Sheinbaum enfrenta la presión de Washington para actuar contra funcionarios señalados por vínculos con el crimen organizado y contener posibles repercusiones económicas.
Por José Luis Camacho Acevedo
Apenas ayer, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, dio trámite para que se publicara en el DOF la nueva reglamentación que regirá en adelante el delito de lavado de dinero.
Coincido con lo que Mari Carmen Cortés le dijo a Ciro Gómez Leyva: esa medida será muy positiva para detener el lavado de dinero y todos los daños colaterales que trae aparejados.
Omar García Harfuch logra el restablecimiento parcial de la exportación del aguacate michoacano a Estados Unidos, gracias al desplazamiento que ordenó de Fuerzas Armadas para que dieran respuesta a las amenazas de muerte que grupos criminales enviaron a los agentes del vecino país que supervisaban el normal desempeño de esa importante área de la economía nacional.
Esas acciones, realizadas por el gobierno de la presidenta Sheinbaum, representan la respuesta mexicana a los recientes pronunciamientos que desde Washington emitieron altos funcionarios de la DEA, del FinCEN, del Departamento de Justicia, amén del nuevo fiscal nominado por Donald Trump. Pronunciamientos que eran más que una advertencia: un aviso de que vendrían por capos y por sus protectores, así fueran estos funcionarios de cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Los profesionales de la protesta, en el presente caso contra la no acción de la Fiscalía para lograr la extradición de nueve funcionarios del gobierno de Sinaloa, encabezados por el mandatario con licencia Rubén Rocha Moya, se lanzaron a escribir sus muy personales inconformidades porque México no entrega a los narcopolíticos ya señalados por Estados Unidos y aligera así la presión estadounidense sobre el tema de los cárteles, ya calificados como organizaciones terroristas.
Los profesionales de la protesta están en lo suyo: criticar lo que consideran que está mal; proponer soluciones drásticas, como la de permitir que la DEA venga por los capos y los narcopolíticos, o sencillamente que renuncie la mandataria.
Pero extraña que, en tan sesudas y analíticas mentes, no se adviertan los riesgos que puede traer para nuestra economía proceder, así simplemente, a otorgar una permisividad que permitiría la forma más primitiva de la injerencia del totalitarismo en nuestra vida como nación.
Preguntas que deben hacerse los profesionales de la protesta:
1.- ¿Habrán perdido ya su capacidad de maniobra los capos de la droga y los políticos que los protegen?
2.- ¿Entregando a Estados Unidos las cabezas que reclaman no se moverán los indicadores económicos como reacción de TODOS los amarres y sociedades que los perseguidos sigan teniendo en muy importantes áreas de nuestra economía?
3.- ¿Rocha Moya es la verdadera cabeza de los males de corrupción y ligas con el crimen organizado que tanto alarman en Estados Unidos?
Si hay que atender a los mensajes del vecino del norte, primero debe asegurarse que las entregas no causen una desestabilización en los más importantes sectores de nuestra economía.
Nadie duda que Rocha Moya, Alfonso Durazo, Américo Villarreal y Alfredo Ramírez Bedolla sean casos ejemplares de corrupción y connivencia con el crimen organizado.
Pero ¿de qué más son capaces estos connotados narcopolíticos?
Claudia Sheinbaum debe analizar con frialdad las repercusiones que una entrega masiva tendría para la estabilidad nacional.
No es lo mismo entregar a un eslabón menor de la cadena del tráfico de drogas que ofrecer la cabeza de alguien que, con sus conexiones financieras en las más diversas áreas de la economía, pueda llegar a causar un daño a las posibilidades de crecimiento económico que aún nos restan.
