De Rubén Rocha Moya, ni Claudia Sheinbaum ni Luisa María Alcalde dejaron en claro qué ocurrirá con el pedido de extradición.
Hasta donde es posible interpretar los dichos de Sheinbaum y Alcalde en Palacio Nacional usaran el plazo de 60 días que ofrece el Tratado de Extradición para decidir la suerte de Rocha Moya.
Los Ángeles Press
La actividad de este lunes 4 de mayo en Palacio Nacional fue un nuevo intento de Claudia Sheinbaum y su equipo para presentar a su gobierno como víctima de lo que la propia titular del Ejecutivo Federal calificó como una “embestida”.
En la lógica del gobierno de México, la “embestida” tendría como elementos la presencia de la Agencia Central de Inteligencia en Chihuahua y la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya, el ahora defenestrado “gobernador con licencia” de Sinaloa.
Respecto de lo sucedido en Chihuahua, Sheinbaum insistió en reprochar al gobierno de Maru Campos su cooperación con los operativos que, según se supo después, estaban al servicio de la CIA, pese a que también eran coordinados por el Ejército mexicano, de acuerdo con la información proporcionada por la gobernadora.
Sin embargo, Sheinbaum validó las críticas del sector de los medios mexicanos más cercano al gobierno federal, que sostiene que en el laboratorio ubicado en la sierra de Chihuahua no se han encontrado evidencias ni rastros de estupefacientes. Esa narrativa se sostiene a pesar del asesinato de dos personas en la zona, de los elementos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua también asesinados, y de los numerosos signos de violencia generalizada en las regiones más apartadas del estado.
En lo que hace a Sinaloa, la posición de Sheinbaum y de Luisa María Alcalde, su nueva consejera jurídica en la Presidencia de la República, quien fuera una de las titulares de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador resultó más ambigua.
Sesenta días
Aunque en principio el retorno de Alcalde al Salón Tesorería fue para “explicar” el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, no quedó claro cuál es el futuro inmediato de Rocha Moya.
Se insinuó, en cambio, que se está ahora en una suerte de compás de espera que tiene un plazo máximo de 60 días, por lo que sería de suponerse que la situación jurídica de Rocha Moya se resolverá luego del Mundial de Fútbol y justo antes de que Estados Unidos ingrese de manera absoluta en la perversa dinámica de las elecciones intermedias allá.
Quien quiera que haya seguido el desempeño de Donald Trump sabe que uno de sus temas favoritos para radicalizar a su base más fiel es la de usar a México como ejemplo de un gobierno con nexos demasiado cercanos con los grupos de narcotraficantes que su propio gobierno declaró como organizaciones terroristas.
El problema es más complejo porque a la discusión del futuro de Rocha Moya y sus nueve “coacusados”, la tensión inevitable que generará el Mundial de Fútbol y el uso de la retórica antimexicana en las elecciones de Estados Unidos, se suma la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
El asunto es especialmente delicado porque la estrategia de Sheinbaum de evitar en todo momento la confrontación con Trump está lejos de haber sido la más acertada. Lejos de reconocer los reiterados llamados que ha hecho en el último año Mark Carney, el primer ministro de Canadá, Sheinbaum ha cedido en todo lo que le ha exigido el gobierno de Trump.
Basta ver la manera en que, de manera sumaria y sin importar el Tratado de Extradición al que Alcalde se refirió con tanto detalle la mañana de este lunes, Sheinbaum entregó a cuanto reo acusado de actividades relacionados con el narcotráfico pudo entregar.
Cuando se trató de esas personas, algunas extranjeras, pero la inmensa mayoría de ellas mexicanas, no hubo consideración alguna por el debido proceso. En algunos casos ni siquiera hubo alguna oportunidad para reabrir sus casos. Se dieron por buenas las condenas que habían sido dadas por el Poder Judicial al que Andrés Manuel López Obrador y la propia Sheinbaum hicieron todo lo posible por desacreditar, y se les envió en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana de manera sumaria, para llevar la fiesta en paz con Trump.
¿Por qué se le podría reprochar a María Eugenia Campos seguir con el mismo gobierno de Estados Unidos una actitud similar a la Sheinbaum? Nadie lo sabe. Lo que es claro es que lo es virtud en el gobierno federal es motivo de escarnio en el gobierno de Chihuahua como quedó evidenciado una vez más este lunes.
En lo que se resuelve la situación de Rocha Moya y sus nueve “coacusados”, lo que quedó claro en Palacio Nacional es que se hará lo posible por sostener a la nueva gobernadora, Yeraldine Bonilla Valverde, a quien Sheinbaum ofreció su respaldo especialmente en los temas de seguridad pública. La titular de la Presidencia dijo, en ese sentido que “se mantiene la coordinación para resguardar al pueblo de Sinaloa”.
Más adelante, Sheinbaum regresó a los temas favoritos de la Cuarta Transformación: señalar la colaboración que en su momento tuvieron otros gobiernos de México con el de Estados Unidos.
El problema para la narrativa de Sheinbaum es que hay evidencia de qué tan difícil fue esa relación en esos casos también. Sheinbaum defendió su manera de entender la soberanía del país frente a las recientes acusaciones para volver a insistir en que su gobierno y Morena, su partido, son víctima de lo que ella llamó “una campaña mediática”.
Sheinbaum enfatizó que México “no es un protectorado ni una colonia de Estados Unidos, sino un país libre y soberano”, al tiempo que volvía a insistir en la idea que según ella misma ha guiado su relación con Donald Trump en los últimos dos años.
Habló de la necesidad de desarrollar una “cooperación bilateral basada en el respeto, sin subordinación ni injerencias externas” al tiempo que insistió en reciclar críticas contra políticos que llevan casi 15 años retirados de la vida pública, como en el caso de Francisco Labastida Ochoa, candidato del Partido Revolucionario Institucional en la elección presidencial de 2000 y antes de ello gobernador de Sinaloa (1987-92), además de funcionario del gobierno federal con Ernesto Zedillo Ponce de León. La última vez que Labastida ostentó un cargo público fue en 2012, cuando concluyó su periodo como senador de la República.
Hizo un recuento similar a los que hacía López Obrador en la misma tribuna de Palacio Nacional para recordar casos de corrupción que afectaron a los gobiernos del PRI y de Acción Nacional, acaso sin reconocer cómo su gobierno ha incorporado a figuras de gobiernos de esos partidos, como en el caso del exsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente o de Javier Corral quien, desde el Senado, encabeza los llamados a desaparecer poderes en Chihuahua.
Otro asunto que le permitió a Sheinbaum presentarse como víctima de una embestida fue la manera en que ella misma proceso su reciente visita a Palenque, la población más cercana a donde reside en la actualidad López Obrador a quien ella, una vez más, se refirió como “presidente” a pesar de que dejó el cargo hace ya casi dos años.
Según Sheinbaum, ello la hace víctima de misoginia. Dijo, burlándose de sus críticos: “Ay, ya fue la presidente a pedir línea. Para empezar, no tendría nada de malo que me reuniera con el presidente López Obrador, no tendría nada de malo”.
Hacia el final de la actividad, Sheinbaum llamó a Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional, a aclarar las acusaciones por malos manejos de los fondos a disposición de esa institución de educación superior.
Sheinbaum informó, por último, que mañana no habrá actividad en Palacio Nacional.
