De los 15 paramédicos palestinos, uno sobrevivió, del ataque más mortal a personal humanitario que goza de protección especial en zonas de conflicto.
Por Melanie Lidman
Jerusalén (AP) — Una investigación del ejército israelí sobre la muerte de 15 paramédicos palestinos el mes pasado en Gaza concluyó este domingo que se produjeron “fallos profesionales en cadena” durante la operación, y anunció el despido de un subcomandante implicado.
El incidente provocó condenas internacionales, y algunos países lo calificaron como posible crimen de guerra. Según el derecho internacional humanitario, el personal médico goza de protección especial en zonas de conflicto. La Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja señalaron que se trata del ataque más mortal contra su personal en los últimos ocho años.
Inicialmente, el ejército israelí afirmó que los vehículos médicos no llevaban señales de emergencia activadas al momento del ataque. Sin embargo, esa versión fue desmentida por un video recuperado del celular de uno de los fallecidos, que muestra ambulancias con luces encendidas y logotipos visibles mientras acudían en ayuda de otra unidad previamente atacada.
La investigación militar concluyó que el subcomandante del batallón actuó bajo la suposición errónea de que todas las ambulancias pertenecían a militantes de Hamás. Según el informe, el oficial, operando con “poca visibilidad nocturna”, creyó que sus tropas estaban en peligro cuando los vehículos médicos se acercaron rápidamente a su posición y el personal sanitario descendió para asistir a las víctimas.
El ejército argumentó que las luces intermitentes de las ambulancias eran menos visibles a través de los drones y visores nocturnos. Como resultado, las ambulancias fueron inmediatamente atacadas con una ráfaga de disparos que se prolongó por más de cinco minutos, con breves pausas. Minutos después, los soldados también abrieron fuego contra un vehículo de la ONU que se detuvo en la zona.
Tras el ataque, los cuerpos de las víctimas y sus vehículos destrozados fueron enterrados por las tropas en una fosa común. Según el ejército israelí, lo hicieron para evitar que los cadáveres fueran profanados por perros o coyotes, y que los vehículos fueron removidos para permitir evacuaciones civiles más tarde ese mismo día. Los equipos de rescate de la ONU y de la Media Luna Roja no pudieron llegar al sitio sino una semana después.
El general de división Yoav Har-Even, encargado de supervisar las investigaciones militares, aseguró que Israel informó a organizaciones internacionales ese mismo día y colaboró en la recuperación de los cuerpos. También afirmó que la decisión de aplastar las ambulancias fue errónea, aunque negó que hubiera una intención de encubrir el tiroteo.
La Media Luna Roja Palestina, por su parte, denunció que los médicos fueron “atacados a quemarropa”. Imágenes nocturnas proporcionadas por el ejército muestran a los soldados a tan solo 20 o 30 metros de distancia de las ambulancias. Según Har-Even, fue el subcomandante quien abrió fuego primero, provocando que el resto del pelotón también disparara. La investigación concluyó que los paramédicos murieron por un “malentendido operativo” y que el ataque al vehículo de la ONU fue una violación de las órdenes.
El informe también señala que seis de los fallecidos eran presuntos militantes de Hamás —sin revelar sus identidades— y que tres paramédicos fueron identificados erróneamente como miembros del grupo. La Defensa Civil, donde trabajaban algunos de los muertos, forma parte de la administración controlada por Hamás en Gaza.
No se hallaron armas en los vehículos ni entre el personal médico. Uno de los sobrevivientes fue detenido y permanece bajo custodia. Según el ejército, inicialmente los soldados creyeron que el detenido se había identificado como miembro de Hamás, lo cual fue posteriormente desmentido.
La ONU exige rendición de cuentas
El general Yoav Har-Even afirmó que el subcomandante fue destituido por entregar un informe “no completamente preciso” a los investigadores sobre el ataque al vehículo de la ONU.
La declaración final sobre los hallazgos concluye señalando que el ejército israelí “lamenta el daño causado a civiles no involucrados”.
“Sin rendición de cuentas, corremos el riesgo de seguir presenciando atrocidades y de que las normas diseñadas para protegernos a todos se erosionen. Demasiados civiles, incluidos trabajadores humanitarios, han muerto en Gaza. No todas sus historias han llegado a los titulares”, expresó Jonathan Whittall, jefe interino de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en Gaza, en respuesta a los hallazgos.
Por el momento, no hubo reacción pública por parte de la Media Luna Roja Palestina ni de la Defensa Civil.
Los resultados de la investigación fueron entregados al Fiscal General Militar, quien decidirá si se presentan cargos civiles. Este organismo se considera independiente y está supervisado por el Fiscal General del Estado y la Corte Suprema de Israel.
Actualmente no hay investigaciones externas en curso sobre las muertes.
Según la ONU, los bombardeos israelíes han matado a más de 150 socorristas de la Media Luna Roja y la Defensa Civil —la mayoría mientras estaban de servicio—, así como a más de 1.000 trabajadores sanitarios desde el inicio de la guerra. El ejército israelí rara vez investiga este tipo de incidentes.
Israel ha acusado a Hamás de mover y ocultar combatientes dentro de ambulancias, vehículos de emergencia, hospitales y otras infraestructuras civiles, argumentando que eso justifica los ataques. El personal médico, en su mayoría, niega esas acusaciones.
Israel rechaza acusaciones de crímenes de guerra del TPI
Tanto grupos palestinos como organizaciones internacionales de derechos humanos han acusado repetidamente al ejército israelí de no investigar adecuadamente o de encubrir conductas indebidas de sus tropas.
El general Yoav Har-Even informó que actualmente el ejército israelí investiga 421 incidentes ocurridos en Gaza durante la guerra, de los cuales 51 ya han sido concluidos y remitidos al Fiscal General Militar. No se proporcionó información inmediata sobre cuántas de esas investigaciones están relacionadas con muertes presuntamente ilegítimas ni cuántas han derivado en cargos penales.
El Tribunal Penal Internacional (TPI), creado como tribunal de última instancia por la comunidad internacional, ha acusado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al exministro de Defensa Yoav Gallant de crímenes de guerra. Israel, que no es miembro del TPI, sostiene desde hace tiempo que su sistema judicial es capaz de investigar a su propio ejército. Netanyahu ha calificado las acciones del tribunal como antisemitas.
La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando militantes liderados por Hamás atacaron el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas —en su mayoría civiles— y secuestrando a 251. La mayoría de los rehenes han sido liberados en acuerdos de alto el fuego u otras negociaciones. Actualmente, Hamás retiene a 59 rehenes, de los cuales se cree que 24 siguen con vida.
Desde entonces, la ofensiva israelí ha causado la muerte de más de 51.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes.
La frustración crece en ambos lados del conflicto: en Gaza se han registrado inusuales protestas públicas contra Hamás, mientras que en Israel continúan las manifestaciones semanales que exigen al gobierno llegar a un acuerdo para liberar a todos los rehenes.