Ignacio García Martes, 18 de Junio del 2024, 14:31
Foro Público
Después del triunfo electoral del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en los comicios del pasado 2 de junio, en los cuales la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tendrá mayoría calificada en el Congreso de la Unión, el todavía presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retomó el tema de la eventual aprobación del “Plan C”, en el que se encuentra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), misma que establece que los magistrados y jueces deberán ser electos por voto popular, lo que evidencia un claro ejemplo de simulación política para la concentración de poderes.
Aunque al inicio del actual sexenio López Obrador se comprometió ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no arremetería en contra del Poder Judicial y que por primera vez en la historia reciente del país se les permitiría actuar con autonomía e independencia sin la intervención de la presidencia de la República, después de la renovación de la presidencia de la Corte a cargo de Norma Piña, quien tiene una postura contraria al mandatario federal, el jefe del Ejecutivo federal comenzó a pregonar sobre la importancia de una reforma a este poder.
Las diferencias entre el presidente López Obrador y la Corte cada vez fueron más intensas, pues en sus conferencias de prensa mañaneras constantemente criticó la corrupción en el Poder Judicial, misma que, dijo, impide que la ciudadanía tenga acceso a la justicia, además, acusó a los jueces y magistrados de defender más a los delincuentes que a las víctimas.
Este discurso fue efectivo al ejemplificar los casos de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno de Enrique Peña Nieto, acusada de participar en el desvío de más de cinco mil millones de pesos de la llamada “estafa maestra”, así como del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, señalado de recibir recursos económicos del crimen organizado, además de varios integrantes del crimen organizado que permitieron la libertad de “Don Rodo”, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”.
Así, la percepción de corrupción en el Poder Judicial de la Federación se ha incrementado desde la llegada de Norma Piña a la presidencia de la SCJN, lo que ha provocado que el mandatario federal insiste en la reforma para que quienes estén al frente de las decisiones jurídicas sean personas electas por el voto popular, lo cual, según los especialistas en materia jurídica, representa un grave riesgo de concentración de los poderes y del uso político de la Corte.
Si bien López Obrador se ha convertido en el presidente con más ministros de la Corte afines en este siglo, aún no cuenta con la mayoría suficiente para que sus propuestas sean aprobadas en el pleno de la misma, por lo cual su principal objetivo consiste en depurar a ésta para que no sean las personas más preparadas quienes desempeñen esos cargos, sino que ocurra a través del voto popular.
A diferencia de los otros dos poderes que tienen un componente político y sus representantes son elegidos por voto popular, en el caso del Poder Judicial su configuración se origina de la necesidad de contar con entes imparciales que sean los responsables de la impartición de justicia y garantizar el cumplimiento del marco constitucional.
Diversos colegios de abogados como la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, el Colegio de Abogados, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, así como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial han considerado que esta reforma judicial implica un retroceso en los avances en materia judicial que se habían alcanzado, para priorizar la separación del componente político sobre el jurídico.
Los juristas han reiterado en varias ocasiones que esta reforma lacera los intereses del principio de impartición de justicia, pues en la propuesta presidencial no se consideran ni las formas ni la organización de los comicios para que la ciudadanía pudiera elegir a los jueces y magistrados, así como del gasto que implicaría la elección de los mismos.
Además, como ha sido en la tradición política mexicana, el hecho de que un partido político que domina dos de los tres poderes ahora pretenda “legitimar las funciones del Poder Judicial” puede socavar los principios democráticos, pues estas personas que pudiesen ser electas podrían ser impulsadas por el propio partido en el poder, aunado a que no necesariamente tendrían el conocimiento en la materia y sería peligroso para la impartición de justicia, como ha acontecido recientemente con Lenia Batres, recién nombrada ministra de la Corte por López Obrador, y quien no tiene las credenciales académicas ni profesionales para desempeñar ese cargo, pues sus participaciones en las sesiones públicas han sido tan desafortunadas que ha sido exhibida por los expertos en Derecho.
Una reforma es necesaria, pero tendría que estar orientada a impulsar un Servicio Profesional de Carrera que priorice la experiencia profesional, preparación académica y sentido ético para desempeñar las funciones más relevantes en la impartición de justicia, y con ello podría garantizarse el cumplimiento constitucional y sobre todo el alejamiento del componente político en sus decisiones.
Nota aparte: Morena anunció que organizará foros parlamentarios para abordar la reforma al Poder Judicial, sin embargo, parece más un proceso simulatorio que un ejercicio real de discusión, pues finalmente la mayoría se impondrá para reformar a este poder, misma que podría ocurrir antes de que finalice este año.