La respuesta es a los intentos del expresidente Trump de reducir significativamente el tamaño del gobierno federal.
Los Angeles (EE.UU ), 9 may (EFE).- Una jueza de California bloqueó este viernes durante dos semanas los planes de despidos masivos y cierres de programas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una orden de emergencia.
En el fallo la jueza Susan Illston, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de California, ordenó al gobierno pausar los despidos masivos, así como los esfuerzos para cerrar oficinas y programas, lo cual, según la jueza, es ilegal sin la autorización del Congreso, de acuerdo con The New York Times.
«Es prerrogativa de los presidentes impulsar nuevas prioridades políticas e imprimir su sello al gobierno federal (…) Pero para realizar reformas a gran escala en las agencias federales, cualquier presidente debe contar con la ayuda de su rama coigual y socia, el Congreso”, indicó la jueza Illston en una orden de 42 páginas.
Esta decisión responde a una demanda presentada por sindicatos laborales y varias ciudades, quienes argumentan que los recortes propuestos afectarían servicios públicos esenciales y se implementaron sin seguir los procedimientos legales adecuados.
La orden bloquea específicamente un decreto ejecutivo de Trump y un memorando del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, que buscaba reducir el personal de agencias clave como Salud y Servicios Humanos, Agricultura, Energía, Trabajo y la Administración del Seguro Social.
Despido de miles de empleados
Por su parte, los sindicatos y organizaciones que respaldan la demanda argumentan que el presidente no tiene la autoridad para tomar esas decisiones sin la intervención del poder legislativo.
A principios de este año, la Administración de Trump despidió a miles de empleados en período de prueba, pero se espera que la fase actual recorte a cientos de miles de funcionarios.
A principios de abril, el Departamento de Salud y Servicios Humanos despidió a 10.000 empleados. Esta decisión forma parte de una serie de desafíos legales a los esfuerzos de Trump por reducir lo que él califica como un gobierno “inflado y costoso”.
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