Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 28 de Septiembre del 2026, 00:10
Índices globales permiten comprender por qué, sin negar la responsabilidad de la Iglesia Católica en la crisis de abuso, autoridades de América Latina también fallan.
Datos de los índices de Estado de Derecho y de Paz Global ayudan a comprender cómo fallan los países de América Latina a las víctimas de abuso y otros crímenes.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Durante las últimas dos semanas, esta serie presentó los escandalosos detalles del abuso y lo que lo explica en los Heraldos del Evangelio, una organización similar a una orden católica conocida mundialmente por su nombre original en portugués, Arautos.
A diferencia de otras organizaciones similares nacidas en España o México, países con un claro historial de conflicto entre la Iglesia y el Estado, los Arautos surgieron en Brasil, un país libre de esos conflictos. Aunque la Iglesia Católica ya no goza de los privilegios que tenía cuando Brasil era parte del Imperio portugués, nunca se ha visto amenazada como ocurrió en México y España en la primera mitad del siglo XX.
Nada de eso ocurrió tampoco en Perú ni en Argentina y, sin embargo, tal como sucedió con los Arautos en Brasil, el Sodalicio de Vida Cristiana en Perú y el Instituto del Verbo Encarnado en Argentina surgieron con cierto grado de cooperación de los obispos locales de cada uno de esos países, al presentarse como una suerte de vanguardia para proteger a la Iglesia Católica de sus propias élites “liberales” y de sus “enemigos”.
Más tarde, a pesar de las tempranas advertencias sobre comportamientos depredadores y abusivos, todas ellos recibieron la bendición de Roma en el contexto del “Nuevo Pentecostés” que Germán Doig, uno de los fundadores del Sodalicio, proclamó en los años noventa para alabar la generosidad de Juan Pablo II hacia ellos y hacia muchos otros movimientos con enfoques y prácticas de corte sectario.
En lo que respecta a los Arautos, Juan Pablo II los legitimó en 2001, en un momento en que el Instituto del Verbo Encarnado ya había sido objeto de tres visitas apostólicas y la Conferencia Episcopal Argentina solicitaba a Roma la supresión de dicho instituto.
Lo más preocupante es que Juan Pablo II bendijo a todas estas organizaciones a pesar de las múltiples advertencias emitidas a finales de los años ochenta y a lo largo de los noventa en el mundo hispanohablante por figuras como José María Mardones y en el ámbito angloparlante por Andrew Greeley, entre otros, y después de que Jason Berry ya hubiera destapado muchas de las prácticas abusivas y corruptas de la Legión de Cristo, y casi al mismo tiempo que The Boston Globe publicaba los detalles de lo sucedido en la arquidiócesis de Boston.
La responsabilidad de la Iglesia Católica es innegable. Basta con leer la carta enviada a León XIV por algunas de las víctimas de Marko Rupnik, expulsado por los jesuitas de la que fue su orden, pero aún sacerdote, pocos días antes de su viaje a Francia.
Ellas, como tantas víctimas de otros casos, se quejan del proceso laberíntico, los retrasos y el absurdo de que los jesuitas ya hayan expulsado a Rupnik mientras él sigue siendo sacerdote, así como de los efectos de la incapacidad de la Iglesia Católica para "fijar una postura" cuando se trata de aplicar realmente sus propias reglas en materia de abuso. Lo hicieron en un momento en que no hay indicio alguno de cómo ni cuándo terminará el segundo juicio canónico de Rupnik.
En Francia, las víctimas al menos pueden percibir cierto decoro por parte de la Iglesia Católica. Antes de que las víctimas de Rupnik entregaran su carta abierta, el obispo de Tarbes y Lourdes, diócesis donde se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, decidió retirar por completo o, al menos, cubrir de manera permanente los mosaicos de Rupnik como un gesto práctico y concreto que reconoce el dolor que dichos mosaicos causan a las víctimas en general, y más a las que aún son católicas.
Por más contradictoria que sea la actitud de la Iglesia Católica con respecto a Rupnik y a otros casos, se debe recordar el refrán: “tanto peca quien mata la vaca como el que le detiene la pata”. Es decir, por muy malo que sea el desempeño de la Iglesia Católica al lidiar con sus monstruos, resulta imposible descartar el papel de las autoridades.
Sea en México, Nueva York, Madrid o Río de Janeiro, una víctima entra a la crisis de abuso sexual por las puertas de las parroquias o colegios de la Iglesia Católica y, en algún momento, intenta salir por las de las fiscalías o procuradurías.
De lo contrario, no habría forma de explicar por qué la crisis de abuso sexual aún ofrece esta “historia de dos ciudades” con soluciones claras, sea en tribunales penales o civiles, o mediante acuerdos relativamente transparentes en Estados Unidos, Canadá, Australia y un puñado de países europeos, mientras que, en América Latina, aunque autoridades como la fiscal brasileña Catharina Verboonen reconozcan que los delitos ocurrieron, no se hace nada concreto para enfrentarlos.
Esto cobra mayor relevancia si se considera que, aunque la definición de lo que constituye un abuso pueda ser bastante similar en Montreal, Buenos Aires, Lyon o Lima, la manera en que las autoridades abordan los detalles específicos de dicho abuso es drásticamente distinta.
Es verdad que la Iglesia Católica es la que, gracias a las fallas de sus procesos, convierte a sus fieles en víctimas al autorizar organizaciones cuyo “éxito” depende de prácticas sectarias y depredadoras, como el aislamiento o el silenciamiento de las víctimas, de sus aliados y de cualquiera que se atreva a criticar su actuación.
Sin embargo, una vez ocurrido el abuso, la mayoría de las víctimas se enfrentan a una opción: o bien siguen un procedimiento estrictamente canónico o eclesial, o bien siguen un procedimiento civil, e incluso algunas recorren ambos caminos.
En cuanto a los procedimientos eclesiales, como lo han demostrado entregas previas de esta serie en México y el resto de América Latina, el proceso es de naturaleza secreta y, salvo contadas excepciones, deja a las víctimas muy insatisfechas.
Investigaciones
Izcalli, ¿la tercera es la vencida?
En 2025, el texto enlazado antes de este párrafo abordó el más reciente de una serie de casos de víctimas menores de edad masculinas en la diócesis de Izcalli, en la periferia de la Ciudad de México; mientras que el texto enlazado después de este párrafo trata sobre una monja mexicana cuyo caso no avanza en los últimos dos años.
Más recientemente, esta serie reveló el caso de un varón adulto que, tras la pandemia, buscó ayuda con el cura de la parroquia a la que se acababa de mudar en la Ciudad de México y solo encontró abusos, agravados por la forma en que la Arquidiócesis de México ha gestionado su caso.
Investigaciones
Varones adultos, la narrativa de abuso más difícil
El panorama en América Latina en general no es muy distinto. Si bien algunos casos en la región, tanto en Argentina como en Chile, llegan a juicio, chocan contra la misma pared en la que se estrellaron los casos de los Arautos cuando el memorando de Verboonen admitió que algo terrible había sucedido, pero reconocía la futilidad de todo el proceso, ya fuera por prescripción o porque la legislación brasileña tiene límites estructurales para procesar a organizaciones dedicadas a prácticas depredadoras.
La prescripción de los delitos fue un elemento clave en el artículo sobre el exjesuita chileno Felipe Berríos (véase arriba) y, más recientemente, la razón por la que Hernán Rausch, un sobreviviente argentino de abusos ocurridos en el siglo XX, forma parte de una demanda colectiva que busca justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El propio Rausch publicó recientemente un artículo de opinión en un medio argentino donde habla de casos argentinos más recientes en los que se ha utilizado la prescripción para justificar fallos que reconocen parte de los reclamos de las víctimas, pero las dejan con poco o nulo acceso real a la justicia.
El argumento de Rausch es similar al que emerge en textos publicados por víctimas en toda América Latina, donde se admite que hay problemas, pero no se ofrece acceso efectivo a la justicia:
- Es una cuenta pendiente crear comisiones de seguimiento y contención de parte de la Nación para víctimas de maltrato y daño infantil, con inevitables ocultas secuelas, que perjudican el desarrollo de la vida. Eso sin dejar de lado el carácter urgente de tratar nuevamente en el Congreso la temática de prescripción: los delitos de abuso sexual no deben prescribir, el afectado y damnificado denuncia a su agresor cuando puede, no cuando quiere, es dificultoso y requiere mucho esfuerzo hablar y contar detalles de las circunstancias vividas y transitadas.
La situación no es diferente cuando se revisan los numerosos casos en las casas de los Arautos. Las víctimas iniciaron lo que se les presentó como un viaje espiritual, con promesas de vida eterna, resurrección y la oportunidad de alcanzar la perfección espiritual, el cual terminó para muchas de ellas en un laberinto de denuncias y correos electrónicos enviados a Roma, a los Arautos o a las autoridades brasileñas.
Como en otros países, las víctimas de los Arautos —brasileñas, canadienses o de otras nacionalidades— se ven obligadas a salir por la puerta de las fiscalías una vez que la promesa del viaje espiritual se ha quebrado, pero con muy pocos o nulos recursos a su alcance.
Por eso el Arquivamento de Verboonen, la orden de cerrar el expediente de los Arautos enviándolo al archivo muerto, disponible como PDF después de este párrafo, resulta tan relevante para entender qué falla en América Latina y por qué, como dice el dicho, “tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata”.
Memorándum de Verboonen. Original en portugués después de la traducción en español.
Sí, la indiferencia de las conferencias nacionales de obispos, desde México hasta Chile o Argentina, para seguir cualquiera de los ejemplos disponibles en Francia o España resulta alarmante. Pero lo es en la misma medida que el desinterés de los congresos nacionales y locales, poco dispuestos a seguir el ejemplo de las legislaturas estatales de California y Nueva York mediante las llamadas ventanas retroactivas (look-back windows) promulgadas antes de la pandemia.
Como suele ser, hay excepciones, como la reciente publicación de un informe que la Arquidiócesis de Panamá encargó a la Universidad de Notre Dame. A pesar de haberse limitado a los últimos 25 años, sugiere patrones que ya están presentes en países con estudios más exhaustivos.
Por admisión de la propia arquidiócesis panameña, se tienen registros de denuncias de 37 casos, más de uno por año. El informe señala que sólo en 24 de esos 37 casos existiría algún tipo de responsabilidad institucional.
Por más limitada que sea esa muestra de casos, sirve para demostrar que la crisis de abuso sexual a manos del clero no concierne únicamente a menores de edad, lo que coloca otro clavo en el ataúd del pánico moral impulsado por Benedicto XVI sobre la crisis como el resultado de una especie de “invasión” de monstruos pedófilos y monosexuales que traicionaron la confianza de la Iglesia Católica.
Basta observar cómo solo nueve de los 24 casos involucran a menores; once son adultos definidos por la Iglesia Católica como “vulnerables”, con cuatro casos sin edad de la víctima. Más revelador aún es que, de esos 24 casos, sólo cinco derivaron en la expulsión del estado clerical o secularización de los sacerdotes involucrados.
Sólo siete de los 24 casos cuentan con expedientes completos, y sólo en dos de esos siete existe una resolución final por escrito. De forma aún más elocuente, los autores del estudio describen una “cultura administrativa que no deja registro escrito”. Habrá más detalles sobre los resultados de Panamá en una próxima entrega de esta serie.
Es importante considerar que el estudio en Panamá fue posible porque representaba un riesgo controlado. La Iglesia Católica en Panamá conserva cierta protección y patrocinio del gobierno nacional, y el estudio fue realizado por la universidad católica estadounidense por excelencia.
No se trató de algo similar al Reporte Sauvé en Francia, ni a los informes que las diócesis alemanas han publicado en los últimos cinco años; y, a diferencia de España, donde el Defensor del Pueblo estuvo a cargo de una evaluación preliminar de la situación y del mecanismo posterior para atender los casos y las eventuales indemnizaciones, en Panamá no hubo autoridad o institución oficial involucrada.
Por todo ello, se hace necesario volver a la orden de Verboonen de archivar la investigación sobre los Arautos y evitar verla como la simple decisión de una fiscal brasileña que cierra un caso.
A lo largo de sus páginas, Catharina Verboonen reconoce expresamente que ocurrieron hechos graves. Reconoce violaciones a los derechos humanos y califica las prácticas de reprimibles. No dice que las acusaciones sean absurdas o inventadas. Y, sin embargo, el documento termina en el mismo punto: no hay rendición de cuentas.
El documento es casi una reflexión sobre la incapacidad institucional en América Latina, un reconocimiento de lo débil que es allí el sistema de justicia para procesar adecuadamente los casos de abuso sexual, clericales o de otra índole, y para efectos prácticos, muchos otros delitos, como lo demuestra la existencia de un expediente físico y digital de casos en los que Verboonen se ha visto obligada a aplicar un razonamiento similar.
A principios de marzo, Verboonen utilizó un argumento semejante para archivar una investigación en la que un funcionario del gobierno brasileño usó un documento falso para identificarse, según consta en reportajes de medios locales (contenido en portugués). Con suficiente tiempo y paciencia para revisar la prensa brasileña, se encontrarían otros casos similares en los que las autoridades terminan reconociendo los límites estructurales de la ley y del diseño institucional brasileño para ir más allá.
En el caso de los Arautos, el mensaje implícito es inquietante porque las autoridades no están diciendo que el abuso no haya ocurrido. Una respuesta así sería más fácil de combatir, ya que existió forma de desmentirla. En cambio, el documento de Verboonen, al igual que los fallos chilenos y argentinos, sugiere un marco institucional y unas sociedades capaces de reconocer las pruebas del abuso y de muchas otras formas de delito, mientras se declaran simultáneamente incapaces de hacer algo al respecto.
El hecho de que las leyes y el diseño institucional de Brasil no sean tan distintos de los del resto de América Latina no es una mera opinión ni un rasgo residual de los estudios latinoamericanos de los sesenta, donde una visión sinóptica de la historia regional asumía que nada cambiaba en la zona.
Existen pruebas de ello; basta saber dónde buscar. Para explicar esta realidad, la entrega de hoy recurre a los datos del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project para 2025 y del Índice de Paz Global del Institute for Economics and Peace para 2026.
A partir de ciertos factores específicos de ambos índices, es posible comprender mejor por qué los sistemas de justicia latinoamericanos son incapaces de atender las necesidades de los sobrevivientes de abusos sexuales clericales y de otras formas de violencia sistémica en la región.
Los datos
Para medir por qué las instituciones latinoamericanas no logran superar su parálisis, se han cruzado los datos de ambos índices. Lamentablemente, resultaría imposible incluir las 19 repúblicas latinoamericanas y todos los casos relevantes de Europa necesarios para comprender a fondo el problema. Por ello, esta entrega analiza únicamente las diez repúblicas más pobladas de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) junto a cinco casos de referencia de países de ingresos altos (Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, y Francia).
Los datos revelan una contundente realidad estadística. Es verdad que ninguno de estos índices aborda de manera específica el problema del abuso sexual cometido por el clero. Ofrecen, en cambio, un par de índices muy confiables, elaborados a partir de diversas variables de distintas fuentes, que permiten entender por qué la justicia en ciertos países está mejor equipada para responder a las necesidades de las víctimas de delitos en general. En ese sentido, las implicaciones de los hallazgos van mucho más allá del abuso clerical y resultan fundamentales para comprender otros problemas urgentes, como las desapariciones forzadas y los feminicidios.
Cabe señalar que, al poner a prueba la validez del modelo estadístico con los datos de las variables seleccionadas de ambos índices para los 15 países analizados, las dos métricas arrojan un sólido coeficiente de correlación de Pearson de r = -0.706.
En términos sencillos, esto significa que, como era de esperarse, existe una marcada correlación entre ambos índices. La correlación es inversa: un puntaje del WJP más alto señala una mayor solidez institucional (de 0.00 a 1.00), mientras que un puntaje del GPI más alto refleja mayor violencia e inestabilidad social (de 1.00 a 5.00). Esta correlación negativa sugiere que, a medida que la capacidad legal del Estado cae, la inseguridad social y la impunidad aumentan en una proporción directa y predecible.
Al elevar al cuadrado este coeficiente de correlación, se obtiene un coeficiente de determinación de R-cuadrada = 0.499. Una R cuadrada cercana al 50 por ciento representa un umbral muy elevado de capacidad explicativa. Indica, en términos prácticos, que casi la mitad de la variación observada en el Índice de Paz Global está asociada con las diferencias en la solidez de las instituciones legales y judiciales evaluadas por el Índice del Estado de Derecho.
Esa realidad afecta a las víctimas de abuso sexual por clérigos de la misma manera que a las víctimas de desaparición forzada, feminicidio y a los múltiples crímenes contra periodistas, ambientalistas y líderes de pueblos originarios en toda la región.
Este hallazgo estadístico desmantela la narrativa de las "manzanas podridas", aún común en comunidades católicas y de otras confesiones en América Latina e incluso, hasta el día de hoy, en Europa.
Indica claramente que la parálisis fiscal en casos complejos de abusos clericales no es un descuido accidental ni un fallo aislado; las fallas por parte de las instituciones religiosas desempeñan un papel clave, pero, “tanto peca el que mata a la vaca…” pues existe una relación demostrada estadísticamente entre esas fallas y el estado de la infraestructura legal del Estado: su policía, sus fiscales y sus jueces.
El cuello de botella: ¿por qué las víctimas ni siquiera denuncian?
Un elemento central registrado por el WJP es el papel del subfactor 8.1, el cual evalúa la eficacia de los procedimientos de investigación criminal. Los datos demuestran que el principal motor de la impunidad en América Latina opera mucho antes de que un caso llegue a manos de un juez.
El Índice de Estado de Derecho mide la capacidad técnica real de fiscales y policías forenses para recabar pruebas y construir expedientes sólidos. En el grupo latinoamericano, como se puede ver en la tabla 1.A abajo, estos puntajes caen en una parálisis sistémica, al estar todos por debajo del umbral de 0.350, como se observa en esa tabla, donde aparecen esa y otras variables del Índice para 2025.
En comparación, como se puede ver en la Tabla 1.B, los países de referencia mantienen puntajes de investigación que van de 0.580 (España) y 0.610 (Francia y Alemania) a 0.650 (Estados Unidos) y 0.670 (Canadá).
Esta brecha explica por qué los casos que involucran a instituciones de alto perfil como los Arautos, el Sodalicio o estructuras diocesanas y de órdenes en México se estancan indefinidamente en la fase de investigación preliminar. Cuando una víctima acude a una fiscalía en Guadalajara o Brasilia, deposita su esperanza en sistemas con tasas elevadísimas de cifra negra de delitos y niveles de impunidad extremadamente altos.
La prensa brasileña coincide con el diagnóstico que el WJP hace sobre el estado de la justicia en su país. Muestra de ello es una nota periodística de enero en la que el diario Folha do Estado resumió con severidad el bajo puntaje de Brasil en el Índice del Estado de Derecho. El texto incluía un destacado con el título “Vergüenza internacional” (Vergonha internacional), seguido del titular: “El Poder Judicial brasileño es elegido el segundo más corrupto e injusto del mundo” (contenido en portugués).
En este sentido, el Arquivamento de Verboonen fue simplemente la formalización administrativa de esa realidad estadística, asumida con cierto pragmatismo pesimista por los propios brasileños. Aun así, la relación detallada de Verboonen sobre lo sintetizado por Folha do Estado constituye una acusación desde dentro del propio sistema de justicia brasileño a sus fallas de diseño y desempeño. Al mismo tiempo, abre una ventana para comprender lo que ocurre desde Tijuana hasta Ushuaia, donde los indicadores regionales se mantienen tan “estáticos” y “sinópticos” como los viejos manuales de estudios latinoamericanos de los cincuenta y sesenta.
Esto no significa que no hayan ocurrido cambios. Chile, México y otros países de la región implementan diversas reformas, distanciándose en ocasiones de tradiciones históricas, como ocurrió en Perú con la figura de la presidencia del Consejo de Ministros, el llamado Premier, y la cuestión de confianza como mecanismo capaz de deponer a un gobierno. El problema de fondo es que esas modificaciones no han alterado los resultados reales de los sistemas de justicia regionales.
Al revisar la explicación detallada en la resolución de Verboonen, resulta inevitable pensar en cómo, por citar un ejemplo entre varios, el gobierno federal mexicano ya estaba listo a finales de 2025 para desaprovechar la ventaja que las autoridades de California y del gobierno federal de Estados Unidos le habían puesto en bandeja de plata en los procesos contra La Luz del Mundo.
Xavier Becerra, actual candidato demócrata a la gubernatura de California, ya había logrado una condena contra Naasón Joaquín García, quien ya estaba en una prisión estatal de ese estado. En ningún momento el gobierno federal mexicano ni los gobiernos estatales de Jalisco o Baja California intentaron abrir investigaciones sobre las actividades de La Luz del Mundo en territorio mexicano, al menos desde mediados del siglo XX.
Investigaciones
Protestant Accountability, un desarrollo auspicioso
A mediados de 2025, el gobierno federal de Estados Unidos hizo lo que México se negó a hacer: presentó nuevos cargos contra Naasón Joaquín García e incluyó a un nuevo grupo de cómplices en un expediente ampliado.
Una vez más, el gobierno mexicano no mostró interés en presentar cargos propios ni para aprovechar la oportunidad abierta por el Departamento de Justicia estadounidense. Fue solo tras la movilización directa de las víctimas que la Fiscalía General de la República mostró cierto interés en el caso.
El espejismo chileno
Esto no implica que no hayan existido intentos de cambio. Al revisar ediciones anteriores del Índice de Estado de Derecho, se observa que Chile era considerado hace una década un modelo a seguir, dispuesto a reformar sus instituciones de justicia por iniciativa propia; sin embargo, esa voluntad reformadora terminó chocando contra un muro, absorbida por la inercia y las presiones políticas.
Ese fenómeno se refleja en los paradójicos datos de Chile. Aunque sus indicadores macroscópicos sobre el estado de derecho son los mejores de la región y se acercan a los estándares europeos, la realidad en las calles de Santiago está más cerca de las de Bogotá que de las de Lyon o Colonia.
Chile obtiene una puntuación relativamente alta en independencia judicial formal (subfactor 8.6 del WJP: 0.732), próxima a los niveles europeos. Sin embargo, su capacidad de investigación criminal (subfactor 8.1 del WJP) se encuentra deteriorada en 0.339.
Esta discrepancia explica el funcionamiento de la protección institucional contemporánea. La impunidad en países como Chile no requiere de corrupción judicial directa ni de llamadas telefónicas a los despachos de los magistrados.
En su lugar, el aparato de persecución penal (la Fiscalía) no completa investigaciones rigurosas dentro de los plazos legales establecidos. Cuando el caso, tras años de estancamiento, llega finalmente a los tribunales, jueces independientes dictan resoluciones que sobreseen la causa basándose en la prescripción del delito.
El Estado ofrece así una salida formalmente independiente e inatacable desde el punto de vista legal, que reconoce la existencia del abuso, pero garantiza que ningún perpetrador enfrente un juicio penal. Una dinámica similar se observa en la gestión estatal de los abusos institucionales en organismos de protección infantil como el SENAME, donde las redes de poder se benefician de la falta de investigación antes que de una interferencia judicial explícita.
Una entrevista con Eneas Espinoza, vocero de la Red Chilena de Sobrevivientes, ofreció más detalles sobre cómo el gobierno de Gabriel Boric, que en su momento encarnó las expectativas de la nueva izquierda latinoamericana, se negó a aceptar las propuestas de las víctimas para investigar los casos en el SENAME y en otras instituciones del país.
Cuando los sobrevivientes encuentran bloqueada la vía penal por la parálisis de las investigaciones, suelen intentar la vía civil en busca de indemnizaciones o de una exigencia de responsabilidad institucional.
Esa fue la puerta que las legislaturas de California y Nueva York abrieron a sus ciudadanos mediante las ventanas retroactivas (look-back windows). Sin embargo, el subfactor 7.5 del WJP (Justicia civil libre de retrasos indebidos) revela que en América Latina esa segunda puerta está igualmente obstruida.
Como los procesos penales y civiles en la región están marcados por retrasos estructurales e interferencias políticas, los sobrevivientes que acuden a la vía civil chocan contra el mismo muro.
El caso chileno resulta difícil de comprender si sólo se examina la variable de independencia judicial formal, donde alcanza un valor muy sólido y cercano al del primer mundo en 8.6 “El sistema de justicia criminal está libre de interferencia indebida del gobierno” (subfactor 8.6 del WJP), que llega a 0.730.
Para un observador externo, Chile aparenta funcionar con una integridad judicial de corte europeo. Sin embargo, su puntaje en investigación criminal (subfactor 8.1 del WJP) se sitúa en un nivel típicamente latinoamericano de 0.340.
Esta fractura explica cómo opera la impunidad institucional moderna en la región. En un Estado como el chileno, la impunidad no exige injerencias políticas abiertas ni sobornos a los jueces. Basta con que el Ministerio Público deje estancar los casos complejos. Cuando el expediente llega al juzgado años después, magistrados independientes dictan sobreseimientos técnicamente impecables basados en la prescripción. El Estado reconoce el daño, destaca la autonomía de sus jueces y asegura que ningún responsable rinda cuentas ante la justicia.
La paradoja latinoamericana: vigilancia policial sin investigación
Al cruzar los puntajes judiciales del WJP con el Índice de Paz Global 2026 (ver la tabla un poco más adelante) queda al descubierto una última contradicción estructural: los gobiernos de América Latina suelen mantener un gran despliegue de fuerza policial uniforme mientras privan a sus organismos de investigación de capacidad técnica.
Uruguay y Argentina registran las puntuaciones máximas o casi máximas en la Tasa de Policía del GPI (5.000 y 4.820, respectivamente), lo que refleja un alto número de efectivos policiales por habitante. Al mismo tiempo, países como México (4.000) y Brasil (3.500) obtienen puntajes muy altos en la Escala de Terror Político (PTS), lo que evidencia una marcada coerción estatal.
Esa capacidad es evidente en México por el uso selectivo del Ejército y la Marina para atender situaciones de crisis, como ha ocurrido en los últimos años en el estado de Sinaloa. En Brasil existen ejemplos similares cuando las fuerzas policiales estatales o federales despliegan operativos en favelas y zonas periféricas de sus principales áreas metropolitanas.
Sin embargo, a pesar de su capacidad para desplegar operativos policiales y militares de gran escala, tanto México como Brasil presentan puntajes desastrosos en investigación criminal en el Índice del Estado de Derecho (WJP 8.1).
El Estado invierte recursos considerables en presencia callejera y fuerza ejecutiva, pero mantiene una capacidad casi nula para la investigación forense e independiente. Posee la estructura pesada para imponer el orden público en las calles, pero carece de la competencia técnica —y de la voluntad política— para investigar a instituciones poderosas y consolidadas como la Iglesia católica o La Luz del Mundo.
Una vez más, como lo demuestra el caso de La Luz del Mundo, las víctimas de abusos en ámbitos religiosos quedan atrapadas entre organizaciones que buscan silenciarlas y autoridades que, si bien pueden reconocer su trauma, carecen de la capacidad técnica para procurar justicia o de la voluntad política para actuar, incluso cuando autoridades externas, como el gobierno de California, ya han hecho el trabajo pesado de probar los delitos en esas comunidades.
Por deficiente que sea el desempeño de los Estados latinoamericanos al procurar justicia a sus ciudadanos, es necesario subrayar que la postura de la Iglesia Católica ante el problema es por sí mismo un factor clave.
Los obispos católicos en Francia, Alemania y España podrían haber mantenido la postura negacionista consolidada durante el pontificado de Juan Pablo II: dejar pasar el tiempo, apostar a la muerte de los agresores o de las víctimas, o a la prescripción de los delitos.
Sin embargo, parecen haber sido conscientes de que ello corría el riesgo de despertar las reacciones hostiles de los sectores más jacobinos y anticlericales en la Asamblea Nacional francesa o despertar los fantasmas de la Tercera República en España.
Optaron por no hacerlo. Sea por iniciativa propia, como en el caso de los obispos franceses y alemanes, o al aceptar la intervención del Defensor del Pueblo, como en España, en esos tres países europeos se han puesto en marcha intentos y propuestas de solución. Por desgracia, sus pares en América Latina parecen dispuestos a mantener la misma apuesta trágica con la que se comprometió Juan Pablo II.
Cabe destacar que España y Francia, cuyos sistemas de justicia presentan rezagos frente a otros países europeos, son precisamente donde se han buscado alternativas. Es el caso del mecanismo creado por los obispos franceses tras la publicación del Reporte Sauvé o la decisión de los obispos españoles de aceptar la intervención del Defensor del Pueblo. Ambas decisiones apuntan a soluciones que superan los límites de los poderes judiciales de sus respectivos países al abordar los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica.
En todo caso, hay que ser conscientes de que estas apuestas no son exclusivas de los obispos. Otras élites latinoamericanas arriesgan el prestigio de sus instituciones al seguir esquemas similares. En el caso de las organizaciones religiosas, el riesgo es aún mayor, ya que estas prácticas minan directamente la confianza que la sociedad deposita en ellas.
En última instancia, lo que los datos dejan en claro es que los países donde las víctimas obtienen menor justicia son también aquellos cuyos sistemas judiciales enfrentan mayores dificultades para investigar los delitos de manera eficaz.
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Nota de producción: El texto del resumen, como el principal, fueron escritos y editados sólo por el autor. La grabación de la lectura del audio se hizo con una herramienta de texto-a-habla (Microsoft Word vía Web). La IA se usó sólo para generar la voz y no para la creación del contenido.
