A pesar de las estrictas restricciones impuestas por la administración de Trump para el asilo, los migrantes siguen en tránsito a EEUU.
Por Tim Sullivan
Llegan a la frontera de Estados Unidos desde todas partes del mundo: Eritrea, Guatemala, Pakistán, Afganistán, Ghana, Uzbekistán y muchos otros países. Vienen en busca de asilo, asegurando que enfrentan persecución por su religión, su orientación sexual o por apoyar a los políticos equivocados.
Durante generaciones, se les había dado la oportunidad de presentar su caso ante las autoridades estadounidenses. Ya no.
“No nos dieron un oficial de ICE con quien hablar. No nos dieron una entrevista. Nadie me preguntó qué pasó,” dijo un funcionario electoral ruso que solicitó asilo en Estados Unidos después de que, según relató, fue sorprendido con grabaciones en video que documentaban fraude electoral. El 26 de febrero fue deportado a Costa Rica junto con su esposa y su pequeño hijo.
El 20 de enero, justo después de jurar su segundo mandato, el presidente Donald Trump suspendió el sistema de asilo como parte de su ofensiva más amplia contra la inmigración ilegal, emitiendo una serie de órdenes ejecutivas diseñadas para detener lo que él denominó la “invasión” de Estados Unidos.
Lo que los solicitantes de asilo encuentran ahora, según abogados, activistas e inmigrantes, es una situación confusa y cambiante, con pocas reglas claras, donde algunas personas pueden ser deportadas a países que no conocen tras breves conversaciones con funcionarios migratorios, mientras que otras permanecen detenidas durante semanas o meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Abogados que trabajan frecuentemente con solicitantes de asilo en la frontera dicen que sus teléfonos han dejado de sonar desde que Trump asumió el cargo. Sospechan que muchos de los que cruzan son expulsados de inmediato sin tener oportunidad de solicitar asilo, o son detenidos mientras esperan una evaluación bajo la convención de la ONU contra la tortura, la cual tiene requisitos más estrictos que el asilo.
“No creo que nadie tenga del todo claro qué ocurre cuando las personas se presentan y piden asilo,” dijo Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigio Estratégico.
Las restricciones enfrentan desafíos en los tribunales
Una maraña de demandas, apelaciones y contrademandas ha inundado los tribunales mientras la administración Trump se enfrenta a activistas que argumentan que las amplias restricciones migratorias colocan ilegalmente en peligro a personas que huyen de la persecución.
En una batalla legal clave, se espera que un juez federal decida si los tribunales pueden revisar el uso que hace la administración del concepto de “invasión” para justificar la suspensión del asilo. Aún no hay fecha para ese fallo.
El gobierno ha sostenido que su declaración de invasión no está sujeta a revisión judicial, calificándola en un momento dado como “una cuestión política irrevisable”.
Pero organizaciones defensoras de los derechos humanos, encabezadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), calificaron el decreto como “tan ilegal como sin precedentes”, en la demanda presentada en una corte federal en Washington, D.C.
Los cruces ilegales de la frontera, que se dispararon durante los primeros años del presidente Joe Biden —alcanzando cerca de 10,000 arrestos diarios a finales de 2024—, disminuyeron significativamente en su último año de mandato y cayeron aún más tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Sin embargo, más de 200 personas siguen siendo arrestadas cada día por cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos.
Algunas de ellas buscan asilo, aunque no está claro si alguien sabe con certeza cuántas.
Paulina Reyes-Perrariz, abogada principal de la oficina de San Diego del Immigrant Defenders Law Center, señaló que su despacho solía recibir entre 10 y 15 llamadas diarias sobre casos de asilo tras las restricciones implementadas por Joe Biden en 2024.
Desde el 20 de enero, esa cifra ha caído prácticamente a cero, con solo un puñado de llamadas en total.
Además, agregó, los abogados no saben cómo manejar los casos bajo las nuevas normas. “Es muy difícil asesorar a las personas cuando no sabemos cuál es el proceso,” dijo Reyes-Perrariz.
Hicieron “todo bien”
Nada de esto se lo esperaba un hombre ruso que pidió no ser identificado por temor a represalias si es deportado a Rusia. “Nos sentimos traicionados”, dijo el hombre de 36 años. “Hicimos todo bien.”
La familia había seguido cuidadosamente las reglas. Viajaron a México en mayo de 2024, rentaron un pequeño apartamento cerca de la frontera con California y esperaron casi nueve meses para obtener una cita para su entrevista de asilo.
El 14 de enero recibieron la notificación: su entrevista sería el 2 de febrero. Pero el 20 de enero, el día en que Trump asumió su segundo mandato, la entrevista fue cancelada.
Momentos después de que Trump asumiera el cargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) anunció que había eliminado el sistema utilizado para programar entrevistas de asilo y cancelado decenas de miles de citas ya agendadas.
No se ofreció ningún mecanismo de apelación.
La familia rusa se dirigió a un cruce fronterizo en San Diego para solicitar asilo, donde, según relataron, fueron detenidos por las autoridades.
Unas semanas más tarde, fueron trasladados en avión a Costa Rica, esposados y encadenados junto con otros migrantes. Solo los niños fueron dejados sin grilletes.
Otros países como escala para deportaciones
La administración Trump ha intentado acelerar las deportaciones utilizando países como Costa Rica y Panamá como “puentes”, donde los migrantes son detenidos temporalmente mientras esperan ser enviados a sus países de origen o a terceros países.
A principios de este año, unos 200 migrantes fueron deportados desde EEUU a Costa Rica y aproximadamente 300 a Panamá.
Para quienes apoyan un control migratorio más estricto, el sistema de asilo siempre ha estado plagado de reclamos exagerados por parte de personas que, según ellos, no enfrentan peligros reales. En los últimos años, aproximadamente entre un tercio y la mitad de las solicitudes de asilo fueron aprobadas por jueces.
Incluso algunos políticos que se consideran proinmigración admiten que el sistema ha sido objeto de abuso.
“La gente en todo el mundo ha aprendido que puede pedir asilo y quedarse en EEUU indefinidamente mientras se resuelve su caso,”
escribió el excongresista Barney Frank, un veterano demócrata, en el Wall Street Journal el año pasado, defendiendo el endurecimiento de las políticas de asilo por parte de Biden ante la avalancha migratoria.Un futuro incierto
Muchos de los inmigrantes con los que llegaron ya han abandonado el centro de detención en Costa Rica donde fueron recluidos inicialmente, pero la familia rusa ha permanecido. El hombre no puede imaginar regresar a Rusia y no tiene a dónde más ir.
Él y su esposa pasan los días enseñándole ruso —y un poco de inglés— a su hijo. Organiza partidos de voleibol para mantener ocupadas a las demás personas detenidas.
No guarda rencor hacia Estados Unidos. Entiende que la administración quiera combatir la inmigración ilegal. Pero, señala, él enfrenta un peligro real. Siguió todas las reglas y no comprende por qué no tuvo la oportunidad de presentar su caso.
Lucha contra la desesperanza casi a diario, sabiendo que lo que hizo en Rusia —documentar fraude electoral— llevó a su familia a esta situación.
“Les fallé,” dijo. “Lo pienso todos los días: les fallé.”
