La reforma judicial se llevará a cabo, insistió el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal.
Los Ángeles Press
Ciudad de México – La discusión sobre la reforma al Poder Judicial, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se trasladó el martes por la noche a un polideportivo cercano, después de que opositores bloquearan los accesos a la Cámara de Diputados.
Trabajadores de los tribunales, estudiantes y otros grupos de protesta cercaron la sede legislativa para expresar su rechazo a la propuesta que sugiere que los casi 7,000 jueces del país sean elegidos por voto popular. Argumentan que esta medida podría poner en peligro la independencia del sistema judicial.
“El partido en el poder podría tomar el control absoluto del Poder Judicial, lo que significaría el fin de la democracia”, advirtió Javier Reyes, empleado de la judicatura.
La reforma, que primero debe ser aprobada en lo general por la Cámara de Diputados antes de pasar a una votación en detalle —que se espera para el miércoles—, se dirige luego al Senado. La propuesta enfrenta una creciente presión, ejemplificada por el paro laboral iniciado por los jueces de la Suprema Corte y respaldado por otros trabajadores del alto tribunal.
A pesar de los bloqueos y las manifestaciones, los legisladores oficialistas no se dieron por vencidos y continuaron la sesión en el polideportivo. Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, aseguró: “La reforma se llevará a cabo. Así lo indicó el pueblo en las urnas”, refiriéndose a la amplia mayoría obtenida por Morena en las últimas elecciones.
Aunque la balanza política está claramente inclinada a favor del oficialismo, el debate ha sido intenso. Mientras que los miembros de Morena y sus aliados sostienen que están construyendo un sistema judicial más justo y libre de corrupción, la oposición critica duramente la iniciativa.
“Hoy se está construyendo un muro de la vergüenza que marcará el inicio de la caída de la República”, declaró Paulina Rubio Fernández, diputada del Partido Acción Nacional (PAN).
Por fuera del recinto, las protestas continúan. Los manifestantes aseguran que no se detendrán hasta que el proceso legislativo concluya, ya que después de la Cámara de Diputados y el Senado, la reforma deberá ser ratificada por los estados.
Rubio Fernández acusó al presidente y a su partido de manipular la opinión pública para obtener la mayoría, mientras que Germán Martínez, también del PAN, criticó a los diputados oficialistas, afirmando que “se dispararán en el pie” al aprobar la reforma.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidente electa, defendió la propuesta diciendo que “no afectará nuestras relaciones comerciales ni las inversiones privadas nacionales o extranjeras. Por el contrario, promoverá un mejor Estado de derecho”. Sheinbaum subrayó que el objetivo es un México más democrático y justo, de acuerdo con el mandato popular.
La reforma constitucional, que busca reestructurar el Poder Judicial, ha suscitado críticas no solo de la oposición y la judicatura, sino también de estudiantes, colectivos sociales, consultoras financieras y hasta de Estados Unidos y Canadá. Todos coinciden en que la iniciativa podría politizar la justicia y amenazar principios fundamentales del Estado de derecho, lo que podría tener consecuencias económicas graves debido a la incertidumbre en los mercados y entre los inversionistas.
El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, expresó preocupación en una conferencia de prensa: “Si la reforma no se maneja adecuadamente, podría causar mucho daño a la relación bilateral”, advirtió.
Entre los manifestantes que bloqueaban el Congreso, el temor se hacía palpable. “El partido mayoritario quiere tomar el control del Poder Judicial y eso sería prácticamente el fin de la democracia”, señaló Javier Reyes, un trabajador de la judicatura. “Ellos quieren ser los nuevos dueños de México”.