Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 11 de Septiembre del 2023
Como Maciel o el jesuita Poblete, Baca construyó en Ciudad Juárez una imagen de compromiso social para encubrir el abuso sexual.
Religión y vida pública: Cuando se denuncia a los sacerdotes de la diócesis de Ciudad Juárez, esa institución trata de destruir a las víctimas y sus familiares.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Al considerar la breve historia de la diócesis de Ciudad Juárez, fundada en abril de 1957, es inevitable preguntarse qué pasó ahí, ¿cómo es que esa diócesis se ha convertido en uno de los focos rojos más “brillantes” del mapa del abuso sexual a manos de clérigos en México?
Si uno busca información sobre lo que ha ocurrido ahí antes, de inmediato cualquier buscador de la red arroja gran cantidad de páginas con información de uno de sus más notables depredadores: Aristeo Baca.
Aristeo Trinidad Baca Baca era, cuando se le acusó, a finales de la década pasada, una suerte de monumento de la vida pública juarense y de la diócesis. Si uno busca directamente su nombre, luego de la montaña de referencias que dan cuenta de su condición como un peligroso depredador sexual, que abusó de una niña que le asistía durante la celebración de las misas que presidía los domingos, hay referencias del papel que Baca desempeñó en las movilizaciones contra el fraude electoral en la elección de 1986 en el estado de Chihuahua.
Baca tenía, en 1986, 41 años y nueve de ser ordenado; era el rostro visible de la diócesis que presidía el obispo fundador, Manuel Talamás Camandari quien, a sus 70 años, dejaba que fueran sacerdotes más jóvenes, como Baca, quienes condujeran un movimiento que preocupó al gobierno federal y a la opinión pública de Estados Unidos.
La razón era sencilla, las movilizaciones que alegaban fraude electoral, algo que para entonces ya llevaba varios años de ocurrir en distintas ciudades del norte de México, desde Hermosillo a finales de los sesenta, a Monterrey, Nuevo León, el año previo, 1985, estuvieron acompañadas en Ciudad Juárez de bloqueos a los puentes que conectan con El Paso, en Estados Unidos y eso le dio al conflicto una dimensión internacional.
El archivo de la antigua United Press International, una agencia de noticias ahora desaparecida, da cuenta de lo que ocurría en Juárez el 5 de agosto de 1986: “los embotellamientos se ponen peor, pero hasta ahora, no ha habido daño extenso a la economía por el bloqueo que un partido de oposición hace de los dos principales puentes que llevan a El Paso, Texas”
En un micrositio de Internet que sostiene la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, llamado simplemente Cronología y resume algo de la historia de la urbe fronteriza, uno puede leer un sumario de la nota que publicó el Diario de Juárez el 30 de junio de 1986:
"El domingo anterior al 6 de julio (29 de junio de 1986) en la parroquia de San Lorenzo de Ciudad Juárez, el padre Aristeo Baca repartió un boletín titulado Votar: ¿Para qué? ¿Por quién?, en que se invita a tener calma y a analizar el partido de sus preferencias.
"Pero se afirman cosas que sugieren una orientación del sufragio. Se dice: 'Las graves deficiencias de que adolece nuestro sistema político y la absurda existencia de un partido oficial que beneficia directamente al gobierno en el poder…'
"Se explica la conveniencia de que los fieles 'ejerzan su derecho a votar y de que vigilen el proceso post electoral para evitar cualquier intento de alteración en los resultados'.
"La Iglesia (es decir, la diócesis de Ciudad Juárez), se suma al coro de denuncia de un fraude en preparación, además de desconfiar, y con razón, del manejo de los resultados por las autoridades electorales. En las 32 parroquias de la ciudad, los 50 sacerdotes que oficiamos en forma ordinaria, estamos emitiendo mensajes a la comunidad, pero totalmente imparciales, para que voten y eviten atacar y contestar la agresión”.
Huelga de cultos
Y la organización que desarrolló la diócesis de Ciudad Juárez, junto con las otras que existían en ese entonces en el estado de Chihuahua amenazó con traducirse, además, en una “huelga de cultos”, es decir, en que las diócesis católicas de Chihuahua no celebraran misas, bautismos, bodas o funerales como parte de las protestas por el fraude electoral.
En una nota publicada por la revista Proceso el 11 de agosto de 1986 su encabezado resumía así la situación en Chihuahua: “Prigione se contradice: Bartlett. No intervino, pero 'hizo notar el peligro de enfrentamiento entre Iglesia y Estado'”
Según el texto de Raúl Monge, Manuel Bartlett Díaz, ahora director general de la Comisión Federal de Electricidad, declaró que había sido “El Vaticano, y nadie más, el que tomó la decisión de recomendar al arzobispo de Chihuahua, Adalberto Almeida Merino, que desistiera de suspender las misas el domingo 20 de julio en esa entidad". Aunque agregaba que el entonces secretario de Gobernación “hizo notar el inminente peligro de un enfrentamiento entre Iglesia y Estado”.
En una edición previa de la misma revista, el arzobispo de Chihuahua capital, Almeida, había dicho que “el secretario de Gobernación solicitó personalmente a Girolamo Prigione (entonces delegado apostólico en México) que no se suspendieran las misas en Chihuahua”.
Más allá de que, efectivamente, los obispos “revoltosos” de Chihuahua obedecieron al entonces delegado apostólico y no suspendieron la celebración de cultos, la ira de Prigione contra las diócesis de Chihuahua se hizo manifiesta de distintas formas.
No es posible detallar todos los cambios que forzó sobre las diócesis de Chihuahua, baste señalar que, en el caso de Juárez, tomó a un sacerdote de Guadalajara y se lo impuso como “obispo coadjutor con derecho a sucesión” a Talamás. Ese sacerdote de Guadalajara era Juan Sandoval Íñiguez, cuya mayor virtud hasta entonces era su obediencia ciega, irrestricta, a sus superiores y el decirse fanático de la disciplina y el orden.
En la próxima entrega de esta serie voy a abundar en las consecuencias que tuvo la designación de Sandoval tanto para la diócesis de Juárez, como para la articulación de una vasta red de diócesis que todavía hasta ahora son tuteladas por el cardenal tapatío.
Lo importante por el momento es tener presente que Aristeo Baca adquirió en el contexto de las movilizaciones a favor de la democracia de los ochenta una influencia que lejos de amainar con la llegada de Sandoval, primero como coadjutor y luego como titular de la diócesis de Juárez, creció.
El referente
Aristeo Baca se convirtió en un referente clave de la vida local en Juárez y El Paso, tanto así que 36 años después de las movilizaciones, cuando el cabildo de Juárez le retiró la presea Fray García de San Francisco, el máximo reconocimiento que otorga el gobierno de esa ciudad, nombrada así en honor del fundador de lo que ahora es Ciudad Juárez, fue posible ver el cuidado con el que actuaron tres de los partidos políticos representados en el cabildo.
La presea le había sido conferida en 2006, como reconocimiento a lo que entonces se dijo era una carrera dedicada a mejorar la vida de la ciudad de la frontera. Cuando, 16 años después, el 14 de septiembre de 2022, el cabildo de Ciudad Juárez votó para retirar el reconocimiento, los diez regidores del Partido Acción Nacional, el Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional, se abstuvieron.
Incluso una regidora del Movimiento de Regeneración Nacional, María Dolores Adame Alvarado, votó en contra de quitarle la presea a Aristeo Trinidad Baca Baca, a pesar de que ya para entonces había sido declarado culpable en la primera instancia del proceso.
El cuidado, el escrúpulo de doña María Dolores al votar ese gesto simbólico de retirar la presea es muy similar al cuidado, uno podría decir que el miedo, con el que Javier Corral Jurado, procedió como gobernador. Sería absurdo olvidar que Corral era un miembro de Acción Juvenil, la rama de juventudes del Partido Acción Nacional, cuando Baca era la voz de la diócesis de Ciudad Juárez durante las movilizaciones de 1986.
Basta ver la manera en que Corral informaba en su cuenta de la red social antes conocida como Twitter de la visita que hizo, el 15 de octubre de 2018, a una de las obras sociales presididas por Baca, el Asilo Santa María.
En las tres fotos en las que Corral aparece con Baca es claro que más que la obra social o Corral, quien era el gobernador de Chihuahua en ese momento, el protagonista es Baca, quien—además—de manera equívoca usa una sotana toda en blanco, como si fuera el papa de un minivaticano que le pertenecía sólo a él.
Incluso cuando en una conferencia de prensa en la que, el 12 de febrero de 2019, se le cuestionaba a Corral por el destino—en ese momento todavía incierto de Baca—es claro el cuidado con el que trata de evitar confrontarse con quien ejercía un claro liderazgo de alcance local en Juárez.
Y ese liderazgo no sólo beneficia a Aristeo Baca, también a otros sacerdotes que aspiran a ser vistos como seguidores de esa línea de trabajo pastoral, como ocurría en la Legión de Cristo con Maciel o en la Compañía de Jesús en Chile con contemporáneos de Renato Poblete como Leonel Ibacache, entre otros que, a pesar de ser depredadores sexuales, se valían del alegado compromiso social de Poblete para actuar como lo hacían.
Imagen pública
La reticencia para despojar a Baca de la presea, lo mismo que el cuidado que exhibía Corral al referirse a Baca tiene que ver con que, como muchos otros depredadores sexuales en la Iglesia Católica o en otras instituciones, Baca no sólo abusaba de otras personas. Mucho de su tiempo lo dedicó a construir una imagen pública como persona de bien, como promotor de las mejores causas. Es un rasgo frecuentemente asociado al narcisismo que resulta crucial para un depredador, pues ese prestigio, esa imagen, le permite, en un sentido ser impune, pero en otro acceder a nuevas víctimas.
Baca seguía, en ese sentido, el mismo “manual” que usaron en su momento Marcial Maciel, con la red de colegios y universidades de la Legión de Cristo, del mismo modo que lo hizo en Chile con el jesuita Renato Poblete, así como el español Alfonso Pedrajas, quien ejercía como sacerdote en Bolivia en uno de los colegios más importantes de la Compañía de Jesús en ese país, el Juan XXIII de Cochabamba.
Los jesuitas y el abuso sexual por clérigos católicos
En el caso de Baca, además de lo que hizo durante las movilizaciones de 1986, estaba su trabajo en el colegio Santa María, así como el que hacía en el asilo homónimo.
Poco más de dos semanas después de la votación en el cabildo, el 2 de octubre de 2022, Baca devolvió la presea. Al hacerlo, adjuntó una carta en la que decía que jamás había pedido “o siquiera deseado reconocimiento alguno y menos una presea tan valiosa como la que ahora regreso”.
En el último párrafo de la carta con la que regresaba la presea al cabildo decía...
Espero que a la brevedad, un Tribunal Colegiado de Circuito (integrado por tres magistrados del Poder Judicial de la Federación) realice un análisis acucioso y exhaustivo de mi caso, con vista a las violaciones al debido proceso que se le plantearon en la demanda respectiva y resuelva con absoluta imparcialidad el juicio de amparo directo mediante el cual se impugnó la sentencia condenatoria para que se restituya al suscrito en el uso y goce de sus derechos humanos vulnerados, reconociéndose su inocencia, pues debo insistir, como siempre he dicho, ‘Soy totalmente inocente’ (negritas y comillas en el original).
Debe apuntarse que, lejos de que se cumpliera su deseo de ser declarado “totalmente inocente”, el tribunal colegiado ratificó la sentencia de poco más de 34 años y elevó la suma que debía pagar para reparar el daño. Lo que es más, esa declaración de total inocencia se contrapone con los testimonios que señalan que en 2021 reconoció que fue una "estupidez" lo que hizo. ¿Cómo podría ser "totalmente inocente", como dice en la carta al cabildo juarense, y aceptar que cometió una "estupidez"?
A Aristeo lo acusó el padre de una niña que le ayudaba a celebrar la misa de los domingos por la mañana. La niña tenía ocho años cuando, en 2015, Aristeo ya de 75 años entonces, empezó a abusar de ella. La denuncia la presentó originalmente el padre de la menor en 2018.
En mayo de 2022, la Fiscalía de Chihuahua informaba que la sentencia se había confirmado en la segunda instancia. Ello ocurrió luego de que, en 2021, un Juez Oral consideró que no había suficientes elementos para acusarle, por lo que le dejó en libertad, lo que provocó una oleada de protestas a ambos lados de la frontera.
Aquí es donde es necesario ver el caso de Aristeo Baca, el de Istibal Valenzuela Olivas y los de otros clérigos vinculados a la diócesis de Ciudad Juárez y a otras diócesis mexicanas y de otros países, en una lógica más amplia.
No son casos aislados
En primer término, no son casos aislados que ocurran sólo en Ciudad Juárez o sólo en Cochabamba, Bolivia o en Santiago de Chile. Es un fenómeno que ocurre en prácticamente todos los países en los que es posible encontrar una comunidad de fieles católicos más o menos numerosa.
En una serie previa, elaborada para marcar los primeros cuarenta años de esta crisis global y sistémica ofrecí en dos de los textos, a partir de la evidencia disponible, cálculos propios tanto del número de diócesis que podrían estar afectadas (que se puede consultar en el texto referido inmediatamente arriba de este párrafo), como del número de víctimas que podrían existir en la actualidad a escala global, que se puede consultar en el texto referido aquí adelante.
Ahora mismo, mientras redacto estas líneas acerca de la situación en Ciudad Juárez, distraigo por momentos mi atención viendo la información sobre la crisis en Suiza, donde este domingo 10 de septiembre, los medios de ese país daban cuenta de que, de seis diócesis que existen ahí, cuatro están afectadas por el encubrimiento de abusos sexuales, es decir, el 66 por ciento de la Iglesia Católica en un país como Suiza.
Por ello, se ha nombrado una comisión para investigar una realidad que, a pesar de las muchas ventajas que Suiza tiene por sobre México, Chile o Bolivia, terminará por arrojar—muy probablemente—un panorama tan desolador y difícil para las víctimas suizas como los que se han desvelado, gracias a casos como el de Baca en México o el de Poblete en Chile.
En Suiza los niveles de pobreza extrema que existen en México, Chile o Bolivia son impensables, de modo que los sacerdotes no pueden legitimarse como lo hacían Baca, Poblete o Pedrajas, pero la realidad del abuso persiste, como persisten las estrategias de defensa de las diócesis católicas que apuntan, ante todo más que a demostrar la inocencia de los acusados, a desacreditar las acusaciones.
En el caso de Baca, el héroe de la diócesis de Ciudad Juárez en las movilizaciones de 1986, la defensa tomó la forma de acusaciones contra el padre y la madre que denunciaban a Baca porque ellos mismos, los padres de la víctima de Baca, eran culpables de robarse fondos de las obras que Baca presidía en la estructura financiera de la diócesis de Juárez.
Espiritualidad vs. privilegio
En el caso de Istibal Valenzuela, las acusaciones son también contra los padres de Margarita. Y es claro que Javier, el padre de Margarita no acusa a Istibal Valenzuela de haber perpetrado crímenes como los que se han imputado ya de manera oficial a Baca, pero la diócesis siguió una lógica similar de destruir a la víctima, a sus familiares y a quienes les ayudan.
Y, si uno investiga un poco más, está también en el caso de Leopoldo Nevárez Erives, otro sacerdote acusado en esa misma diócesis, aunque en 2016, y contra quien se siguió la misma lógica que no recuerda o se acerca, en modo alguno, a la “espiritualidad de la reparación” de la que habla el papa Francisco.
Lejos de seguir las recomendaciones del papa Francisco acerca de una espiritualidad de la reparación, es decir, centrada en el reconocimiento de los errores, las diócesis siguen estrategias de defensa que primero tratan de convencer a las víctimas de que, por el bien de la institución, deben callar.
Si eso no ocurre, entonces les atacan a ellas, a sus familiares, a sus amigos o a aliados potenciales. Si eso no es suficiente, buscan destruir sus redes de relaciones sociales, algo que—desde luego—es más eficaz en la medida que se trate de una comunidad más pequeña.
Cuando eso no basta, entonces quienes les ayudan se convierten también en víctimas de esa defensa institucional de los sacerdotes y lo que parecería ser el privilegio de abusar.
En el caso de Margarita ello implicó que la arrancaran de su hogar y la llevaran al “albergue” del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia que, como señalé en la entrega previa de esta serie, fue señalado por los abusos que se perpetraban ahí al día siguiente del ingreso de Margarita en ese local.
Esta manera de actuar no es algo que haya inventado el actual obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos. Es una manera de actuar que el clero católico ha desarrollado a escala global como parte de sus estrategias para protegerse mutuamente que incluye en primera instancia cansar, desgastar a las víctimas, a sus familiares.
Destruir a la víctima
Incluye, desde luego, anularlos, desacreditarlos tanto como sea posible. Esa fue la razón por la que promovieron que Margarita fuera llevada a Pradera Dorada para que se le practicaran ahí “estudios”.
Poco importaba que Margarita fuera colocada en una situación de vulnerabilidad, en un albergue que, justo el día siguiente, sería denunciado por los medios de comunicación juarenses por los abusos que se perpetraban ahí y que llevarían, eventualmente, demasiado tarde en lo que hace a Margarita, a que se clausurara ese albergue.
Es una estrategia mucho más grave y peligrosa en un contexto de debilidad de las instituciones y de violencia generalizada como la que se vive en Ciudad Juárez. La consecuencia, acaso inevitable de esa estrategia, que no es la de la “espiritualidad de la reparación” del papa Francisco, es que Margarita fue víctima de abuso sexual, no a manos de Istibal Valenzuela, pero sí a manos de otra menor, aunque de mayor edad que ella, que era obligada a estar ahí en el albergue de Pradera Dorada que, no en balde, está clausurado ahora.
Se sabe poco, al menos en lo que se ha publicado en los medios mexicanos sobre la víctima de Aristeo Baca que es poco probable que sea la única. Uno de los mejores recuentos de ese caso está disponible aquí.
En lo que hace a la víctima de Istibal, lo que puedo decir es que Javier, el padre de Margarita, sufre terriblemente por el daño causado a su hija en el albergue.
Da cuenta de los problemas que él mismo tiene para regresar a una “vida normal”, así como del efecto que ha tenido en Margarita que no duda en expresar su hartazgo con la búsqueda de justicia, pues—como otras niñas y jovencitas juarenses—ha atestiguado durante su desarrollo de la repetida revictimización a la que ha sido sometida la víctima y la familia de la única víctima oficialmente reconocida de Aristeo Baca.
En un dolorosísimo intercambio que tuve con Javier, por medio de un servicio de mensajería, me escribe lo siguiente:
Mi hija atraviesa por una profunda frustración al ver que su palabra no ha sido tomada en cuenta. Se le ha creído a sus agresores antes que a ella. Tiene claro que quiere que se actúe en consecuencia y rindan cuentas quienes la han violentado. Quiere estar tranquila y que los juicios, las entrevistas y los trámites acaben ya. Exige ser tratada con dignidad y retomar su vida. Quiere estudiar, le gusta pintar y dibujar, está aprendiendo a hacer deporte, ama las plantas y aprendió de su hermano a degustar té.
En todo caso, lo que hace diferente a Javier de otras víctimas o familiares de víctimas es que no se cansa. O si se cansa, lo sabe disimular muy bien e insiste en distintos frentes con una pasión que sólo puede venir del amor que tiene por su pequeña hija.
Ciudad Juárez, una historia de impunidad de sacerdotes