Rodolfo Soriano-Núñez Domingo, 21 de Mayo del 2023
La antigua mayoría católica en Chile erosionada por los escándalos de abuso sexual.
El abuso sexual en el catolicismo ha impactado mayormente a jóvenes.
Religión y vida pública
Por Rodolfo Soriano-Núñez
A finales de abril, se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Centenario 2022 de la Universidad Católica de Chile. Entre los más notables es que apenas un 36 por ciento de los jóvenes de 18 a 34 años de edad se reconocen a sí mismos como católicos, cinco puntos porcentuales menos que los que se declaran sin religión en esa misma encuesta.
La Encuesta Centenario es uno de los ejercicios más completos y profesionales en materia de opinión pública en Chile, y documenta -entre otros aspectos- la afiliación religiosa. Los datos de la serie, que se levanta desde 2006, se pueden consultar en esta página Web, que la Universidad Católica le dedica a difundirla.
Esa cifra de 36 por ciento de jóvenes de 18 a 34 años que se declaran católicos, es la menor de la historia de Chile y es menor ya a la de quienes se dicen ajenos a la práctica religiosa de cualquier tipo, católica o protestante, que es de 41 por ciento.
La erosión de lo que fue la mayoría católica en Chile es un proceso que lleva muchos años en marcha. Ya en 1998, sólo el 72 por ciento de los chilenos se reconocían como católicos, como se puede ver en la gráfica que se presenta a continuación, que incluye datos de los censos chilenos y, para los últimos años, de la serie de la ya citada Encuesta Centenario de la Universidad Católica de Chile.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos censales de Chile y, desde 2007, de la serie Encuesta Bicentenario.
Ese proceso de descatolización se aceleró de manera notable cuando, a partir de 2003, se empezaron a conocer los detalles aterradores de los abusos perpetrados por Fernando Karadima, el "todopoderoso", por lo menos hasta mediados de esa década, párroco del Sagrado Corazón de Jesús y líder de la Pía Unión Sacerdotal.
Esa parroquia es importante en la geografía urbana de Santiago de Chile, porque ocupa el corazón de una de las zonas más prósperas de esa capital. La parroquia fue concebida por quienes la diseñaron como una suerte de monumento, un relicario de proporciones magnas, que refleja tanto la opulencia de las familias que la donaron, como la maduración del catolicismo chileno que integró en ese recinto lo mejor de la arquitectura y las artes plásticas de su país.
Que Karadima abusara como lo hizo es más grave porque fue capaz de secuestrar al arzobispado de Santiago y, dado el centralismo característico de Chile, a la Iglesia de ese país en su conjunto. No en balde, Karadima como dirigente de la Pía Unión, fue capaz de promover a cuatro presbíteros, lo que en el habla común llamamos curas o sacerdotes, afiliados a esa organización a obispos en distintos puntos de la geografía chilena.
Fue un logro que explica la arrogante impunidad con la que Karadima se condujo prácticamente hasta su muerte en 2021. Ni siquiera cuando se le prohibió desde Roma celebrar misas y otros sacramentos en público, obedeció. Firme creyente en la idea del "cambio ontológico" que, según una cierta escuela de pensamiento teológico en el catolicismo, ocurre luego de la ordenación, Karadima siguió celebrando misas y confesando a quienes lo buscaban en el convento donde supuestamente debía vivir "en silencio y penitencia" y alejado del público.
Ese logro, sin embargo, también explica la resistencia que enfrentó el papa Francisco cuando quiso permutar a uno de esos “obispos de Karadima” del cargo que tenía como obispo de la llamada “diócesis militar” a la de Osorno, una localidad ubicada a casi 800 kilómetros al sur de Santiago.
La resistencia de los laicos de Osorno
Ahí se organizó una admirable resistencia de los laicos de la diócesis del mismo nombre, que incluso fueron a Roma a reprocharle al papa Francisco el nombramiento que hizo a finales de diciembre de 2014. El papa Francisco defendió el poder del papado para nombrar obispos según su entender hasta el extremo.
Culpó, al más puro estilo del catolicismo sudamericano de los setenta a los fantasmagóricos “zurdos” y “rojos” de las imputaciones que se hacían desde hacía ya varios años contra Juan de la Cruz Barros Madrid, así como contra otros miembros de la Pía Unión Sacerdotal. La culpa era toda exclusiva y únicamente de Karadima.
Era, una vez más la reedición del argumento del depredador sexual que opera en un vacío institucional, como se dijo de Maciel y de tantos otros. Incluso, en algún caso llegó a desestimarlos como "tontos" por rechazar a Barros. La censura papal no los desalentó. Lejos de ello, reforzó su convicción de protestar el nombramiento.
"Ni zurdos ni tontos", la respuesta al traslado de Barros a la ciudad de Osorno en marzo de 2018. Del grupo de Facebook de los Laicos y laicas de Osorno.
No es que pudiera negar de plano el abuso perpetrado por Karadima, que ya había sido “castigado” por Benedicto XVI de manera similar a como “castigó” a Marcial Maciel, con la prohibición de que celebrara misas y otros sacramentos en público.
Es que, como fue también el caso con Maciel, con Carlos Miguel Buela y muchos otros depredadores sexuales, Francisco quería insistir en la idea, bastante absurda, de que Karadima era una suerte de lobo solitario del abuso sexual, una figura que sí, había hecho lo que ya para 2014 todo mundo sabía que había hecho, pero que era sólo él y nadie más que él.
El papa desestimaba de ese modo las acusaciones de abuso contra Barros y otros miembros de la Pía Unión, así como el hecho que otros miembros de la Pía Unión estaban al tanto del abuso perpetrado por Karadima y otros miembros de esa organización de la Iglesia Católica en Santiago: laicos, seminaristas y los sacerdotes más jóvenes de ese grupo.
Lo que los valientes laicos de Osorno lograron demostrar es que esa era una de las muchas mentiras que el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, ha dicho cada que la Congregación para la Doctrina de la Fe lo envía a investigar los abusos sexuales de depredadores seriales como Maciel. Esa fue la “explicación” que, en su momento, ofreció la Iglesia Católica de la conducta del fundador de la Legión de Cristo y fue también la que trató de ofrecer de la conducta de Karadima.
La diferencia es que en Osorno había los remanentes de la renovación que le trajo a la Iglesia Católica el Concilio Vaticano II y, gracias a ello, lejos de “irse con su golpe”, como ha ocurrido con las víctimas de Maciel en México, organizaron una resistencia que se tradujo en el boicot del nombramiento de Barros Madrid como obispo de Osorno, y tres años después también eclipsó la visita pastoral que Francisco hizo a Chile y Perú en enero de 2018.
Cuando la visita todavía transcurría, Francisco hizo un último intento por defender su decisión de sostener a Barros en Osorno. A la pregunta de una reportera argentina en Chile, el papa insistió en el nombramiento de Barros y pidió pruebas contra el "obispo de Karadima".
Cuenta la leyenda del pontificado de Francisco, que ese intento murió luego de la súbita decisión del arzobispo y cardenal de Boston, el franciscano Sean Patrick O’Malley de sumarse, fuera de programa, a la visita de Francisco a Perú. Cuenta esa leyenda que el viaje sirvió para hacerle ver al papa argentino la futilidad de sus esfuerzos para sostener a Barros.
No me queda claro si fue eso o si fue el desdén con el que los chilenos respondieron a la visita, si fueron las pruebas que las víctimas de Karadima volvieron a presentar luego de lo dicho por Francisco o una combinación de esos y otros factores, incluida la erosión de las antiguas mayorías católicas en otros países de América Latina afectados por la crisis de abusos sexuales. Lo que es un hecho es que, al menos en los registros oficiales de la Iglesia Católica, la renuncia de Barros aparece fechada seis meses después del viaje pastoral de Jorge Mario Bergoglio a Chile, el 11 de junio de 2018.
Advertir que hay una íntima vinculación entre los resultados de la Encuesta Bicentenario de 2022 en materia de afiliación religiosa y la crisis derivada por el pésimo manejo de los abusos sexuales a manos de Karadima y la cofradía de depredadores que él encabezó en el exclusivo barrio de Providencia en Santiago no requiere de demasiado esfuerzo.
La crisis de abuso sexual en Chile
Basta prestar atención a algunas fechas clave de la historia reciente del catolicismo chileno para darse cuenta del efecto intoxicante que tuvieron los dichos de los jerarcas católicos. Eso es cierto tanto para los abusos como tales como, sobre todo, para el desesperado intento de negar que otros jerarcas hubieran estado al tanto de los abusos de los obispos de ese país y de la curia romana, encabezada por Juan Pablo II, Joseph Ratzinger, primero como cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe y luego como Benedicto XVI y Angelo Sodano, el poderoso secretario de Estado de Karol Wojtyla.
Sodano, además, estaba particularmente unido a la vida pública chilena. Fue el nuncio apostólico en Santiago en la segunda mitad del régimen de Augusto Pinochet. Fue de esa posición de donde Juan Pablo II lo reclutó para hacerlo su secretario de Estado en Roma. Ahí jugaría un papel clave, por ejemplo, en el desdén de Roma a la solicitud de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Mario Bergoglio incluido, a suprimir al Instituto del Verbo Encarnado.
Fue en Santiago donde Sodano trabó amistad con Maciel, quien en los ochenta del siglo pasado hizo de Chile su “territorio de misión”. Y no sólo de Maciel, también de otros depredadores sexuales afiliados a la provincia chilena de la Legión de Cristo. Destaca entre ese grupo el irlandés, John O’Reilly, a quien la alta sociedad santiaguina dispensó todo tipo de favores y honores, incluido el otorgamiento de preseas y, en 2008, de la ciudadanía chilena como reconocimiento a su trabajo en materia educativa.
Todo eso, desde luego, se desplomó cuando se supo que O’Reilly gustaba de violar niñas, una de ellas de seis años. Entonces, la misma alta sociedad de Santiago le aborreció, le despojó de los honores y de la ciudadanía y le envió de regreso a Irlanda en 2018.
Le deportaron luego de que cumplió una pena de cárcel de poco más de cuatro años que dudo mucho compense a las dos niñas cuyos padres pudieron demostrar que efectivamente habían sido violadas por el discípulo del depredador de Zamora, Michoacán. Seis meses después de que fuera enviado de regreso a su país, en Roma, se le despojó de su condición de sacerdote.
En la segunda gráfica, que se presenta a continuación, puede observarse la manera en que se ha erosionado la confianza en la Iglesia Católica tanto entre quienes se declaran católicos como entre quienes no se declaran así. Los datos corresponden, en este caso, a la serie de CADEM-Plaza Pública, una encuestadora chilena seria que ha documentado este aspecto de la vida pública de aquel país en las últimas dos décadas.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la serie CADEM-Plaza Pública.
Es notorio en esa segunda gráfica que, luego de la recuperación en la confianza en la Iglesia ocurrida por la renuncia en masa de los obispos de Chile en mayo de 2018 en Roma, que permitió que un 26 por ciento de los católicos chilenos dijeran que confiaban en su iglesia, hay una nueva caída de siete puntos luego de que, en 2019, se dieron a conocer los detalles de la investigación que la Compañía de Jesús en Chile debió encargar al abogado Waldo Brown sobre los abusos perpetrados por Renato Poblete.
Sin confianza no hay Credo
Es claro, en este sentido, que la confianza cae en la medida que se agudizó en los últimos 20 años la crisis por los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en esa nación. Es difícil imaginar que esto pudiera ser de otro modo. Menos cuando Chile amaneció este domingo 21 de mayo con la noticia de que la Compañía de Jesús en aquel país entregó, en 2015, 53 mil millones de pesos chilenos, equivalentes a poco más de 66 millones de dólares, a la misma administradora de fondos privados que manejaba la fortuna del expresidente Sebastián Piñera. Estos datos se suman a lo que se supo en marzo de este año acerca de la manera en que la cúpula de la Compañía de Jesús en Chile entregó sus obras de ingeniería a la empresa del hermano de Felipe Berríos.
Berríos dijo a finales del año pasado que había renunciado a la Compañía de Jesús por el trato que se le dio luego de que emergieron acusaciones de abuso sexual en su contra. Dado que las víctimas de esos abusos desarrollan una cierta memoria del maltrato institucional a que han sido sometidas otras víctimas, una de las víctimas de abuso a manos de Berríos decidió "curarse en salud". Para evitar que se usara, una vez más, el argumento del depredador como lobo solitario acudió a España, donde denunció ante el venezolano Arturo Sosa Abascal a la cúpula de la Compañía de Jesús en Chile. Los acusó de estar al tanto de lo que hacían Berríos y otros jesuitas chilenos y de no actuar en consecuencia.
Quizás ello explica por qué una de las primeras decisiones que tomó el provincial de los jesuitas en Bolivia, Bernardo Mercado, fue suspender a ocho de sus compañeros y predecesores en el cargo como provincial por no haber actuado como deberían haberlo hecho ante las acusaciones de abuso contra el español Alfonso Pedrajas y otros cinco jesuitas españoles que hicieron su carrera eclesiástica en Bolivia.
Por cierto, este domingo 21 de mayo se informó en La Paz que una comisión especial enviada desde Roma viajará a Bolivia para acopiar información sobre los seis jesuitas que recientemente han sido señalados por abusos. Se desconoce cuándo llegará y no es claro tampoco quienes la integrarán. Dada su experiencia en Chile, como segundo de Scicluna y en otros países, así como el hecho que ya está en Paraguay en una misión similar, no sería difícil que uno de los miembros de esa comisión fuera el español Jordi Bertomeu.
Los jesuitas y el abuso sexual por clérigos católicos
Las razones para suponer que pudiera ocurrir una mejora en los números de la Iglesia Católica en Chile son difíciles de encontrar. Los desarrollos en la vecina Bolivia han hecho que muchas de las víctimas chilenas renueven en los últimos días sus críticas a la cúpula del catolicismo en su país y a escala global.
En el caso de Paraguay, donde está Bertomeu ahora, hay una historia de abusos en gran escala, previa a la que motiva la visita que ahora realiza ese funcionario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Ocurrió en la diócesis de Ciudad de Este. Los abusos fueron de tal magnitud ahí que, en 2014, Francisco debió aceptarle la renuncia seis años antes de lo que dispone el derecho canónico a un obispo salido de las filas del Opus Dei argentino, Rogelio Ricardo Livieres Plano. Nada de eso podría ayudarle a la Iglesia Católica en Chile o en otros países de América Latina a recuperar la confianza de quienes fueron sus fieles.
El aviso de la Universidad Católica de Paraguay de la visita de Jordi Bertomeu.
Bertomeu, por cierto, fue enviado a Chile luego de la renuncia en masa de los obispos en 2018. Protagonizó con su superior en la Congregación para la Doctrina de la Fe, el ya citado arzobispo Scicluna, una más de las emotivas ceremonias en que dignatarios de la Iglesia Católica piden perdón por los abusos, pero más allá de la ceremonia nada ha resultado de aquella visita a Chile. Esa es una de las razones por las que víctimas chilenas ha vuelto a hacer señalamientos acerca de la indisposición de los jerarcas católicos para resolver el fondo de la crisis. Ese fondo es el tema de la reparación del daño a las víctimas que es donde simplemente no hay manera de lograr acuerdos.
Tristemente, no hay signos de que ni la conferencia de los obispos de Chile, ni otras conferencias nacionales de obispos de América Latina, ni el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, la organización que coordina a esas conferencias nacionales en el subcontinente, sean capaces de discernir la gravedad de la situación.
En México es notorio que, más allá de los fuegos de artificio provocados por la posibilidad de que Alejandro Solalinde sea nombrado al frente del organismo que supuestamente va a sustituir al Instituto Nacional de la Migración, el INAMI, la Conferencia del Episcopado Mexicano está más interesada en acomodarse de cara a la elección presidencial de 2024 que en ver cómo resuelve los problemas de la propia Iglesia. Es cierto, son frecuentes sus intervenciones públicas y denuncias en temas que hace diez años no les interesaban a los obispos, salvo la excepción de siempre, el ahora emérito de Saltillo, el dominico Raúl Vera.
Ahora es frecuente que los obispos de Guerrero y Michoacán hablen de la violencia. También se ve a los obispos pedir que se respete a los migrantes de otros países en México e incluso exigir medidas cautelares para quienes ayudan en México a esos migrantes. Sin embargo, no se advierte la disposición a ir más allá de las críticas a lo que hace el gobierno federal o los de los estados en los que esas críticas se articulan. No se advierte una disposición, por ejemplo, a pensar en cómo restaurar la confianza de sus fieles. Quizás esperan a que las cosas nunca lleguen a ser en México como ahora son en Chile.
