Trump endurece presión sobre México para actuar contra narcopolíticos y evitar una escalada de violencia entre los cárteles del narcotráfico.
Por José Luis Camacho Acevedo
Después de que Moody’s bajó el nivel crediticio de Culiacán y del estado de Sinaloa, la administración de Donald Trump debe estar reconsiderando sus prioridades en lo que se puede llamar la madre de todas las batallas contra las organizaciones criminales, ya calificadas por su gobierno como terroristas.
El propósito del mandatario norteamericano definitivamente no es destruir la economía de México, su principal socio comercial, con el que tiene 3 mil kilómetros de frontera.
Si el combate de Trump contra el tráfico de fentanilo prosigue presionando a nuestro país para que realice operativos como el que causó la muerte de un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, acción realizada por Omar García Harfuch —quien es el funcionario del gabinete de la presidente Claudia Sheinbaum más confiable para los equipos de seguridad de Estados Unidos—, ello ha causado ya barruntos de una nueva guerra entre cárteles, como la que libran desde hace meses “los chapitos” y “los mayitos” en el estado de Sinaloa.
Por ello, el mensaje de Trump, en el sentido de que, si México no demuestra mayor eficiencia en la captura y posterior extradición de los llamados narcopolíticos, sus equipos vendrán por ellos, definitivamente no debe tomarse como una más de las balandronadas que acostumbra lanzar el mandatario del cabello color naranja.
El puntilloso periodista Martín Márquez publicó en su leído portal Al Minuto lo siguiente:
“Además del caso de Sinaloa, reportes periodísticos y listas elaboradas por analistas y organizaciones han mencionado a otros mandatarios de Morena que han enfrentado acusaciones o sospechas públicas: Américo Villarreal (Tamaulipas) ha sido incluido en listados de presuntos ‘narcopolíticos’ y vinculado mediáticamente a personajes ligados al crimen organizado, lo que ha sido negado por el propio gobernador. Marina del Pilar Ávila (Baja California): su nombre ha aparecido en reportes sobre posibles sanciones o restricciones de Estados Unidos a políticos mexicanos investigados por presuntos nexos con el narco. Alfonso Durazo (Sonora): ha sido mencionado en análisis políticos y reportes periodísticos dentro de listas de funcionarios bajo observación por temas de seguridad y crimen organizado, sin que existan acusaciones formales en su contra”.
Ayer corrió la versión de que es inminente la solicitud de licencia al cargo de gobernadora de Baja California de Marina del Pilar Ávila.
Pero la lista de Washington incluye a funcionarios como Mario Delgado, Andrés Manuel López Beltrán y empresarios ligados a López Obrador.
Sin duda, al gobierno de México le esperan días difíciles.
Alfonso Sánchez, de Tlaxcala, apoya a Ariadna Montiel
Después de que la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel, se pronunciara en su discurso inaugural en el sentido de que Morena buscará que su selección de candidatos a cargos de elección popular tenga un perfil de eficiencia y honestidad, el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez, respaldó a su líder declarando que en su entidad hay políticos que no cumplen con ese requisito, aunque aclaró que en Tlaxcala, dentro de la militancia de Morena, existen muchos perfiles que sí cumplen con las características reclamadas por la lideresa nacional.
El alcalde de Tlaxcala ha sido el primer funcionario en declarar que es un acierto la postura de la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel, en el sentido de que su partido postulará, para cualquier cargo de elección popular, solo a perfiles de honestidad y eficiencia.
Asimismo, informes señalan que autoridades estadounidenses tendrían expedientes abiertos contra varios gobernadores y actores políticos mexicanos, lo que sugiere que el caso de Sinaloa no sería aislado.
Contexto de violencia e influencia criminal
De acuerdo con investigaciones periodísticas, las acusaciones no se limitan a funcionarios específicos, sino que forman parte de un contexto más amplio en el que el crimen organizado habría influido en procesos electorales en estados como Michoacán, Guerrero, Colima y Tamaulipas.
Analistas advierten que estas denuncias, aunque en muchos casos no han prosperado en tribunales mexicanos, reflejan una preocupación persistente sobre la infiltración del narcotráfico en la política local.
Sin duda, esperan días difíciles al gobierno mexicano por la responsabilidad de algunos de sus más relevantes actores.
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