México: Tras bambalinas, reforma electoral

Francisco Bedolla Cancino*

Situada en el traspatio mediático de la reforma energética avanza el proceso de discusión de la reforma político-electoral, bajo una agenda en la que, entre otros, se encuentran las iniciativas de la ley de los partidos políticos nacionales; las reformas al régimen de gobierno, que contemplan las prácticas parlamentarias de la aprobación y censura de los miembros del gabinete presidencial; la introducción de la segunda vuelta para el caso de la elección presidencial; la constitución del Instituto Nacional de Elecciones, que supondría la eliminación de los institutos electorales locales; la ampliación de las facultades de fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos; y el incremento de las sanciones a los delitos electorales, que implicaría la introducción de las figuras de la pérdida de la elección y la pérdida de registro, en los casos de violaciones flagrantes, tales como el rebase en los topes de los gastos de campaña.

El hecho de que la reforma energética actúe como un poderoso distractor del curso de desahogo de la agenda político-electoral resulta del todo entendible, pero igualmente problemática. Más allá de que las iniciativas de reforma son un tema que será votado en las cámaras de diputados y de senadores, para nadie es un secreto que el Pacto por México constituye el punto de origen y la sede real de la deliberación entre las cúpulas de los partidos políticos y que sus perspectivas e intereses muestran brechas hondas respecto de los imperativos de la producción de una representación nacional legítimamente democrática y de una competencia que estimule la deliberación pública de los temas políticos y saque a las campañas de la inmundicia de la compra-venta de votos y de todo tipo de triquiñuelas, en las que actualmente se encuentran sumidas.

A la espera de que la reforma electoral pierda su fuerza de atracción mediática y de que fluya la información sobre el rumbo de las discusiones, es del todo pertinente advertir sobre las ausencias evidentes en la agenda política elaborada por las cúpulas del PRI, el PAN y el PRD de temas que, desde la perspectiva del interés público, resultan de la mayor relevancia.

En la lista de las prioridades ciudadanas es urgente e impostergable dejar de incurrir en la ceguera del reformismo electoral, consistente en hacer de cada nueva reforma una especie de confesión de culpa de todo lo que salió mal en la elección anterior, a cambio de practicar la ignorancia y la falta de previsión sobre el margen de oportunidad futura a la innovación en materia de trucos y trampas. Una lección histórica incontestable en el lapso de las cinco reformas ocurridas entre 1989 y 2013 es la capacidad de innovación de los partidos políticos, todos, en sus prácticas para sacar provecho de los vacíos y defectos de los diseños normativos e institucionales vigentes. Si alguna prueba hace falta documentar el hecho, basta con referirse a los escándalos conocidos sobre el financiamiento ilegal y el rebase generalizado de los topes en los gastos de campaña ocurridos durante el pasado proceso electoral federal.

Si todo ocurre como es de prever, muchas de las soluciones recaerán en la ley de los partidos políticos, lo que necesariamente conduce al callejón sin salida de que estará en las solas manos de los partidos políticos el impulsar el instrumento legal con el cual habrá de regularse su actuación. Sería ingenuo esperar, pues, que dicha ley innove significativamente en materias cruciales como la introducción de un esquema de sanciones capaz de disuadir las consabidas malas mañas; o, mejor aún, modificar los esquemas para la asignación del financiamiento público, introduciendo, por ejemplo, fórmulas de asignación sobre la base de la votación realmente promovida, y no sobre el tamaño del padrón electoral, así como fórmulas que equilibren la participación de los candidatos independientes, entre otras cuestiones.

Tan relevante como lo anterior, o más, resulta el método para la designación de los consejeros electorales. Como prueban las dos últimas convocatorias emitidas por la Cámara de Diputados, la disputa por el control partidocrático del IFE es abierta y disfuncional el método de la asignación por cuotas, bajo esquemas de competencia meritocrática simulada. Al respecto, dada la actual situación, el mejor de los mundos posible para los partidos sería uno en el cual pudiesen ejercer un control equilibrado y directo del organismo electoral federal, disponiendo de los cargos en el Consejo General como espacios propios. Respecto del interés público y democrático, por su parte, el escenario ideal sería un organismo electoral plenamente autónomo de los partidos políticos y con un margen aceptable de maniobra para prever y sancionar las posibles ilegalidades.

El problema que representaría para los partidos políticos avanzar en esquemas ajenos a los de las cuotas es que elevaría su incertidumbre, sobre todo porque todo indica que tienen contemplada la introducción de nuevas figuras punitivas, entre las que se encuentran la pérdida de la elección para los candidatos y del registro para los partidos políticos. Hasta donde se alcanza a advertir, la introducción de un método novedoso de selección de los consejeros, que ponga fin a las cuotas partidistas no es una cuestión prioritaria para los partidos. El hecho es que si no se parte del reconocimiento del imperativo de la autonomía del árbitro electoral, es nula la probabilidad de que se resuelva la partidización del Consejo General.

Los indicios actualmente a la vista es que el reparto por cuotas seguirá siendo la primera opción de los tres principales partidos políticos, bajo el entendido de que si se ponen de acuerdo en el tamaño de las cuotas correspondientes para cada uno, lo de menos sería elegir a los aspirantes. El gran peligro de avanzar en tal ruta es que si no existe acuerdo previo sobre la magnitud de las cuotas, el proceso de selección interna se convertirá en una gran simulación con final de desastre anticipado. En tales circunstancias, por la salud de los partidos y de la competencia democrática, más valdría que las dirigencias se pusieran de acuerdo en un método que les diera a todas ellas las suficientes certezas sobre la imparcialidad y la autonomía de los consejeros, preferentemente bajo umbrales mínimos y bien definidos de profesionalismo.

Sin incurrir en simplismos, hay varias opciones técnicamente factibles para despartidizar la integración del IFE. El método de sorteo, como ha sido mencionado, es una opción digna de tener en cuenta, que bien podría operar como mecanismo último de decisión, siempre y cuando la integración de la lista final no estuviera viciada, como sucedió en la última convocatoria. El futuro del IFE, como el de la democracia electoral mexicana es, incierto. Menos incierto que eso es el hecho de que si la reforma electoral deja sin resolver el problema de la autonomía del árbitro electoral, los avances y logros cosechados en los últimos 23 años pueden acabar en el basurero de la historia.

*Analista político

@franbedolla