ella, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión está dispuesta a aceptar su propuesta.
Acaso la razón para aceptar es la misma por la que la misma cámara, en su momento, cuando la guerra de Felipe Calderón se recrudecía y el michoacano resentía la cobertura dada a “tanto muerto” optó por “bajar el volumen” de su cobertura. Los medios que dependen de una concesión que puede perderse según el capricho de quien la concede no van a correr el riesgo de perderla.
Sheinbaum también se refirió brevemente a la disposición de su gobierno a enviar ayuda en la forma de personal médico, de rescate y militar a Colombia, luego del terremoto que devastó áreas de Cali y otras ciudades de la costa del Pacífico de ese país recientemente. Según se dijo, la ayuda será similar a la que, en su momento, se envió a Venezuela.
Sheinbaum y su equipo también estimaron que se ha reducido de manera notable el ingreso del llamado “huachicol fiscal”, es decir, el combustible que ingresa de contrabando desde Estados Unidos.
También se reconoció que hay un déficit de reclusorios en México. En los últimos días, Los Ángeles Press ha informado de esos problemas en algunas de esas instalaciones, como se puede ver en el texto enlazado después de este párrafo.
Sheinbaum misma reconoció que faltan penitenciarías y fijó el número mínimo necesario en seis, aunque también reconoció que, por el momento, no hay recursos para iniciar la construcción.
