No se equivoquen, de nuevo, señores obispos

Religión y vida pública

Por Rodolfo Soriano-Núñez

La tarde del sábado 15 de abril los usualmente relajados circuitos de la comunicación informal entre católicos en México se tensaron luego de que empezara a circular la edición más reciente de la revista Proceso.

Fue así gracias a la advertencia que los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) le hacen al director del albergue Hermanos en el Camino, el presbítero Alejandro Solalinde. La advertencia la pronunció el exrector de la Universidad Pontificia de México y actual director del Observatorio Nacional de la propia CEM, el también presbítero Mario Ángel Flores Ramos. La advertencia: si acepta el cargo como responsable del ente que sustituirá al Instituto Nacional de la Migración, sería laicizado. Flores explica: «se ha metido en un terreno muy pantanoso, pues en términos de disciplina eclesiástica no puede ser funcionario de gobierno y al mismo tiempo ejercer el ministerio sacerdotal. ¡No puede! Se lo impide el Derecho Canónico».

Ante esa afirmación, Rodrigo Vera, el reportero le pregunta: «¿Qué sanciones se le aplicarían?». La respuesta es fulminante, como solía decirse de las excomuniones: «la dimisión de su condición de clérigo, la reducción al estado de laico». Más allá de que Flores regresó al habla preconciliar que implica que nosotros los laicos, quienes no hemos sido ordenados, somos inferiores respecto de ellos, los ordenados, es una afirmación tajante, sin otra salida.

La especie fue repetida casi de inmediato en las redes sociales y los grupos de Whatsapp. Uno de los ofendidos católicos con quienes tuve la mala suerte de intercambiar opiniones reafirmó lo dicho por Flores. Cuando le dije que no era así. Profundamente ofendido me preguntó irónicamente si los obispos debían canonizarlo.

La pregunta me resultó tan absurda como ofensiva. Soy muy ignorante en muchas cosas, pero sé que el primer requisito para canonizar a alguien es que haya muerto. En la pregunta socarrona que me espetó esa persona se reflejan los efectos de la lógica perversa de la polarización que induce el show matutino que el presidente monta todos los días, la llamada Mañanera. O se está con ellos, quienes aspiran a la pureza doctrinal y canónica, o se está con López Obrador, el enemigo.

Otras personas me recordaron los casos del expresidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, quien ganó en varias ocasiones las elecciones presidenciales de su país entre 1991 y 2004 y fue laicizado por Juan Pablo II antes de asumir su primera presidencia. Otros recordaron al exobispo Fernando Armindo Lugo Méndez de Paraguay, presidente de 2008 a 2012 y, desde que dejó el cargo, senador.

Hay otros casos que nadie mencionó. El más conocido es el jesuita Robert Drinan, quien en 1971 fue electo representante del tercero (luego cuarto) distrito federal de Massachussets en Estados Unidos. Ejerció el cargo durante diez años, hasta que Juan Pablo II le obligó a escoger entre el ministerio y el cargo. Optó por permanecer sacerdote. En 1975, otro sacerdote, el norbertino Robert John Cornell también resultó electo como representante, por el octavo distrito de Wisconsin. Fue incapaz de ganar su reelección cuatro años después y cuando, en 1980, Juan Pablo II fijó la norma, abandonó la política.

Otro sacerdote en actividades políticas de alto nivel en Estados Unidos fue el también jesuita John McLaughlin quien, luego de ser candidato a senador por Rhode Island y fracasar, se integró al equipo que redactaba los discursos para Richard M. Nixon. A diferencia de Drinan y Cornell, quienes dejaron la política, McLaughlin se quedó en la política, aunque su decisión ocurrió en 1975.

Los casos de Aristide, Lugo, Drinan, Cornell y otros de los sesenta y setenta dejan ver las razones que llevaron a Juan Pablo II a fijar en 1980 la norma ahora vigente, que se reafirmó en los cánones 273 a 289 inclusive, del Código de Derecho Canónico promulgado en 1983. El más importante es el 285, que en sus tres primeros parágrafos dice:

285 § 1. Absténganse los clérigos por completo de todo aquello que desdiga de su estado, según las prescripciones del derecho particular.

§ 2. Los clérigos han de evitar aquellas cosas que, aun no siendo indecorosas, son extrañas al estado clerical.

§ 3. Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos, que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil.

Más allá de que Solalinde no es candidato a un cargo de elección popular y ello marca una diferencia respecto de Aristide, Lugo, Drinan y Cornell, la clave está en lo que el parágrafo 3 dice del «ejercicio de la potestad civil». Creo, además, que es positivo que el catolicismo imponga estos límites a sus ministros, que en México se complementan con la prohibición civil para que los “ministros de culto” sean candidatos a cargos de elección.

Creo que Juan Pablo II comprendió que quienes ejercen «la potestad civil», deben hacerlo como parte de equipos o partidos que los colocan a ellos y a la Iglesia en una situación que los obliga, literalmente, «a tomar partido», a dividir a la sociedad. La experiencia de Estados Unidos lo demuestra. Muchas de las teorías de conspiración que ahora abundan en Estados Unidos tienen como una de sus claves el que el jesuita Drinan fue el primer miembro de la Cámara de Representantes que pidió someter, en 1973, a Richard Nixon a un juicio político (impeachment).

En más de un caso, quienes invocan ese hecho, no ven la decisión de Drinan como de él, motivada por razones políticas, en sintonía con el ánimo de otros representantes en el Partido Demócrata, que le ganaron formar parte de la famosa Lista de Enemigos de Nixon. En los círculos de las teorías de conspiración de la extrema derecha, en los que Nixon es una suerte de mártir, se le ve como una decisión o del entonces superior general de los jesuitas, el español Pedro Arrupe y/o del entonces papa Pablo VI, a quienes frecuentemente se acusa en esos círculos de ser comunistas, masones, judaizantes, entre otras linduras.

Otros casos

Hay, sin embargo, otros tres casos de presbíteros metidos a funcionarios públicos: uno nicaragüense, uno mexicano y otro argentino. El nicaragüense es uno de los que, junto con Drinan y Cornell, dieron un cierto sentido de urgencia a la decisión de Juan Pablo II a finales de los setenta. Se trata de Ernesto Cardenal, quien luego del triunfo de la Revolución Sandinista fue ministro de Educación. Dado que aceptó y se mantuvo en el cargo, se le sancionó. El castigo de Juan Pablo II y Benedicto XVI fue desproporcionado, pues no le permitieron ejercer como sacerdote durante 35 años. Sería el papa Francisco, en 2019, poco antes de que Cardenal muriera, quien le readmitió en el sacerdocio.

El caso mexicano es más complejo, pues implicó a un sacerdote que, además de desempeñar un cargo, fue acusado de haber abusado sexualmente de otras personas, como ocurrió también con el exobispo Lugo en Paraguay y con Drinan en Estados Unidos, luego de que murió. Se trata de Eduardo Córdova Bautista, entonces sacerdote de la arquidiócesis de San Luis Potosí quien fue nombrado por el congreso local, en 1997, como consejero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, durante la presidencia de Sergio T. Azúa Reyes.

En su momento, la guardia del “Estado laico” puso el grito en el cielo, pero lo hizo por las peores razones. El problema de Córdova no es que su nombramiento fuera inaceptable desde la lógica del derecho público, pues concluyó su periodo como consejero. El verdadero problema es que había sido denunciado desde 1995, dos años antes de su nombramiento, al menos en el ámbito canónico, por abuso sexual de menores y su paso por el ombudsman potosino le ayudó a preservar y ampliar su impunidad.

Cuando acabó el encargo y ya no podía controlar la narrativa fue laicizado. Aunque esa pena fue impuesta en ausencia, pues desde 2016 es prófugo de la justicia mexicana y de la canónica. En todo caso, su cargo no lo hacía responsable de las decisiones de la CEDHSLP, no tenía una «potestad civil», pues los ombudsman como tales no son autoridades, menos quienes sólo son consejeros de esos entes.

En ese sentido, algo que no queda claro es si el cargo de Solalinde en la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, le daría «el ejercicio de la potestad civil». El gobierno al que Solalinde está tan desesperado por integrarse, no ha definido claramente cuál sería su encargo, por lo que no me puedo pronunciar. A pesar de ello, me sorprende la manera en que muchos tienen ya una opinión inamovible, que les hace suponer que es aplicable el c. 285.3.

Pero incluso si Solalinde pudiera ser el responsable de decidir, por ejemplo, quién se queda y quién se va de México, está un caso argentino, que deja ver que la aplicación del c. 285.3 no tiene por qué ser fulminante, como insinúa Flores a Proceso.

El 29 de noviembre de 2013, casi ocho meses después de la elección de Jorge Mario Bergoglio como papa, la entonces presidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, nombró al sacerdote Juan Carlos Molina como director de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). Don Juan Carlos sólo ocupó el cargo poco más de un año. El 14 de mayo de 2015, el diario La Nación daba cuenta de su renuncia que calificaba de “sorpresiva”. En esa misma nota de La Nación se hacía ver que “para asumir, Molina recibió (en 2013) el retiro de las licencias ministeriales, a través de su obispo, Miguel Ángel D’Annibale”.

Es decir, para asumir un cargo que sí involucraba el ejercicio de la “potestad civil” Molina recibió una dispensa de sus funciones como sacerdote. Esa es la clave que no aparece en la respuesta que da Flores y mucho menos en la vociferante actitud de los católicos mexicanos sumidos en la narrativa de la confrontación que siembra todos los días la Mañanera. Desean hacer de Solalinde un ejemplo a pesar de las muchas excepciones que el Código de Derecho Canónico establece a sus normas. Esa es, por ejemplo, una de las quejas más frecuentes entre las víctimas de abuso sexual: que las normas de la Iglesia ofrecen muchas excepciones y consideraciones que terminan por beneficiar a los depredadores.

El activismo de AMLO

Los obispos mexicanos deberían evaluar qué dicen o hacen, sobre todo el obispo de Tehuantepec, Crispín Ojeda Márquez, así como los portavoces, oficiales o de facto que se pronuncian sobre estos asuntos. No se necesita de acceso especial al pensamiento o las intenciones de López Obrador para darse cuenta que, como todos los populistas, él necesita de un enemigo, de un adversario a quien atacar todos los días. Quien siga pensando que las “ocurrencias” de todos los días en las Mañaneras son eso, sigue asumiendo que AMLO es torpe. No lo es.

Su habilidad no es la hechura o la evaluación de políticas públicas. Es un activista y tiene una base social suficientemente leal como para que no se deba preocupar por la coherencia de sus proyectos. Lo suyo es la movilización y para eso necesita confllictos, aunque sean artificiales. Ahora quiere un conflicto con la CEM. Cumplir el deseo le viene a AMLO como anillo al dedo. Nos guste o no, la realidad es que puede decir lo que se le ocurra y hay un segmento, de alrededor del 20 por ciento de la opinión pública, dispuesto a aplaudirle. Así lo demuestra una encuesta de principios de abril, de El Financiero. A la pregunta «¿quién considera que es el principal responsable de la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez?», un 21 por ciento respondió que «los propios migrantes por prender fuego a colchones», la primera explicación de López Obrador.

Pensar que los obispos deben hacer de este asunto su Non Possumus, el tema que defina su futuro, es no darse cuenta que eso es lo que López Obrador quiere. Él quiere a una Iglesia que «lo ataque», aunque en realidad no haya un ataque, para entonces transmitir en vivo su metamorfosis en Benito Juárez y decirse defensor del “Estado laico”, aunque él mismo lo viole al nombrar a Solalinde para ese cargo. Ello le permitiría mostrar a los obispos como intolerantes con Solalinde, con él y con la Cuarta Transformación, es decir, con el “pueblo bueno” que él dice representar mientras juega al mártir. Insistiría, por ejemplo, en las supuestas coincidencias entre lo dicho por el senador republicano Lindsey Graham y lo dicho por la CEM sobre la violencia en México.

Para ello se valdría, además, de las ocasiones previas en que los obispos se equivocaron respecto de Solalinde. Sobretodo, se equivocaron al desestimar el sufrimiento de los migrantes, porque estaban contentos con la legislación que existía hasta septiembre de 2021 en México en materia de aborto. No importaba que “muy católicos” gobernadores como Eruviel Ávila cerraran refugios para migrantes, como el Juan Diego de Lechería, porque don Eruviel, como Enrique Peña antes y Alfredo del Mazo después, les prometió prohibir el aborto y los matrimonios civiles de personas del mismo sexo en el Estado de México. Los obispos mexicanos no estuvieron solos en ese error. Esta serie Religión y vida pública inició con una reflexión sobre los errores que cometieron los obispos de Nicaragua, cuando aceptaron todos los excesos y abusos de Daniel Ortega, a cambio de que les diera una de las legislaciones más restrictivas en materia de aborto en América Latina.

En México hay quizás miles de fotos de obispos que celebran con el otro enemigo de AMLO: el mítico PRIAN. Ahí están las bodas de la familia de Eruviel Ávila, asistidas por casi todos los obispos del Estado de México o la manera en que Angélica Rivera consiguió la nulidad de su primera boda para casarse en una desierta catedral. Desierta para cumplir con la norma canónica que exigía una ceremonia privada, pero celebrada en la catedral de Toluca por varios obispos, incluido el arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Wechmann y transmitida por las televisoras.

Ojalá que los obispos mexicanos no vuelvan a equivocarse al darle al director del albergue Hermanos en el Camino la espada donde pueda caer para convertirse así en el mártir de los obispos, los “aliados del PRIAN”. Ello es importante por la Iglesia y el país. Convertirse en socios, así fuera involuntarios, de un gobierno que le apuesta a la polarización es absurdo. No se necesita más de eso. Se necesita inteligencia y prudencia para no fortalecer a un líder populista, cuyas acciones, casi todas aisladas, incoherentes, van de tumbo en tumbo.

Otra entrega de esta serie estuvo dedicada ya a las contradicciones en el desempeño de Solalinde, el clérigo de Estado, el monsieur L’Abbé del actual gobierno, por lo que no insistiré en que él usa su ministerio para servir al proyecto del presidente. Pero los obispos deberían ser en esta ocasión más prudentes y sagaces. No regresar a aquello del «cura chicharronero» y menos hacer de él un mártir. Ahí está, para quien quiera evitar una confrontación estéril, la salida que los obispos argentinos le dieron al capricho del padre Molina. Y es capricho, porque, a final de cuentas esos cargos no logran resolver problemas de largo plazo. Mucho menos en el caso de la migración, asunto en el que México está para responder, nos guste o no, a lo que Estados Unidos diga, como el mismo Solalinde reconoció ya antes.