México, sumido en la violencia y el crimen organizado
Manifestación contra la violencia en México. Foto de archivo en la red.

Alfredo Griz Cruz

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El Gobierno de México prefiere proteger y encubrir al narcotráfico en vez de combatirlo, y quiere el respaldo ciudadano para hacer un frente contra Trump.

El problema no es Trump o EEUU, el problema es el narcotráfico, y alza de aranceles para Estados Unidos afecta más a México que al país del norte.

Despacho 14

El violento oficio de escribir

Por Alfredo Griz

Un verdadero desastre en materia de seguridad pública y una marejada de incertidumbre en materia de política exterior han sido los primeros meses de gestión de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de México. Sin embargo, esto permite hacer una lectura preliminar de los resultados en materia de seguridad. Sin duda alguna, y aunque lo nieguen, uno de los asuntos más importantes para el Ejecutivo, que está muy consciente de la importancia de amparar un cambio radical y no la política de “abrazos y no balazos”, no es la violencia desmedida, las matanzas frecuentes y todos los homicidios que últimamente han escandalizado a todo el país. Ahora también es imperante y urgente el régimen delictivo imperante en literalmente todo el país, un país donde la extorsión ya se ha convertido en una forma de convivencia obligatoria, y el crimen es quien define la agenda en materia política y económica.

La autoridad mantiene una narrativa que no ha cambiado mucho respecto al sexenio anterior. La presidente Claudia Sheinbaum, en lugar de acciones concretas y tangibles, solamente ha atinado a soltar el mismo discurso que empleó su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, caso de “abrazos, no balazos”.

En ese tenor, la presidente menciona de forma muy continua y, sobre todo, en hechos de violencia, que no son pocos, que uno de los puntos más importantes de su estrategia es la atención a las causas de la violencia, lo que demuestra que no tiene un verdadero plan de seguridad o tal vez no le importe, pues es un vil “copia y pega” de la administración anterior.

La única diferencia en esa llana narrativa son únicamente dos palabras: “inteligencia” e “investigación”, lo que para ella y a su entender, puede replicar los buenos resultados que obtuvo como jefa de gobierno de la capital entre 2019 y 2023.

Los indicadores y las estadísticas nos demuestran que en los primeros meses las diferencias entre una administración y otra son notables, al menos en lo que refiere a la cantidad de operativos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad y los resultados obtenidos.

Estadística del 17 de diciembre de 2024, con tres meses de gobierno de Sheinbaum.

Es importante mencionar que la presencia de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los cambios constitucionales para elevar a coordinador de la estrategia de seguridad y el volumen e importancia que ha ganado en estos meses la dependencia a su cargo y otras periféricas, caso del Centro Nacional de Inteligencia, dominan el campo de juego, pero también hacen que, peligrosamente, todo el tema de la seguridad, los servicios de inteligencia y el poder legal que le han otorgado a este personaje, vuelva a la Secretaría de Seguridad Pública, en un ente sumamente represivo.

Pero, pese a esto, no ha habido cambios en materia de asesinatos y registros de personas desaparecidas. Ha sido evidente que en los primeros meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, los números y las estadísticas no cambian, y en ese contexto de violencia que ha sido heredado por Andrés Manuel López Obrador y que ahora se ha tornado más grave.

La organización México Evalúa destaca que la principal preocupación de la mandataria es la “violencia político-criminal”, que define como “agresiones letales y no letales en contra de funcionarios públicos y políticos, por parte del crimen organizado”. Reconociendo plenamente que existe una relación muy estrecha entre el narcotráfico y la grey política de México, pero ante las acusaciones del presidente del vecino país del norte, Donald Trump, señala que dicha relación no existe.

Armando Vargas, quien dirige dicha organización, señala de manera categórica que, más allá de ataques a funcionarios, este tipo de violencia es sintomática de lo que nosotros llamamos régimen criminal, es decir, territorios donde el crimen establece reglas a nivel político, económico y social, la mayor expresión de la anulación del poder del Estado a nivel territorial, e imposición del poder criminal, siendo este el síntoma de fracaso de la política del expresidente López Obrador.

El experto menciona que, en diciembre, se presentó un balance de los años de López Obrador, en el que se concluyó que, pese a los claroscuros y las tendencias a la baja, el sexenio había sido un fracaso.

En ese tenor, sigue el experto que, por un lado, se registró más violencia (asesinatos, secuestros, extorsión, expansión de la violencia político-criminal), y por otro, menguaron las capacidades institucionales, se vivió un estancamiento de las fiscalías, del sistema carcelario y de las policías locales. Es decir, también en lo que va de este sexenio, eso es un verdadero fracaso.

La duda que ahora asalta es: ¿qué resultado obtendrá el gobierno, a medio y largo plazo, de su vertiginosa actividad en estos primeros meses? ¿Tanta detención y decomiso apuntan a un cambio verdadero en el territorio? Porque la embestida recuerda irremediablemente a otras anteriores que, a la larga, dejaron las cosas igual o peor. El caso del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) contra Los Zetas, principalmente en el noreste, pero también en el Golfo de México y en el corredor central hacia Michoacán, es el ejemplo perfecto. Los Zetas quedaron disminuidos, pero los territorios donde funcionaban –la frontera de Tamaulipas, partes de Nuevo León, Veracruz y Michoacán– viven precisamente ese régimen criminal que denuncia México Evalúa.

Es decir, no se ha solucionado nada respecto a la criminalidad, ha aumentado la relación política con el crimen organizado, los niveles de violencia son mayores a los del sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pues, en la práctica y para disminuir un poco la tensión con los Estados Unidos, iniciaron una guerra con el narcotráfico, pero en el discurso dicen que no, ocasionando que la violencia se exacerbe, se ponga peor la inestabilidad política, pero, en el discurso, estamos bien y seguiremos abrazando y no tirando balazos.

Y, por otro lado, ¿cómo se traducirán las capturas realizadas en términos de procesos judiciales y sentencias? No es ningún secreto a estas alturas que la capacidad de las fiscalías para hacer justicia resulta marginal. Las fiscalías están disminuidas, con muy poca credibilidad y con una relación muy estrecha con el propio crimen organizado. Ante esto, los niveles de impunidad en delitos del fuero común y federal superan en general el 90%.

Entonces, en la práctica, esta supuesta nueva estrategia deja muy claro que le falta una visión integral de la violencia. Después de la presión de la DEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de manera inmediata el gobierno federal de México se está concentrando mucho en la violencia homicida, asociada sobre todo al conflicto en Sinaloa.

Esto generó que falte esa visión integral que vea otras violencias, como la extorsión, el secuestro, el robo, por poner un ejemplo. Pero, además, esa hiperconcentración del Estado en Sinaloa descuida a otras entidades, como Chiapas, Veracruz y Tabasco, por mencionar algunas. Aquí, entonces, el problema es que, frente a la coyuntura que plantea la llegada de Donald Trump, los reacomodos derivados del conflicto en Sinaloa y la elección judicial de junio, en un contexto de régimen criminal, la estrategia pueda hacer agua a largo plazo.

Pero en ese contexto, a Claudia Sheinbaum se le juntó el lavado con el planchado. Por un lado, tiene el grave problema de la inseguridad, el narcotráfico y la violencia desmedida en un país que comparte y gobierna junto al crimen organizado. Por el otro lado, Estados Unidos le retiró más de 300 millones de dólares en ayuda para combatir el narcotráfico, dinero que, obviamente, y queda muy claro, no era utilizado para esos fines. La narrativa de Donald Trump pareciera que es el clásico perro que ladra pero no muerde, pero este ladra y muerde y muerde muy duro. El ejemplo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue evidente y en México no pusieron las barbas a remojar.

Ahora, el gobierno de México tiene un problema mucho mayor: el alza del 25% en aranceles a diversos productos mexicanos. Nos afectará muy fuerte en la economía, sobre todo a los empresarios que exportan al vecino país del norte. El alza de los aranceles por parte de México a productos norteamericanos nos afectará también a los mexicanos, pues esos productos que compramos y consumimos también aumentarán su valor y la gran mayoría son productos que no se generan en nuestro país. Es decir, por donde la veamos, ante eso estamos jodidos. Pero el embate fue precisamente por el tema del narcotráfico y la migración, problemas que van de la mano.

Ahora, el gobierno llama a la unidad y hacer frente a los embates del vecino país del norte, cuando el problema no es Donald Trump o los Estados Unidos. El problema es el narcotráfico y su injerencia en la política mexicana. El problema no son los aranceles, el problema es que México es un estado fallido, con un gobierno que prefiere proteger al crimen organizado y dividir al país, pero a la hora de la verdad, llama a la unidad, cuando desde hace más de seis años polarizaron todo y estrecharon lazos con el narcotráfico. Menudo dilema para México, donde los perdedores seremos la población en general, no el narco ni los políticos en el poder.

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