Hazael Sayavedra Lunes, 07 de Septiembre del 2026, 12:15
La Patrulla Espiritual enfrenta una investigación por homicidio y la suspensión sanitaria de Jireh, donde 84 internos fueron reubicados.
Por Hazael Sayavedra
Jesús Ignacio Osuna Torres no esconde el negocio: lo exhibe. Bajo el nombre de “El Chiquilín” dirige la Patrulla Espiritual, un movimiento viral que recorre las calles de Tijuana “interviniendo” —levantando, en el lenguaje de la calle— a personas en situación de calle y con adicciones para internarlas en el centro de rehabilitación Jireh. El modelo tiene el aspecto de la caridad y la estructura de una operación de protección: alguien se presenta como el único que puede salvarte de un mal mayor, opera al margen del control formal del Estado, y cualquier cuestionamiento se resuelve señalando que quien pregunta protege a los verdaderos culpables. No hace falta llamarlo crimen organizado para reconocer que el mecanismo de legitimación es el mismo: el miedo y la fe sustituyen al contrato y a la ley.
El origen que explica el negocio
Osuna Torres es originario de Culiacán, Sinaloa. Según una crónica de la revista Magis, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente —ITESO—, fue internado por su propia familia, ya adulto, tras un consumo de alcohol y cocaína que sus padres descubrieron. Ahí aprendió por dentro el funcionamiento de los anexos: usó su liderazgo natural para escalar de paciente a encargado en cada centro por el que pasó, cayendo en recaída repetidamente hasta que, según ha dicho en entrevistas, algo cambió en 2020. No solo encontró el negocio en la palabra de Dios: lo encontró en el mismo sistema de anexos que hoy dirige y reproduce.
Llegó a Tijuana en enero de 2023. Declaró liderar, en 2024, una organización con cerca de 800 personas trabajando bajo su mando, financiada con las cuotas de la mitad de sus internos —la otra mitad, quienes son levantados de la calle, no paga nada. Magis lo describió después como un fenómeno de más de 12 millones de seguidores, con clínicas en Tijuana y Rosarito. El alcance digital no es un adorno del ministerio: es el canal de reclutamiento, de donación y de defensa política.
El negocio
El esquema de precios que la propia clínica hizo público detalla una cuota de ingreso de 3,500 pesos más 10 mil pesos mensuales para un tratamiento de seis meses, amparado —según el documento— en la Norma Oficial Mexicana —NOM— 028-SSA2-2009. A tarifa plena, un tratamiento completo cuesta cerca de 63,500 pesos por persona.
El producto no es solo el tratamiento: es el video. Cada “intervención” filmada y distribuida en redes es simultáneamente prueba de fe para quien dona y anuncio para quien necesita un lugar donde dejar a un familiar. El caso más ilustrativo es el de Luis Miguel, conocido como “el chico del Oxxo”: originario de Puebla, fue llevado por la Patrulla mientras estaba en un Oxxo de Tijuana, mostró mejoría, luego “se fugó” y volvió a la calle, y Osuna Torres tuvo que localizarlo por videollamada para convencerlo de regresar. El ciclo se ha repetido más de una vez, con el propio afectado insistiendo en video que él ya trabajaba y no necesitaba el centro. Es el patrón de puerta giratoria que el modelo, sin tratamiento clínico de por medio, produce de forma casi estructural.
Ese esquema tiene dos puertas de entrada. Una es el levantón de calle, que se vende como beca divina. La otra es el internamiento pagado por la familia. El caso de Richard Damián Pimentel demuestra que ni siquiera la segunda garantiza un mínimo de cuidado: sus padres lo internaron, pagaron y a los tres días el hijo estaba muerto.
Richard Damián: tres días, más de cuarenta lesiones
Richard Damián Pimentel tenía 28 años. El 18 de agosto de 2026 sus padres lo internaron en el Centro de Rehabilitación Jireh —Jireh Centro de Rehabilitación El Señor Proveerá, A.C.—, en avenida Melchor Ocampo número 22868, colonia Poblado Ejido Matamoros, zona este de Tijuana. El motivo, según el encargado del inmueble, era el alcoholismo. La prensa local reportó que la familia pagó mil 200 dólares por el ingreso. No era un “tazo dorado” levantado en una glorieta: era un paciente de paga, entregado por su propia familia.
Tres días después, el viernes 21 de agosto, hacia las 16:30 horas, Richard fue hallado sin vida en un dormitorio del centro. El encargado Jesús Arce reportó el hallazgo al 911. La llamada al C5, según se expuso después en audiencia, registró que el hombre ya estaba muerto desde las 15:00. El Semefo de Baja California, a cargo de César Raúl González Vaca, determinó como causa de muerte asfixia mecánica por sofocación —obstrucción externa de los orificios respiratorios— y documentó más de 40 lesiones, concentradas en piernas, tórax, frente y barbilla. González Vaca precisó que las lesiones habrían ocurrido antes de la asfixia. La Fiscalía General del Estado reclasificó el hecho y abrió investigación por homicidio.
El 29 de agosto, en la misma colonia del centro, la Agencia Estatal de Investigación detuvo a Mario Antonio “N” y a Anthony “N”. La FGE los acusa de homicidio calificado con ventaja. Según La Silla Rota, ambos eran colaboradores del centro: exinternos que prestaban algún servicio en el lugar. Un tercer señalado, identificado en audiencia con el apodo de “Kosala”, permanece prófugo. También se ha reportado que hay más órdenes de aprehensión pendientes, incluida una contra un encargado.
La narrativa que la Fiscalía llevó a la audiencia de vinculación, reconstruida por Semanario ZETA y Punto Norte, es ésta: la tarde del 21 de agosto, Mario Antonio, Anthony y el tercero prófugo habrían ordenado que los demás salieran de la habitación. Richard, presuntamente alterado, fue llevado por la fuerza a la recámara uno “para ser apaciguado”. Lo golpearon —la Fiscalía habló de 38 golpes— mientras gritaba: “Ayuda, me quieren matar”. Anthony lo habría golpeado en la quijada; Mario Antonio lo habría puesto boca abajo contra el colchón de una litera hasta asfixiarlo. El juez de control, el 3 de septiembre, los vinculó a proceso y les impuso prisión preventiva. En su razonamiento no hizo falta atribuirles un plan de asesinato: bastó el uso desmedido de la fuerza y no haber impedido el sofocamiento.
La madre, Maru Zárate, exigió justicia y denunció golpes, abusos y negligencia dentro del centro. La muerte tardó cinco días en trascender a la prensa. Diez días después del hallazgo, el 31 de agosto, Osuna Torres sí habló. En un live dijo que había esperado a que actuara la Fiscalía y que no intervendría a favor de los detenidos: “No puedes defender lo indefendible. Se perdió una vida”. Atribuyó el hecho a un sometimiento, según testimonios de otros internos, y dijo que las cámaras del centro no muestran que a Richard lo hayan colgado. También se quejó de que “la gente habla mucho” y de versiones que le inventaban una orden de aprehensión. El tono es el de siempre: controla el relato cuando ya no puede silenciarlo.
El 3 de septiembre la fiscal María Elena Andrade Ramírez precisó que Mario Antonio y Anthony habían sido internos y prestaban servicio como colaboradores; Coepris, dijo, debe verificar si había relación laboral formal y si tenían capacitación para tratar a personas con adicciones. Al día siguiente, la tarde del viernes 4, un operativo interinstitucional —Defensa, Marina, SSC, FGE, Guardia Nacional, Secretaría de Salud, IPEBC y COEPRIS— selló la clínica de Melchor Ocampo. Antes de que entraran, Osuna transmitió en vivo, pidió a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que no ejecutara el cierre y aseguró que el centro tenía permisos. Cuando el sello ya estaba puesto, cambió el mensaje: “Nos dieron la prueba de cinco días para entregar la documentación faltante… sencillo, no pasa nada, todo está bien”. El titular de la SSC, Laureano Carrillo Rodríguez, dijo a El Imparcial que el despliegue buscaba prevenir confrontaciones. En esa misma diligencia detuvieron a un hombre armado.
El Gobierno del Estado lo presentó como quien “fungía como escolta en el lugar”. Infobae lo identificó como escolta de Osuna Torres. El Imparcial, La Silla Rota, El Financiero y El Heraldo de México coinciden en lo esencial: portaba un arma de fuego y no acreditó permiso para tenerla. Lo pusieron a disposición de la autoridad. No han publicado su nombre, ni el calibre, ni si ya fue vinculado a proceso. Al 7 de septiembre esa carpeta sigue en la sombra. Las autoridades precisaron que la investigación por la portación corre aparte de la del homicidio de Richard y aparte de la suspensión sanitaria. Tres expedientes, un solo inmueble.
El dato no es ornamental. Una clínica de adicciones no necesita escolta armado para “hacer flotar tazos dorados”. Lo necesita quien opera como fuerza de hecho: camionetas con torretas y sirenas de policía sin autorización —ya turnadas al Ministerio Público por usurpación de funciones—, intervenciones en la calle y un aparato que se presenta ante el Estado con el gesto de quien tiene quién lo cuide. El 4 de marzo de 2024 pistoleros ya habían baleado a internos frente a un Jireh. El 8 de marzo de 2026, motociclistas dispararon en la entrada de otro. Un ministerio que se dice espiritual y un escolta que no puede mostrar permiso describen la misma brecha: la fe se predica; la seguridad se improvisa al margen de la ley.
El comisionado estatal de Coepris, Ricardo Serrano, fue más preciso que el live. No hallaron expedientes completos de los internos. No identificaron consentimientos de permanencia. Había deficiencias en los protocolos de seguridad. Dentro había 84 personas. Setenta y tres fueron trasladadas a otros centros con aval del IPEBC; once salieron con sus familiares. El secretario de Salud, Dagoberto Valdés Juárez, y el director del IPEBC, Víctor Salvador Rico Hernández, confirmaron el seguimiento clínico de los reubicados. Baja California tiene 304 centros de rehabilitación; solo 199 están certificados por el Instituto. Jireh de Matamoros permanece suspendido. El plazo de cinco días que Osuna anunció vence, si se toma en serio, el 9 de septiembre. Hoy, 7 de septiembre, el sello sigue puesto.
Conviene decirlo con precisión jurídica, no con atajo moral: la Fiscalía no ha señalado a Osuna Torres como autor material de esa muerte. Lo que el caso prueba, y sobra para esta columna, es otra cosa. Un joven internado por su familia, con cuota pagada, muere asfixiado y golpeado en 72 horas dentro de un inmueble de la red que el Ayuntamiento de Tijuana financió con 7.2 millones de pesos. Los presuntos responsables no son un aparato clínico: son, según la propia fiscal, colaboradores formados en la misma lógica del anexo —internos convertidos en encargados—. El modelo que se vende como rescate reproduce, adentro, la violencia que dice combatir afuera. Y cuando la autoridad sanitaria entra a contar cabezas, ni siquiera encuentra el papel que dice que esas 84 personas quisieron estar ahí.
Los 7.2 millones y la prueba que nunca llegó
El 20 de marzo de 2026, el Ayuntamiento de Tijuana aprobó el programa “Rescate y Vida Nueva”, dentro del esquema “Salud para Todos”: 7 millones 200 mil pesos del Fideicomiso Fondos Tijuana, a razón de 8 mil pesos mensuales por beca, para 300 personas, en un periodo inicial de tres meses. Lo entregó el alcalde Ismael Burgueño Ruiz el 28 de abril; lo presentó el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Alejandro Montejo Peterson. La cuenta es exacta: 300 becas por 8 mil pesos mensuales durante tres meses suman los 7.2 millones completos, sin margen adicional. El plazo para el que se diseñó el programa se cumplió a finales de julio.
Al anunciarlo, Ismael Burgueño prometió que, en aproximadamente un mes, convocaría de nuevo para mostrar testimonios del antes y el después de los becados. “El apoyo a la ciudadanía no se politiza”, dijo. También negó que se tratara de privación de la libertad: las personas, afirmó, llegan por decisión propia o a través de sus familias, y el centro “cuida el esquema jurídico”. Cuatro meses después de la entrega —y ya con Richard Damián muerto dentro de un Jireh— ese corte de caja no se ha hecho público. Que el presupuesto se haya agotado no es, por sí mismo, sospechoso: son exactamente los tres meses para los que se diseñó. Lo que sigue sin explicarse es si los 300 becados concluyeron el tratamiento, cuántos lo abandonaron o “se fugaron” como Luis Miguel, si alguno de esos recursos tocó el inmueble de Melchor Ocampo, y si hubo una auditoría del fideicomiso.
El contraste de escala lo puso La Silla Rota al reportar que, según reconoció el Instituto Municipal contra las Adicciones —IMAC—, esos 7.2 millones representaban la mitad del presupuesto total que esa dependencia recibió en 2026 para atender adicciones, incluidos centros para mujeres y adolescentes. Mientras el Ayuntamiento concentraba millones en la Patrulla Espiritual, Cotrrsa —organización que atiende a menores con adicciones— denunciaba falta de fondos. El psicoterapeuta Alex Toledo señaló que la “clínica” que recibió el dinero carecía de registro ante la Secretaría de Salud. Desde enero de 2025, el secretario de Salud del estado, Adrián Medina Amarillas, y el Instituto de Psiquiatría del Estado —IPEBC— habían documentado incumplimiento de la NOM-028 y operación sin registro sanitario. La organización sí tenía alta ante el SAT y ante Bienestar como asociación civil. No es lo mismo.
Este medio presentó, por la vía de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, una solicitud formal al Ayuntamiento de Tijuana para conocer el ejercicio completo del programa. A la fecha de esta publicación, la respuesta sigue pendiente.
Los derechos que la ley ya reconoce
La pregunta de si una persona en situación de calle o con adicción pierde sus derechos no es retórica: la ley mexicana ya la responde. La Norma Oficial Mexicana 028 establece que el ingreso obligatorio a un centro de tratamiento solo procede cuando lo solicita la autoridad legal competente y lo justifica un examen médico previo, con protecciones reforzadas para menores de 16 años, y obliga a notificar cualquier internamiento involuntario al Ministerio Público dentro de las 24 horas siguientes. El ingreso involuntario, además, exige indicación médica y solicitud escrita de un familiar, tutor o representante legal. Los Lineamientos Nacionales para el Traslado Involuntario piden un equipo multidisciplinario —médico, psicólogo, consejero en adicciones— y reconocimiento oficial de la Comisión Nacional contra las Adicciones —CONADIC—. Nada de eso aparece en el modelo documentado de la Patrulla cuando decide Osuna Torres, en la calle, sin médico ni autoridad judicial de por medio.
El caso Damián no desmiente esa crítica: la agrava. Aquí sí hubo familia y pago. Aun así, la verificación de COEPRIS posterior a la muerte halló irregularidades precisamente en los mecanismos para acreditar el consentimiento de los internos. La forma legal y la forma real del internamiento no coinciden.
No es solo una lectura crítica: el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que depende de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos —CNDH—, visitó decenas de anexos en el país y encontró justo ese patrón —ingreso involuntario sin cumplir la norma, falta de personal especializado, ausencia de atención médica, psicológica y psiquiátrica. En Baja California, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el IPEBC ya habían señalado irregularidades en los centros Jireh, incluyendo posibles violaciones a derechos humanos y falta de permisos oficiales, antes de que estallara el caso más mediático de todos.
El expediente
El 16 de marzo de 2024, dos internos del centro Jireh en Pedregal de Santa Julia —identificados en la cobertura local como José Alejandro Ibarra, de 36 años, y Juan José de la Madrid, de 38— murieron a golpes. La policía interceptó una panel del propio centro que los trasladaba ya inconscientes; detuvo a ocho sospechosos. En enero de 2025, un video viral mostró a integrantes de la Patrulla golpeando a un hombre en la calle —Osuna Torres se disculpó públicamente— y, días después, un hombre de 42 años murió dentro de un centro afín; la autoridad lo atribuyó preliminarmente a causas de salud.
En 2025 y 2026 escaló el caso de Karime, una persona en situación de calle identificada por colectivos LGBT+ como mujer trans —en expedientes también como Karim Emanuel—, internada tras ser “intervenida” el 9 de mayo de 2026 y filmada mientras pedía que la dejaran ir. Le cortaron el cabello y la vistieron “de hombre”. Su madre la reportó como desaparecida ante la Fiscalía General del Estado. Un juez federal en Tijuana concedió el 18 de mayo una suspensión de oficio y de plano; Karime salió del centro. La fiscal María Elena Andrade Ramírez confirmó una denuncia formal por privación ilegal de la libertad —NUC 04/2026/14466—, con señalamientos adicionales de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género —ECOSIG—, prácticas ilegales tanto en Baja California como a nivel nacional.
Las camionetas de la organización circulaban con torretas y sirenas exclusivas de la policía sin autorización —la autoridad lo calificó de usurpación de funciones y lo turnó al Ministerio Público. El 8 de marzo de 2026, un ataque armado dejó dos hombres baleados en la entrada de la clínica Jireh; uno murió en el lugar, el otro en el hospital. Meses después, no hay detenidos ni móvil confirmado, aunque el estilo del ataque —motociclistas, huida inmediata— llevó a las autoridades a plantear como hipótesis un ajuste de cuentas, en una zona de Tijuana con aumento reciente de violencia del crimen organizado. Al menos cinco periodistas de Mexicali recibieron amenazas, algunas de muerte, tras cubrir las denuncias contra la organización.
El 1 de septiembre, con Richard recién muerto y los dos colaboradores ya detenidos, el patrón se desplazó a Playas de Rosarito. Reporteros de Tijuana Decide y Tijuana Línea Roja cubrían a Sandra Meléndez —la “Madrina Sandra”, titular de la clínica Jireh femenil— y a Gerardo Alexis Molina Lugo —el “Padrino Alexis”, representante legal de Jireh en el acto de los 7.2 millones—. En la comandancia de policía, según Nación321, UnoTV y Milenio, unos cinco hombres golpearon a Sergio Alberto Madero, de Tijuana Línea Roja, a puñetazos y patadas frente a elementos que no intervinieron a tiempo. ANPAC Baja California lo calificó de atentado a la libertad de expresión. Osuna se deslindó: dijo que los agresores no lo representan. Sandra Meléndez habló de un vehículo que los seguía y de ofensas. Las versiones están encontradas. Lo que no está encontrado es el dato: la golpiza ocurrió en una comandancia, con uniformados presentes, diez días después de un homicidio dentro de su red.
Sobre esa línea de sangre llega Richard Damián. Ya no es el patrón de la riña entre internos ni el de la muerte “por causas de salud” que se cierra en un parte preliminar. Es un homicidio con necropsia, dos vinculados a proceso, un prófugo, una madre nombrando a su hijo y una clínica suspendida. El expediente dejó de ser una suma de escándalos: es una secuencia.
La vacante y el ajedrez político
Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana, es miembro fundador de Movimiento Regeneración Nacional —Morena— en Baja California y fue el primer candidato del partido a la alcaldía en 2016, antes de perder ante el Partido Acción Nacional —PAN—. Es, sin ambigüedad, el padrino político de la Patrulla Espiritual: firma el financiamiento, se reúne públicamente con Osuna Torres, lo defiende en cada escándalo.
El 17 de junio de 2026, Burgueño anunció que pediría licencia para buscar la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación, rumbo a la gubernatura de Baja California en 2027. La licencia surtió efectos el 22 de junio; ese mismo día se registró en el proceso interno. La alcaldía morenista de Tijuana quedó, en los hechos, en manos de un suplente. Es exactamente el momento en que un partido necesita cuadros con arrastre propio y sin estructura que le dispute el control interno.
Sobre el propio Burgueño hay un antecedente que merece registrarse con cautela: en 2025 se reportó que era investigado por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, con señalamientos de vínculo al Cártel de Jalisco Nueva Generación —CJNG—, y que no se presentó a declarar cuando fue citado. Al anunciar su búsqueda de la gubernatura, Burgueño exhibió un oficio —según dijo, de la FGR, con fecha 26 de mayo de 2026— y declaró que no es objeto de ninguna investigación, y que hay un no ejercicio de la acción penal respecto de una denuncia anónima. Ninguna de las dos versiones está confirmada de forma independiente por esta columna.
El patrón no es exclusivo de Morena ni de Tijuana. En Mexicali, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN impulsa activamente la candidatura de Gustavo Macalpin, comunicador despedido de un canal de televisión en 2024, para construir un bloque opositor con Movimiento Ciudadano —MC— de cara a 2027. Antes de que lo cortejara el PAN, fue el propio Morena quien lo consideró para la misma alcaldía, hasta que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda prefirió a otro aspirante. No es que un partido haya inventado la práctica y el otro la copiara: es que ambos, por separado, llegaron a la misma conclusión sobre el valor electoral de una figura popular sin sustancia política propia.
No existe, hasta el cierre de esta columna, una nota que confirme un plan explícito para candidatear a Osuna Torres a la alcaldía de Tijuana. Esa posibilidad sigue siendo una hipótesis. Lo que ya no es hipótesis es el padrinazgo, la vacante, el arrastre de masas —este medio estimó en cerca de 600 los asistentes a la marcha en apoyo a la organización tras la liberación de Karime, frente al “alrededor de mil” o “dos mil” que difundió parte de la prensa— y el hecho de que el municipio le entregó, en un solo programa, la mitad del presupuesto anual del IMAC. Con Richard Damián en el expediente, heredar esa base ya no es solo un cálculo electoral: es asumir el costo político de un modelo que ya produce homicidios judicializados.
El personaje
Osuna Torres no rehúye hablar de dinero: lo usa como argumento de venta, citando costos de hasta 80 mil pesos mensuales del sector privado para justificar el valor de su propio servicio. Controla su propio relato antes de que alguien más lo haga —cada crisis, desde el video de la golpiza hasta la fuga del “chico del Oxxo”, la resuelve él mismo, en cámara. Acepta todo el beneficio de la cercanía política con Burgueño mientras insiste públicamente en que no tiene partido ni intención política —la posición exacta que necesita un aspirante que un partido quiera usar como plataforma sin cargar el costo de admitirlo. Y no se repliega ante el conflicto: confronta a policías, a diputados, a activistas, siempre en público, construyendo lealtad de base al mismo ritmo que acumula denuncias formales.
Sobre Richard Damián el patrón se desplazó diez días. Primero el canal siguió como si el muerto no existiera. El 31 de agosto, con dos detenidos ya en la carpeta, el nombre sí entró al púlpito: para no defender “lo indefendible” y para dejar el hecho en un sometimiento desafortunado. El 4 de septiembre el púlpito pidió a la gobernadora que no cerrara la clínica. Horas después, con el sello de Coepris en la puerta, el mismo púlpito dijo que no pasaba nada. El control del relato no es elocuencia. Es el último activo cuando ya no controla el inmueble.
Exposición legal
Sin diagnósticos que no corresponden a este espacio, esto es lo que sí está documentado como exposición legal directa: una denuncia penal formal por privación ilegal de la libertad, confirmada por la fiscal María Elena Andrade Ramírez, con señalamientos adicionales de ECOSIG; una citación por usurpación de funciones derivada del uso no autorizado de torretas y sirenas policiales, turnada al Ministerio Público; ocho personas detenidas como sospechosas del doble homicidio de 2024 dentro de sus instalaciones, sin que la autoridad haya señalado responsabilidad personal de Osuna Torres en ese hecho; dos hombres —Mario Antonio “N” y Anthony “N”— vinculados a proceso el 3 de septiembre por el homicidio calificado de Richard Damián Pimentel, con un tercero prófugo; la suspensión temporal, vigente al 7 de septiembre, de la clínica de Melchor Ocampo por COEPRIS, con 84 internos reubicados o entregados a familiares; la detención de un escolta de Osuna por portación de arma sin permiso; la denuncia pública de la golpiza del 1 de septiembre contra el periodista Sergio Alberto Madero en la comandancia de Playas de Rosarito, de la que Osuna se deslindó; y una investigación de la Fiscalía General del Estado que, según su propia titular, contempla establecer si se cometieron delitos adicionales dentro de la organización y si los colaboradores del homicidio tenían capacitación o contrato. En sentido inverso, dos policías municipales presentaron una denuncia por difamación en su contra. Lo que no se incluye aquí —una presunta inversión en huachicol en Sinaloa, mencionada en video sin liga verificable— permanece fuera por falta de fuente.
Capacidad económica y política
En términos de capacidad instalada, no es un predicador de barrio: en septiembre de 2024 declaró dirigir una organización con una nómina de aproximadamente 800 personas —en la misma entrevista en la que dijo atender a unas 500 personas con adicciones. Los números no cuadran entre sí: implicarían más gente “laborando” que internos atendidos. Repartiendo entre esos 500 internos lo que aportan los únicos que pagan —la mitad, según su propio esquema, a razón de 3,500 pesos de ingreso y 10 mil mensuales— el ingreso promedio por interno ronda los 5 mil pesos mensuales: unos 2.5 millones de pesos al mes en total. Pagarle el salario mínimo vigente en la Zona Libre de la Frontera Norte —ZLFN—, de 13,409.80 pesos mensuales, a 800 personas costaría cerca de 10.7 millones de pesos al mes: casi cuatro veces más de lo que producen esas cuotas, y más de lo que suman las cuotas junto con los 7.2 millones públicos, que además no son recurrentes.
La aritmética no permite que los 800 sean nómina real a salario legal. El patrón más consistente con el resto de esta investigación —y ahora con el propio expediente Damián— es que buena parte de esa cifra sean los propios internos convertidos en “encargados” sin sueldo, no empleados: mano de obra no pagada de la misma población que la organización dice rescatar. Los dos detenidos por la muerte de Richard encajan en esa descripción. El anexo no solo internó al paciente: lo puso bajo el control de quienes el sistema formó para contenerlo a golpes.
Opera al menos diez unidades entre Tijuana y Mexicali, con exploración de expansión hacia otros estados. En Mexicali, Salud y COEPRIS le han exigido requisitos que aún no cumplía para abrir. Su activo más valioso, sin embargo, no es inmobiliario: es el alcance digital —decenas de miles de seguidores, en algunas plataformas millones— y la capacidad demostrada de movilizar varios cientos de personas en una sola convocatoria. A eso se suma el acceso político transexenal, desde Monserrat Caballero hasta Ismael Burgueño. Esa combinación —financiamiento público, alcance mediático y acceso político, sostenidos en buena parte con mano de obra no remunerada— equivale, en capacidad real, a la de muchos aspirantes partidistas formales.
Por qué tanta violencia — y por qué lo protegen
La pregunta que deja el expediente no es retórica: ¿por qué alrededor de Osuna se acumulan homicidios, golpizas, un escolta armado sin permiso, amenazas a periodistas y disparos en la puerta? Y la que sigue: ¿por qué un alcalde con licencia, que juega la gubernatura, sigue atado a esa figura cuando el costo político ya es visible?
Hay una respuesta que no necesita cártel para sostenerse, y otra que sí lo necesitaría. La primera está documentada. La segunda, al 7 de septiembre, no.
La violencia no es un accidente del ministerio: es el método. El modelo vive de sacar gente de la calle por la fuerza, concentrarla en inmuebles cerrados y dejar la contención en manos de internos o exinternos sin sueldo formal ni capacitación. Richard Damián muere “apaciguado”. Los dos vinculados a su homicidio salieron de esa misma población. Las camionetas usan torretas de policía. Un hombre armado aparece el día del sello. Cuando el anexo se parece a una “cárcel chiquita” —la frase es del propio Osuna, en entrevista con Milenio— el resultado previsible no es un himno: es un parte. A eso se suma el escenario. Tijuana no es un set de TikTok. Las banquetas de donde “levantan tazos” son también plaza de menudeo. Cada intervención filmada humilla a alguien, mueve a alguien que debía una cuenta o saca de circulación a un consumidor que otros consideraban suyo. Los ataques a las puertas de Jireh —marzo de 2024, marzo de 2026— caben en varias hipótesis: vendetta, cobro, ajuste. Ninguna está judicialmente cerrada. Todas son compatibles con un grupo que se mueve como fuerza irregular en una ciudad donde las fuerzas irregulares se contestan a balazos.
¿Hay un negocio oscuro detrás, además de las cuotas, los lives y los 7.2 millones? Lo que sí está a la vista es opaco: nómina que no cuadra, internos convertidos en personal, consentimiento que Coepris no encontró, un escolta sin permiso. Eso ya es un negocio que opera en la sombra de la norma. Lo que no está a la vista —tráfico actual, huachicol vigente, plaza a nombre de un cártel— no aparece en carpeta pública con su nombre. Osuna ha dicho en entrevista que, cuando lo corrieron del IMSS en Sinaloa, malinvitió el finiquito “en la huachicoleada”. Es su propia boca, en pasado. Esta columna no convierte ese dicho en una red de hoy. Quien quiera probarla necesita cuentas, predios, facturas, no analogía.
La protección de Burgueño tampoco exige un pacto secreto para explicarse, aunque el pacto secreto siga siendo una pregunta legítima. Lo que el alcalde compra, y lo que ya pagó con presupuesto, es más prosaico y más útil: una solución visible al problema que más lastima la foto de una frontera. Gente en banqueta, consumo a cielo abierto, familias desesperadas. La policía no lo resuelve. Salud no tiene cupo. Osuna lo resuelve en cámara, con aplauso de quienes quieren internamiento involuntario y con una marcha cuando un juez suelta a Karime. Le entrega al municipio lo que el municipio no puede hacer sin costo legal: desaparecer de la calle a quien estorba. A cambio recibe dinero, respaldo y el beneficio de la duda. En diciembre de 2025, cuando municipales aparecieron en un video despojando a gente de la Patrulla, Osuna no rompió con el alcalde: lo agradeció. El 28 de abril de 2026, Burgueño firmó los 7.2 millones y dijo que el apoyo “no se politiza”. Se politizó al firmarlo.
¿Función especial, más oscura, para el proyecto de Burgueño? No hay documento que lo pruebe. Hay un patrón que autoriza a preguntarlo: un operador con base propia, capaz de movilizar, de exhibir, de intimidar en redes y —según la denuncia de Madero— de aparecer vinculado a una golpiza en una comandancia. Un alcalde que aspira a gobernar no suele atarse a eso por caridad. Se ata porque el personaje limpia, convence y rinde en voto moral. El riesgo es real: cada muerto dentro de Jireh se pega al padrino. Que Burgueño no se haya despegado, ni después de Richard ni después del sello de Coepris, dice más de la utilidad que de la ingenuidad. Utilidad no es lo mismo que encargo criminal. Quien afirme lo segundo, que lo pruebe. Quien niegue lo primero, que explique los 7.2 millones.
El lucro a costa de las vidas
Conviene decirlo sin rodeos: si el respeto a los derechos de la persona que hoy interviene ya es así de laxo —con cámaras encima, con una fiscalía investigando, con periodistas documentando cada abuso y con un joven asfixiado contra un colchón tres días después de que su familia pagara la cuota— no hay ninguna razón para esperar que ese estándar mejore dentro de un proyecto político, donde el poder solo amplifica lo que ya existe. Cada “levantón” filmado no es un efecto colateral de la labor social: es la estrategia misma para ganar popularidad, crecer en seguidores y, con ellos, en financiamiento y en capital político. Lo que se vende como rescate espiritual es, ante todo, la construcción de una base electoral que un partido querría heredar intacta.
No hay heroísmo posible en lucrar con un modelo de negocio que vive de las personas a las que dice salvar —y menos todavía cuando esas personas llegan con la voluntad y el juicio ya erosionados por la propia adicción, lo que las vuelve más fáciles de moldear, de exhibir en video y de convencer de que su condición es, ante todo, un problema espiritual y no clínico. Richard Damián no era un extra en un live. Era el hijo de Maru Zárate. Entró por la puerta que el alcalde señaló como la legal —la familia, la cuota, el tratamiento— y salió en una bolsa del Semefo. Esa asimetría —entre quien controla el relato y el dinero, y quien no está en condiciones de negarse, o de defenderse cuando lo “apaciguan”— es precisamente lo que la Norma Oficial Mexicana y los organismos de derechos humanos buscan corregir con exámenes médicos y equipos multidisciplinarios, y precisamente lo que este modelo evade.
Nada de lo anterior necesita el lenguaje del crimen organizado para sostenerse: la privación ilegal de la libertad, las muertes documentadas, el financiamiento público sin rendición de cuentas y la vacante política son, cada uno, hechos verificables por separado. Lo que los conecta es el mismo mecanismo que sostiene cualquier operación de protección: presentarse como la única salvación frente a un mal mayor, mientras el costo real —humano y económico— lo paga quien menos puede exigir cuentas.
Actualización
Corte al 7 de septiembre de 2026. Esta versión incorpora el homicidio de Richard Damián Pimentel (21 de agosto), las detenciones del 29 de agosto, el live de Osuna del 31 de agosto, la golpiza al periodista Sergio Alberto Madero el 1 de septiembre en Rosarito, la declaración de la fiscal Andrade del 3 de septiembre, la vinculación a proceso de esa misma noche, la suspensión de Coepris del 4 de septiembre —con la detención de un presunto escolta armado sin permiso, aún sin nombre público—, el traslado de 84 internos y los hallazgos de expedientes y consentimientos incompletos dados a conocer el 5 y 6 de septiembre.
Al cierre, Jireh de Matamoros permanece sellado; el plazo de cinco días que anunció Osuna para completar papeles vence el 9. Se mantiene como hipótesis —no como hecho confirmado— cualquier plan de candidatura de Osuna Torres. Donde Semefo y la narrativa de audiencia difieren en el mecanismo exacto de la asfixia, se atribuye cada versión a su fuente. Burgueño sigue en la contienda interna de Morena; no hay resultado público de la coordinación estatal al día de hoy.
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Con voz propia
