Rodolfo Soriano-Núñez Miércoles, 24 de Enero del 2024, 23:01
El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas aborda la ola de violencia que ahoga a Haití.
República Dominicana movilizó a efectivos de sus fuerzas armadas a la frontera con Haití desde el año pasado. La ola de violencia tocó a un diplomático haitiano que viajaba en su país.
En las primeras horas del jueves 25, los servicios de información de la Santa Sede confirmaron la liberación de las ocho personas secuestradas el viernes 19.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
El viernes 19 de enero, un grupo criminal atacó un transporte colectivo en Puerto Príncipe, capital de Haití. El hecho podría haber pasado desapercibido si no fuera porque el ataque no fue un robo de los celulares o las carteras y monederos de los pasajeros.
El ataque sirvió para secuestrar a un grupo de seis monjas, el conductor del vehículo y una persona más que no ha sido identificada hasta ahora. Los secuestradores pedían tres millones de dólares por liberar a las seis religiosas que son el blanco principal del rapto, aunque se desconocen los nombres de las víctimas.
En las primeras horas del jueves, los servicios de información de la Santa Sede confirmaron con el presidente de la conferencia nacional de obispos de Haití y arzobispo de Puerto Prínicipe, Max Leroy Mésidor, la liberación de las seis monjas, el chofer del vehículo y una persona más que había sido secuestrada.
Las seis religiosas pertenecen a una orden original de Canadá: las Hermanas de Santa Ana. Hasta donde ha sido posible confirmar la información, viajaban del interior de Haití de regreso a la capital, Puerto Príncipe, donde administran el Colegio María Ana o Collége Marie-Anne en francés.
El colegio, fundado originalmente en 1965, fue destruido por el terremoto de 2010 y se debió reconstruir por completo. Eso fue posible gracias a la ayuda que las hermanas de Santa Ana recibieron de la Fundación de Caridad Budista Tzu Chi, originalmente creada en Taiwán en 1966, pero con una presencia importante en Estados Unidos,
Desde ahí se ha extendido hasta tener presencia en distintos países de América Latina, como se puede ver en esta página de la rama estadunidense de la fundación datada en 2015, donde financian proyectos similares a la reconstrucción de este colegio en Puerto Príncipe.
Algunas imágenes de la reconstrucción del colegio a donde se dirigían las seis religiosas secuestradas, se pueden ver en este vídeo publicado por la rama estadunidense de la Fundación Tzu Chi en YouTube en 2014.
La orden de las Hermanas de Santa Ana trabajan en Haití desde 1946, donde abrieron una primera escuela primaria y un dispensario ese año y sostienen, además del Colegio Marie-Anne, en honor de su fundadora, Marie-Anne Blondin, otras obras sociales vinculadas a la educación y la salud.
Aunque el edificio que ocupa el colegio podría parecer opulento cuando se le compara con otros predios en esa misma zona de la capital Puerto Príncipe, la realidad es que ellas, como el conjunto de la Iglesia Católica y otras iglesias en Haití enfrentan una situación insostenible.
Para sostener obras como ese colegio dependen del todo de lo que reciben del exterior, pues la pobreza campea y, dada la violencia generalizada, no hay alguna expectativa de que las cosas pudieran mejorar en el futuro inmediato.
Esa realidad adquiere una nueva dimensión con el secuestro de las seis monjas, así como por el monto desproporcionado del rescate que piden los captores, pero que no es un hecho en sí mismo novedoso o único en la historia reciente de Haití.
La prensa de la República Dominicana, el país con el que Haití comparte el territorio de la isla llamada La Española y una historia tan conflictiva como entreverada, ha dado cuenta en fechas recientes tanto de este secuestro como de la manera en que la vida pública en el país vecino se puede describir como la lenta pero constante caída de Haití en la anarquía.
El temor en República Dominicana no se ha hecho esperar, por lo que desde septiembre del año pasado desplazó más personal y equipo de sus fuerzas armadas a vigilar la frontera compartida que, de todos modos, enfrenta todos los días ataques de las bandas criminales haitianas que ingresan a territorio dominicano a robar lo que las condiciones les permiten llevarse de regreso a su país, como demuestra el hecho que dos meses después, en noviembre, la prensa dominicana diera cuenta de nuevos movimientos de su ejército en esa zona para disuadir las incursiones de las bandas haitianas.
Apenas el domingo, Claude Joazard, cónsul haitiano en Dajabón, República Dominicana, fue asesinado a tiros por un grupo que le disparó mientras visitaba la ciudad de Cabo Haitiano, sin que se le pudiera salvar la vida.
La violencia y la debilidad de las instituciones públicas de Haití, que ya eran patentes desde antes de la pandemia de coronavirus, se agravaron luego de ese hecho, así como, de manera más notable, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021.
Los datos de Naciones Unidas
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterrres, dio a conocer el martes de esta semana algunas de las cifras más recientes sobre la situación en materia de seguridad en Haití.
El diplomático portugués daba cuenta de un incremento del 119 por ciento en el número de homicidios entre 2022 y 2023, año en el que se reportaron cuatro mil 798 asesinatos.
En ese mismo periodo, los secuestros pasaron de mil 362 en 2022 a dos mil 490 en 2023, en el entendido que—como ocurre en toda América Latina—hay una “cifra negra” que en Haití no se limita sólo a los robos o asaltos en el transporte público, sino que llega a incluir los asesinatos y secuestros.
Las cifras dadas a conocer por el secretario general Guterres se desprenden de un estudio publicado en octubre del año pasado, que se puede consultar en inglés y formato PDF aquí y que da cuenta del alcance de la crisis de seguridad en Haití.
El mismo reporte de Naciones Unidas hace ver que la violencia en Haití es resultado de las acciones de grupos criminales que controlan territorios en los que la presencia del Estado es prácticamente inexistente y en el que las misiones de paz y otras intervenciones ensayadas a lo largo de los últimos 50 años en ese país, no han logrado los objetivos que se proponen.
Ya desde hace un año, Naciones Unidas advertía de la gravedad de la situación en Haití, como se puede ver en este texto del 10 de febrero de 2023, que es del todo consistente con lo que Human Rights Watch publicó un poco antes del secuestro de las monjas, que se puede consultar aquí.
Lo que es peor. Hay evidencia de la corrupción y el abuso en el que se han involucrado las tropas que han tenido alguna presencia en Haití. El caso más escandaloso fue el de 114 elementos de las fuerzas armadas de Sri Lanka que formaron parte de una de las misiones enviadas a Haití en 2007, a quienes se acusó de abusar sexualmente de menores y de administrar incluso un burdel bajo el amparo del mandato dado por la ONU.
Ello ha tenido un efecto perverso, pues hay menor disposición de otros países a—por ejemplo—enviar tropas u otro tipo de personal que pudiera intentar estabilizar a Haití.
Así se puede ver en el caso de la decisión del gobierno de Kenia que ya ha enviado tres misiones preparatorias a Puerto Príncipe para encabezar una fuerza de paz, pero que no se concreta porque la oposición al gobierno y otros actores sociales en Kenia ven con preocupación el posible resultado de una misión así.
La respuesta de la Iglesia Católica
El obispo de Anse-á-Veau, Pierre-André Dumas, se ofreció desde el lunes como rehén en lugar de las seis hermanas y los dos laicos que fueron secuestrados en el ataque al vehículo que las transportaba, pero no ha habido respuesta de los secuestradores. La oferta del obispo se publicó en francés aquí y hay una traducción parcial al español en este texto de Vatican News.
Los obispos de las diez diócesis católicas en las que está dividido ese país, así como los superiores de órdenes religiosas masculinas y femeninas expresaron su profunda preocupación por el secuestro de las seis hermanas y los dos laicos y organizaron este miércoles 24 una jornada nacional de oración por la paz en su país.
Ya desde el día del secuestro, el 19 de enero, los superiores de órdenes religiosas en Haití pidieron la libertad de los ocho secuestrados, como se puede ver en ese mensaje publicado en francés en la prensa local de Haití.
Ese mismo día, la arquidiócesis de Puerto Príncipe y otros jerarcas de la Iglesia Católica publicaron otro llamado en el mismo sentido, que puede consultarse aquí, también en francés.
En abril del año pasado, ante la ya entonces evidente oleada de secuestros y asesinatos, la arquidiócesis de Puerto Príncipe publicó un llamado para poner fin a la violencia. El llamado sólo está disponible en créole en la página de la arquidiócesis que, como reflejo tanto de la inseguridad, como de la pobreza que azotan a ese país, no publica algún texto nuevo desde octubre del año pasado.
A escala continental, la Confederación Latinoamericana de Religiosos, un organismo que agrupa a todas las órdenes católicas femeninas y masculinas en América Latina también hizo este miércoles un llamado a que se libere a las seis religiosas que hacían su trabajo en Haití cuando fueron secuestradas.
Durante el rezo del Ángelus, una oración que la Iglesia Católica celebra los domingos al mediodía en Roma, el papa Francisco incluyó a las seis monjas y los dos laicos secuestrados en Haití en sus oraciones e hizo un llamado a que se respete su vida y la de todas las personas víctimas de violencia en ese país:
Con dolor recibí la noticia del secuestro, en Haití, de un grupo de personas, entre ellas seis religiosas: al pedir encarecidamente su liberación, rezo por la concordia social en el país y llamo a todos a poner fin a las violencias, que tanto sufrimiento causan a esa querida población.
El texto del mensaje del papa se puede consultar aquí. El vídeo con traducción en español se puede ver inmediatamente después de este párrafo.
Debe considerarse, además, que los haitianos son uno de los grupos que dan forma a la crisis actualmente en curso en la frontera entre México y Estados Unidos. Los nacionales del país del Caribe son quienes más rechaza y repatria el gobierno de México, como se informó puntualmente en Los Ángeles Press cuando el gobierno de México hizo públicos los datos sobre las repatriaciones en octubre del año pasado.
