Hazael Sayavedra Sábado, 31 de Octubre del 2026, 01:21
Taddei dejó bajo escrutinio sueldos y contratos; en Tijuana, Burgueño y Balderas enfrentan cuestionamientos similares por aumentos, déficit y adjudicaciones.
Por Hazael Sayavedra
El año de Hidalgo: chin chin el que deje algo.
No comparo responsabilidades. Comparo lógicas de tabulador. Guadalupe Taddei cobraba 262 mil 634 pesos brutos al mes por dirigir el Instituto Nacional Electoral. Tras una reducción voluntaria que ella misma solicitó, el neto bajaba a unos 133 mil. Su remuneración mensual bruta, multiplicada por doce, da aproximadamente 3,15 millones de pesos anuales; las cifras anuales más altas que circulan incluyen aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones. El escrutinio llegó igual: contratos, cercanos y la percepción de que el tabulador se servía primero. Ella se fue.
En Tijuana, Ismael Burgueño no organiza elecciones nacionales. Organiza un ayuntamiento. Según la Plataforma Nacional de Transparencia, al cierre de 2025 su sueldo bruto mensual era de 93 mil 216 pesos. Reportes periodísticos indican que en 2026 subió a 126 mil 206,98 pesos, un incremento del 35,4 %. El neto en 2026 era de 51 mil 112,26 pesos, por retenciones y descuentos cercanos al 60 %, incluida la pensión alimenticia. La síndica Teresita Balderas registró el mismo incremento del 35 %. La oficial mayor, Nelly Pabello, quedaba en 78 mil 960 pesos mensuales y no recibió el aumento. El bruto de Burgueño en 2026 equivalía a cerca del 48 % del de Taddei; el neto, a cerca del 38 %. Si se compara el bruto de 2025, la proporción baja a cerca del 35 %. La escala no es la misma. La pregunta sobre cómo se fija y se ajusta el tabulador sí.
El timing confronta. Burgueño pidió licencia a partir del 22 de junio de 2026 para la interna de Morena por la gubernatura. No la ganó. Regresó en septiembre. En el argot político eso se llama año de Hidalgo: el tramo en el que la consigna informal es no dejar nada. El incremento del 35 % para alcalde y síndica cae en esa ventana. No es un error de calendario. Es el calendario. Mientras bomberos de confianza y trabajadores de base siguen exigiendo la homologación que les prometieron, el ayuntamiento de Morena se servía con la cuchara grande.
Según el Registro Público de la Propiedad, a nombre de Burgueño aparecen dos bienes modestos, valuados en conjunto en 1 millón 288 mil pesos. El patrimonio inmobiliario relevante está a nombre de su padre, Modesto Burgueño, quien ha tenido hasta 31 propiedades (19 vigentes), sin empresa inmobiliaria registrada. Esto no implica por sí mismo un beneficio indebido del hijo. Sí implica que el alcalde debe aclarar públicamente sus otros ingresos y su situación patrimonial.
La cuenta pública 2024 (enero a septiembre de Montserrat Caballero; último trimestre de Burgueño) fue reprobada por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California. El Ayuntamiento registró ingresos por 11 mil 640 millones 818 mil pesos y egresos por 14 mil 559 millones 187 mil pesos. El déficit: 2 mil 918 millones 369 mil pesos. Hubo 75 observaciones de la Auditoría Superior del Estado; se solventaron 44. Entre las que persisten: el fideicomiso de indemnizaciones policiales por fallecimiento tenía 39,2 millones y no se cumplió; la diferencia contable con ISSSTECALI fue de 55,6 millones de pesos no aclarados; retenciones de ISR sin enterar. La Auditoría Superior del Estado observó pagos en exceso por 957 millones 61 mil pesos en servicios personales. Burgueño dice que lo grueso es de la administración anterior. Técnicamente, cubrió sólo el último trimestre. Políticamente, la síndica que él designó y a la que se le critica por ser «segunda de a bordo» en actos y eventos ha dedicado buena parte de su energía a la gestión previa. La independencia del órgano de control se mide en lo que investiga de la administración vigente, no en lo que denuncia de la que ya se fue.
A eso se suma el caso de los 7,2 millones de pesos que el Ayuntamiento, vía Fondos Tijuana, entregó el 28 de abril de 2026 a Jireh (centro vinculado a la Patrulla Espiritual) para 300 becas de rehabilitación. El monto se calculó exacto: 8 mil pesos mensuales por tres meses. Según reportes, el 21 de agosto, un interno de 28 años (Richard Damián Pimentel) murió por asfixia, con más de 40 lesiones dentro de las instalaciones; Coepris clausuró el centro y la Fiscalía detuvo a dos personas. Después de la muerte, la Sindicatura realizó la auditoría para que comprueben el ejercicio o reintegren lo no acreditado. El grupo, socialmente cuestionado por sus métodos de presuntos «levantones» de personas en situación de calle (a las que el propio grupo llama «tazos dorados») y por escándalos previos, recibió dinero público mientras el ayuntamiento arrastraba déficit de casi 2 mil 900 millones y cuenta reprobada. Prioridades de Morena en Tijuana: el 35 % arriba y los 7,2 millones para el aliado de redes sociales, mientras el trabajador de base espera la fracción que le prometieron.
El Congreso de Baja California autorizó al Ayuntamiento un contrato plurianual por 3 mil 276 millones 451 mil 807,20 pesos a 15 años para 6 mil 366 cámaras de videovigilancia. El 30 de junio de 2026, el Comité de Adquisiciones, encabezado por la oficial mayor Nelly Pabello, adjudicó de manera directa (AD-109-XXV) ese contrato a It Training Solutions México. Una empresa competidora presentó demanda (expediente 529/2026 J.C.), impugnando la legalidad del dictamen de adjudicación directa, el contrato y los posibles pagos. No se ha reportado suspensión. El monto fue autorizado por el Legislativo; la forma de adjudicación genera una pregunta de legalidad que está en los tribunales.
Taddei tenía un órgano con alcance nacional y un sueldo que al menos intentaba justificarse por la magnitud de la responsabilidad. Burgueño y Balderas tienen un ayuntamiento con déficit de casi 2 mil 900 millones en 2024, cuenta reprobada, un incremento del 35 % para alcalde y síndica (que la oficial mayor no recibió), 7,2 millones a la Patrulla Espiritual en medio de una muerte y una clausura, y contratos millonarios que arrastran preguntas. La escala no es la misma. La lógica que se cuestiona sí: quien controla el tabulador y los contratos debe explicar primero.
Un trabajador municipal que apenas logra una fracción de ese 35 % no necesita teoría. Necesita que alguien le explique, con estos números abiertos y sin rodeos, por qué el año de Hidalgo en Tijuana se traduce en incrementos para quienes ya están arriba, 7,2 millones para el grupo de los «tazos dorados» y promesas incumplidas para quienes están abajo. Mientras esa explicación no exista, el paralelo con Taddei no es metáfora. Es una pregunta pendiente que quema.
Con voz propia
Los chairos de París
