Alberto Farfán Jueves, 27 de Agosto del 2026
Sheinbaum enfrenta cuestionamientos por utilizar la tribuna presidencial para exhibir a periodistas y ciudadanos identificados como críticos de su gobierno.
Por Alberto Farfán
Hace unos días la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, dentro de la conferencia matutina de la primera mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, en la sección Derecho de Réplica dio a conocer una lista que incluye a periodistas, columnistas, empresarios, comentaristas, asimismo a personas en general señalándolos como críticos del régimen. Y por lo tanto inaceptables. Esta lista negra integra nombres, apellidos, medios y organizaciones.
No obstante, para Alcalde la presentación que realizó al respecto no constituye una acusación penal o el inicio de un proceso judicial, amén de que sólo se trató de un análisis técnico hecho por expertos en la materia sobre el flujo de información en las redes sociales, mostrando cómo funciona “el ecosistema digital y el uso de automatizaciones (bots) en la conversación pública”. Y cómo se magnifican en las plataformas digitales los errores gubernamentales, sean ciertos o falsos.
Además, la Consejería Jurídica de la Presidencia se constituye en un órgano legal para la presidenta, es decir, no tiene facultades legales para investigar delitos o para imponer multas. Lo cual sólo le corresponde a la Fiscalía General de la República. Sin perder de vista que no existe ninguna ley que prohíba expresar opiniones adversas o amplificadas contra el gobierno a través de las plataformas digitales.
Y ciertamente que Derecho de Réplica se ha ido transfigurando en el siniestro estadounidense Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes (HUAC, por sus siglas en inglés), creado y dirigido por el senador yankee Joseph McCarthy (1908-1957), un férreo anticomunista, quien creó una lista negra de la mayoría de los enemigos del régimen de tendencias izquierdistas. Tal y como aquí está sucediendo pero en contra de los adversarios derechistas de la administración federal.
Y al igual que en EEUU la lista negra nos conducirá a un clima de intimidación, porque se exhibe y fomenta la violencia en los espacios digitales contra los periodistas independientes. Si el senador anticomunista logró amedrentar a decenas de norteamericanos y acallarlos, la presidenta, tarde que temprano, hará lo propio, pues para eso tiene a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana bajo su mando.
Aunque el ominoso yankee era claro y directo en las audiencias con los acusados de enemigos del gobierno, la mandataria en sus conferencias matutinas frente a preguntas relevantes opta por la tangente o en definitiva dice que ella no responde a provocaciones, como cuando la interrogaron sobre el porqué sí solicitó se investigara quién financió a las madres buscadoras que vinieron en pleno Mundial de Futbol, en cambio no lo ha hecho con los morenistas acarreados que se presentan por cientos a sus actos.
En diversos casos el senador norteamericano falseó en sus declaraciones con el objeto de castigar al supuesto enemigo de EEUU, la presidenta ha mentido y meses después acepta que era cierta la información de la prensa antipatriótica; como fue el caso de la joven que se asoleaba en un balcón de Palacio Nacional, o cuando dijo que Pemex no era responsable de la derrama de petróleo en el mar, sin embargo, semanas después tuvo que dar marcha atrás y aceptó que sí fue Pemex la causa de ello.
Podría parecer exagerado el símil que planteo entre Sheinbaum y McCarthy, no obstante, no olvidemos que México es el primer lugar en donde se secuestra y asesina a periodistas. Y si a esto se le suma la lista negra en donde son claramente exhibidos, los resultados serán peores para todos, comunicadores o no, tanto por la delincuencia organizada como por personajes en el poder. Pero sobre todo no dejemos atrás que ambos políticos defienden o defendieron con todo su vesánico poder sus respectivos regímenes.
Cabría subrayar tres puntos básicos de un pronunciamiento de Artículo 19 sobre el particular, respaldado por otras ONG. En primer lugar ponen en tela de juicio que la Consejería Jurídica realice “monitoreo, catalogación ni calificación de la conversación pública o el trabajo de la prensa. Calificaron de preocupante que recursos del Estado se destinen a vigilar la opinión ciudadana y de periodistas”. En segundo lugar se detectó que después de presentar la lista negra se iniciaron múltiples ataques intimidatorios en los entornos digitales contra las personas nombradas.
Más aún, dice el documento: “Denunciaron que el formato utilizado en "Derecho de Réplica" contraviene las normas de libertad de expresión y de acceso a la información dictadas por organismos de la ONU y la CIDH. El Estado, argumentan, abusa de su asimetría de poder al ‘replicar’ a ciudadanos individuales desde la tribuna pública oficial”.
Y en efecto, prometieron que no eran iguales a los partidos del neoliberalismo, que transformarían al país en diversos sentidos, que habría cambios de fondo, que no habría corrupción ni nepotismo, sin olvidar fundamentalmente la máxima frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador: "No mentir, no robar, no traicionar al pueblo". Y llevan a cabo todo lo contrario, inclusive aún peor.