Hazael Sayavedra Domingo, 25 de Octubre del 2026, 13:39
Mekorot, empresa estatal israelí, accede a datos estratégicos del agua de Chihuahua mediante convenios de cooperación técnica con autoridades mexicanas.
Por Hazael Sayavedra*
La historia de México con las comunidades que ha recibido es compleja. Se les abrieron las puertas a menonitas, mormones y a una empresa que no es privada, sino un órgano del Estado israelí. Hoy, la pregunta es qué pasa cuando los intereses de esos grupos chocan con los del país que los acogió. La advertencia es clara: “Esto que enfrentamos lo permitimos nosotros y pagaremos el precio de nuestra bondad y nuestra ignorancia”.
1. El despojo del agua en Chihuahua
En Chihuahua, un puñado de empresas, la familia LeBarón y la comunidad menonita concentran las concesiones de agua para uso agroindustrial, mientras la mayoría de los hogares rurales no tiene líquido potable. Los datos son contundentes: la comunidad menonita acapara entre 60 y 65 por ciento del agua del subsuelo para sus cultivos de algodón y maíz amarillo transgénico, con siembras de hasta 140 mil hectáreas.¹ Los LeBarón, por su parte, no tienen concesiones de agua y, aun así, explotan 10 pozos para irrigar más de 300 hectáreas en un acuífero con veda desde 1954.¹
La perforación de pozos ilegales por parte de empresarios menonitas e integrantes de la familia LeBarón ha dejado a ejidatarios y campesinos sin agua. En el municipio de Ascensión, menonitas de la colonia La Salada perforaron al menos 400 pozos clandestinos y desviaron el cauce natural. Las hectáreas de riego por bombeo crecieron de 16 mil 859 a 42 mil en Namiquipa y de 980 a 9 mil 355 en Riva Palacio, entre 2003 y 2023, en beneficio exclusivo de menonitas y grandes empresarios.²
El conflicto con el pueblo mexicano no es abstracto. Entre habitantes de diversos municipios y miembros de la comunidad menonita se han dado confrontaciones por habérsele permitido a esta última un acceso importante al agua. Mientras los pozos se perforan sin control, más de 68 mil personas de 31 municipios de la cuenca del río Conchos carecen de agua potable.³
2. El precedente LeBarón y la respuesta de Estados Unidos
El 4 de noviembre de 2019, la masacre de nueve miembros de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, marcó un antes y un después. Una semana después, un convoy de alrededor de 50 camionetas Chevrolet Suburban blindadas cruzó la garita de Agua Prieta, Sonora, desde Douglas, Arizona. A bordo iban cerca de 250 agentes del FBI, quienes ingresaron al país para “colaborar” en las pesquisas. Entraron desarmados y bajo custodia de la Policía Federal mexicana, pero el mensaje de fondo era inequívoco: cuando los intereses de sus connacionales se ven afectados, Estados Unidos despliega un contingente de esa magnitud en territorio extranjero.⁴
3. Mekorot: un órgano del Estado israelí en Chihuahua
Mekorot no es una corporación privada que hace negocios en México. Es la compañía nacional del agua de Israel, de propiedad estatal. Cuando la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua firmó el convenio en febrero de 2023, vigente hasta 2027, no estaba contratando a una consultora técnica neutral: sentaba en la mesa a un brazo del Estado israelí para compartir datos hidrológicos sensibles de un estado con acuíferos en veda y sobreexplotados.⁵
Como documentó el medio Los Ángeles Press en su investigación, la influencia de Mekorot en la seguridad hídrica de México no es nueva ni improvisada. El 27 de noviembre de 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, y el director ejecutivo de Mekorot, Shimon Ben-Hamo, firmaron un convenio para la remediación de acuíferos contaminados. El acuerdo se firmó en presencia del propio Peña Nieto y del presidente israelí Shimon Peres, tuvo un costo estimado de 6 millones de dólares y contemplaba el estudio de diez acuíferos con distintos tipos de deterioro, así como una opinión técnica de la empresa israelí.
La opacidad de ese contrato de 2013 llevó al Senado de la República a solicitar a Conagua la exhibición de los documentos. También se documentó la intermediación del empresario israelí Natan Eshel. Esto demuestra que la entrega de datos hídricos estratégicos no es un hecho aislado de 2023, sino una política de Estado que se ha profundizado a lo largo de los años.
Mekorot es parte de la maquinaria del sionismo que hoy bombardea Gaza. Organizaciones internacionales documentan que la empresa gestiona el sistema de agua que desvía recursos de Cisjordania hacia asentamientos ilegales y reduce las cuotas de suministro a comunidades palestinas. La misma entidad que hoy asesora a Chihuahua participa en lo que se ha calificado como apartheid hídrico.⁸ Los números son escalofriantes: en diversas comunidades palestinas de Cisjordania, el consumo se reduce a menos de 20 litros de agua por persona al día, muy por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En contraste, los colonos israelíes en el mismo territorio ocupado consumen entre 250 y 800 litros diarios por persona, según distintas fuentes y zonas.⁹ Es la misma lógica de discriminación y despojo que Mekorot exporta como “experiencia técnica”.
4. La pregunta que nadie responde: ¿quién audita a Mekorot?
Aquí está el nudo del problema. Mekorot es una empresa gubernamental israelí que rinde cuentas, principalmente, ante el Contralor del Estado de Israel. Su escrutinio es israelí. En México, en cambio, no existe un mecanismo claro y público de auditoría sobre el convenio de Chihuahua. Las organizaciones civiles exigen transparencia y rendición de cuentas. El gobierno estatal sostiene que es sólo “asesoría técnica no vinculante”, pero no ha detallado quién vigila qué se hace con los datos hidrológicos ni cómo se evalúan los resultados.
El precedente de Chile es aleccionador: cuando se cuestionó un contrato similar, abogados presentaron una denuncia ante la Contraloría General, que lo incluyó en su plan anual de auditoría. En México, esa activación institucional no ha ocurrido. ¿Quién audita a Mekorot en México? Si la respuesta es “nadie” o “sólo Israel”, entonces el convenio no es un simple acuerdo técnico: es una cesión de soberanía encubierta.
5. El escenario que la lógica obliga a plantear
Y aquí viene el escenario que nadie quiere imaginar, pero que la lógica obliga a plantear. ¿Qué pasará el día en que Mekorot construya un acueducto, una planta desalinizadora o instalaciones físicas en México? Los convenios de “cooperación técnica” pueden evolucionar hacia contratos de infraestructura. Y cuando hay infraestructura, hay propiedad física. Y cuando hay propiedad física, hay intereses que proteger.
Mekorot no es una empresa protegiendo intereses en el extranjero: es un país. Es el Estado de Israel, con su historia de guerras y su documentado abuso de los derechos humanos en los territorios ocupados. No es lo mismo que una transnacional cualquiera defienda una inversión. Aquí se trata de un Estado con capacidad militar, con un historial de intervenciones unilaterales y con una doctrina de protección de sus nacionales y sus activos que ya ha aplicado en Entebbe y en otros escenarios.
Si algún día hay un conflicto por el agua en Chihuahua —una protesta social, una disputa por una concesión, un enfrentamiento entre ejidatarios y la empresa—, ¿qué impide que Israel invoque la protección de su propiedad y de sus connacionales? ¿Qué impide que la misma doctrina que Rusia usa en Ucrania se aplique aquí? La respuesta es simple: nada. Y ése es el riesgo que México está asumiendo al permitir que un órgano estatal extranjero, con ese historial, se siente en la mesa de decisiones sobre un recurso estratégico como el agua.
6. La doctrina de protección de nacionales
La historia internacional está llena de ejemplos en los que una potencia invoca la protección de sus ciudadanos para justificar el uso de la fuerza en otro país. La doctrina de la protección de nacionales en el extranjero sostiene que un Estado puede intervenir militarmente para salvar a sus connacionales en peligro. Su primer precedente moderno fue la incursión israelí en Entebbe, Uganda, en 1976. Desde entonces, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Francia y Bélgica han sostenido constantemente que proteger la vida de sus ciudadanos en el extranjero sigue siendo una justificación aceptable para el uso de la fuerza.
El caso más reciente y brutal es el de Rusia. La invasión a gran escala de Ucrania en 2022 fue acompañada de la excusa de proteger a los ciudadanos rusos y prevenir un “genocidio” en la región del Donbás. Moscú ha declarado repetidamente que está protegiendo a los rusos que viven en Ucrania de “neonazis y drogadictos” e, incluso, ha modificado su Constitución para enfatizar su deber de proteger a los “compatriotas en el extranjero”, argumento que ha usado para justificar su intervención militar. Aunque el derecho internacional rechaza estas justificaciones como pretextos para una agresión ilegal, el patrón es claro: crear una narrativa de victimización de los connacionales para legitimar la intervención.
La pregunta para México es inevitable: si los intereses económicos de Mekorot —un órgano del Estado israelí— o de sus connacionales en suelo mexicano se sintieran “atacados” o “perjudicados”, ¿se repetiría el patrón? ¿Se invocaría la misma doctrina que ya usó Israel en Entebbe y que Rusia esgrime en Ucrania?
7. El precio de la bondad y la ignorancia
México ha sido generoso. Abrió sus puertas a comunidades religiosas que huían y a empresas extranjeras que ofrecían soluciones técnicas. Pero la generosidad no es patente de impunidad. Los menonitas, los mormones y Mekorot deben cumplir la ley mexicana como cualquier otro.
“Esto que enfrentamos lo permitimos nosotros y pagaremos el precio de nuestra bondad y nuestra ignorancia”. La advertencia está lanzada: ¿van a revisar los convenios con Mekorot? ¿Van a aplicar la ley hídrica por igual a menonitas, LeBarón y empresas? ¿Van a prepararse para el día en que los intereses de una potencia extranjera se sientan amenazados en suelo mexicano? Si no lo hacen, el precio podría ser muy alto.
---
*El autor es analista en inteligencia estratégica.
