Con Luisa María Alcalde, Sheinbaum defendió una vez más su idea de la defensa de los “derechos de la audiencia”.
El problema, sigue siendo, si Sheinbaum y su equipo buscan imponer una noción única de la verdad asentada en los boletines de prensa.
Los Ángeles Press
La actividad de este martes 4 de agosto la dedicó el gobierno de Claudia Sheinbaum a impulsar su proyecto de reforma que busca definir "qué es la verdad" y cómo se define en el país que gobierna desde hace casi dos años ya.
Sheinbaum, acompañada una vez más de Luisa María Alcalde, su consejera jurídica, vocera oficiosa y principal promotora de la reforma que dice estar preocupada por la “defensa de los derechos de la audiencia”, habló durante casi noventa minutos de la reforma y, en ese contexto, se dio tiempo para minimizar los problemas de Marina del Pilar Ávila y Alfonso Durazo, los gobernadores de Baja California y Sonora a quienes se les ha revocado las visas para ingresar a los Estados Unidos.
Lejos de reconocer la gravedad del hecho, empeorado por el manejo que la gobernadora ha dado al asunto desde el Palacio de Gobierno en Mexicali, Sheinbaum se rio durante la actividad de este martes de la reportera que le preguntaba sobre el asunto, como se puede escuchar a la titular del Ejecutivo en el vídeo que aparece enlazado después de este párrafo.
El razonamiento de Sheinbaum es que se trata de un asunto privado. Esa interpretación de un hecho objetivo —la cancelación de la visa de Marina del Pilar Ávila— muestra el riesgo de que el gobierno federal intente retroceder en el tiempo y fuerce, en nombre de la “defensa de los derechos de las audiencias”, la regulación de los contenidos difundidos por los medios en México, en especial los que operan mediante frecuencias concesionadas de radio, tanto AM como FM, y televisión.
El hecho objetivo, reconocido por la propia gobernadora, es que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a ella y a algunos integrantes de su entorno. Después comenzó a colaborar con agencias estadounidenses en una investigación sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. Como no existe un “derecho a la visa”, tampoco hay una vía para exigir al gobierno estadounidense que haga públicas las razones de esa decisión.
Pero sí hay obligaciones que los gobiernos de Baja California y federal deberían cumplir cuando una funcionaria pública y algunos de sus familiares son objeto de una decisión que Estados Unidos no aplica de manera indiscriminada. Es evidente que la cancelación de visas no alcanzó a todos los mexicanos que contaban con ese documento.
La gobernadora de Baja California ha hecho todo lo posible por incumplir con esas obligaciones. Lejos de informar, por ejemplo, de los vuelos y de los encuentros que sostiene a ambos lados de la frontera, muchas de sus actividades en horarios laborales se mantienen bajo estricto secreto e incluso protagoniza ahora una confrontación con su predecesor en el cargo, Jaime Bonilla, por la manera en que no sólo oculta información de sus actividades, sino por el efecto que esa conducta tiene en la relación entre México y Estados Unidos.
Marina del Pilar Ávila no informa ni esclarece por qué le cancelaron la visa. Ante ese silencio, ¿los medios deben limitarse a reproducir el boletín que eventualmente emita desde Mexicali? ¿Deben aceptar las risas de Sheinbaum como explicación oficial y tratar como un asunto menor una decisión que alcanzó a la gobernadora y a integrantes de su entorno, a quienes el gobierno estadounidense ha relacionado con el crimen organizado? ¿O deben investigar aquello que los gobiernos de Marina y Claudia prefieren mantener fuera de la discusión pública?
Aunque Sheinbaum aseguró que en sus actividades en Palacio Nacional existe “derecho de réplica”, la realidad es otra. Su reacción de este martes lo demuestra. En lugar de explicar qué ocurre, retrocedió 15 años en el calendario y volvió a preguntar qué hizo o dejó de hacer Felipe Calderón respecto de Genaro García Luna.
Como solía hacer Andrés Manuel López Obrador cada vez que encontraba la oportunidad, Sheinbaum se presentó, con el respaldo de los medios afines, como víctima de una vasta conspiración. Esa narrativa parecería justificar que ella y Alcalde busquen imponer una interpretación única de la realidad, por ahora limitada a los medios concesionados: las bandas de AM y FM en radio, y de UHF y VHF en televisión. Aunque las normas fueron matizadas y suavizadas desde el atril del Salón Tesorería, todavía dejan al descubierto las contradicciones del actual gobierno.
El objetivo es imponer, en nombre de “la defensa de los derechos de las audiencias”, un modelo en el que solo sea válido como verdad aquello que gobiernos como el de Marina del Pilar Ávila decidan comunicar oficialmente.
En la lógica de Alcalde, cualquier argumento que se aparte de esa versión deberá presentarse como una simple opinión, dejando al gobierno y a sus voceros la facultad de definir qué puede reconocerse como verdadero.
Aunque Sheinbaum y Alcalde insistieron en que las únicas causales de sanción serían las tres detalladas en la diapositiva que aparece después de este párrafo, es inevitable preguntarse qué impediría a la mayoría automática del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de la Unión ampliar ese catálogo.
¿Qué impediría que, una vez legitimado este modelo, se ampliara hasta borrar la diferencia entre los medios concesionados, como la radio y la televisión abiertas, y los no concesionados, como la prensa escrita y las redes sociales?
¿Qué evitaría que el Congreso, con la mayoría automática de Morena, incorporara nuevas causales de sanción bajo el argumento de “defender los derechos de las audiencias”?
¿Con qué garantías contaría un medio que obtuviera información sobre los vuelos, reuniones o movimientos de Marina del Pilar Ávila o Alfonso Durazo? ¿Tendría que esperar a que los gobiernos de Mexicali y Hermosillo difundieran primero su versión sobre los supuestos “problemas personales” de ambos gobernadores con sus visas?
¿Se busca regular la información o impedir que se publique?
En otros asuntos, Sheinbaum se refirió brevemente a la sanción que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (contenido en inglés) busca que los juzgados de ese país fijen cuando se concluya la sentencia de Ismael Zambada.
Según ella, no es cierto que el gobierno de Estados Unidos haya identificado los fondos que exige a Zambada. No tienen identificados los 15 mil millones de dólares. Y es cierto, es un cálculo hecho por el Departamento de Justicia y propuesto al juez de la causa, Brian Coogan, que será quien decida eventualmente.
Sheinbaum insistió en la idea de que pedirá parte de esos fondos pero no hubo mayor precisión sobre cómo lo haría.
Finalmente, Sheinbaum respondió, con marcada molestia, una pregunta sobre los así llamados “actos anticipados de campaña” en los que se han visto involucrados distintos líderes de su partido en fechas recientes en diferentes estados de la República.
Según Sheinbaum, debe ser el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal quienes fijen las sanciones “así de sencillo. Nosotros siempre vamos a cumplir con la ley, y si hay alguien que pide a la Fiscalía que se investigue al gabinete de seguridad, cuando hay un tema, se investiga”.