Daniel Lee Martes, 18 de Agosto del 2026, 11:13
La visa se ha convertido en un punto de presión para familias que dependen del cruce fronterizo para estudiar, trabajar o mantenerse unidas.
Por Daniel Lee
Cancelar la visa de un político pillo, ladrón y corrupto puede explicarse como parte de una disputa política. Cancelársela a una madre que sólo intenta cruzar la frontera para llevar a su hijo a la escuela es otra cosa. Ahí aparece el rostro más preocupante de una política migratoria basada en la sospecha: personas comunes convertidas, de pronto, en potenciales amenazas por su origen, sus circunstancias familiares o simplemente por cruzar una frontera.
Las cancelaciones de visas en Estados Unidos han ocupado los titulares latinoamericanos. Los casos de figuras públicas generan atención inmediata, pero detrás de ellos existe una realidad menos visible: miles de ciudadanos sin actividad política que enfrentan restricciones que pueden alterar radicalmente su vida cotidiana. Madres y padres que durante años cruzaron legalmente la frontera descubren que ya no pueden hacerlo, incluso cuando sus hijos nacieron en territorio estadounidense y dependen de ellos para acudir a la escuela, recibir atención médica o mantener sus vínculos familiares.
El problema adquiere otra dimensión cuando se pretende presentar a esos niños como un asunto de seguridad nacional.
Una visa no equivale a ciudadanía ni garantiza automáticamente el ingreso a Estados Unidos. Sin embargo, su cancelación tiene consecuencias concretas para familias binacionales que viven entre dos países. La frontera deja de ser una línea geográfica y se convierte en una barrera que puede separar a padres de hijos, interrumpir estudios y romper dinámicas familiares construidas durante años.
En ese contexto debe entenderse el intento de Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva. El 20 de enero de 2025, el presidente firmó la Orden Ejecutiva 14160, que buscaba negar la ciudadanía automática a determinados niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no fueran ciudadanos o residentes permanentes. La medida fue impugnada judicialmente y la Suprema Corte terminó reafirmando el principio constitucional de ciudadanía por nacimiento para los menores comprendidos por la Decimocuarta Enmienda, con las excepciones reconocidas por la legislación estadounidense.
El episodio revela algo más profundo que una controversia migratoria: la disputa sobre quién puede ser considerado plenamente estadounidense.
Estados Unidos está cambiando demográficamente y ese proceso es irreversible. La sociedad es cada vez más diversa en origen, religión, cultura y composición racial. Frente a esa transformación, ciertos sectores han respondido con un nacionalismo que presenta la diversidad como amenaza y la inmigración como pérdida de identidad.
Ahí aparece el riesgo.
Cuando el origen latino, africano o asiático comienza a asociarse con sospecha; cuando determinadas religiones son vistas con mayor desconfianza; cuando las familias migrantes son tratadas como potenciales instrumentos de una amenaza nacional, la política migratoria deja de ser únicamente un mecanismo de control fronterizo y comienza a convertirse en una herramienta de definición identitaria.
La historia estadounidense debería servir como advertencia. El movimiento por los derechos civiles encabezado por Martin Luther King Jr. no luchó solamente contra la discriminación contra los afroamericanos: defendió la idea de que la igualdad ante la ley debía estar por encima del color de la piel, del origen y de la condición social. Aquella batalla transformó a Estados Unidos precisamente porque amplió, y no restringió, la noción de ciudadanía.
Hoy existe el peligro de recorrer el camino contrario.
Una nación puede establecer controles migratorios, combatir el fraude y determinar quién puede ingresar legalmente a su territorio. Lo que no debería hacer es convertir la diversidad demográfica en una amenaza ni utilizar la condición migratoria de los padres para poner en duda los derechos de sus hijos.
Cancelar una visa puede ser una decisión administrativa. Pero cuando miles de decisiones de ese tipo empiezan a dibujar un patrón de exclusión, la discusión deja de ser administrativa y se vuelve política, social y moral.
Una madre que lleva a su hijo a la escuela no es una amenaza nacional. Un niño nacido en Estados Unidos no es responsable de la situación migratoria de sus padres. Y la diversidad de una sociedad no constituye una emergencia que deba ser combatida.
La frontera puede regular el tránsito de personas. No debería convertirse en una frontera contra la dignidad.
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