Hazael Sayavedra Miércoles, 29 de Julio del 2026
El caso Shots convirtió a Pedro Mendívil en una pieza clave dentro y fuera de México.
Por Hazael Sayavedra
Pedro Ariel Mendívil García cayó este martes 28 de julio exactamente donde esta columna lo había ubicado hace dos semanas: en la frontera entre la policía municipal y el crimen organizado. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional —Sedena—, la Secretaría de Marina (Semar) y fuerzas federales adscritas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), catearon su domicilio en el fraccionamiento Los Arcos, en Mexicali, y ejecutaron una orden de aprehensión girada por la jueza del Partido Judicial de Mexicali, Norma Celeste Soto, dentro de la causa penal 06748/2026. Se le imputan desaparición forzada, asociación delictuosa y robo de vehículo, en agravio de José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora.
En el mismo operativo cayó Luis Alfonso Jacobo, excomandante operativo de la corporación que Mendívil dirigió; las autoridades giraron órdenes adicionales contra otros policías de la misma estructura —entre ellos Kevin González Álvarez y su hermano Jesús Armando González Álvarez, alias "8-9" o "4-4"—, de los cuales, hasta ahora, solo tres han sido capturados.
El expediente de Mendívil es una pieza de algo mucho más grande. La propia fiscal general María Elena Andrade Ramírez confirmó la tarde del martes, en conferencia de prensa, que la imputación contra el exjefe policiaco se desprende del caso Shots, uno de los episodios criminales más oscuros de la Mexicali reciente: la desaparición de más de diez jóvenes que frecuentaban centros nocturnos de la ciudad.
Según la propia fiscal, el patrón documentado fue el siguiente: alguien se veía envuelto en una riña con un trabajador de un antro; era entregado a policías municipales y, en lugar de ponerlo a disposición del Ministerio Público —como marca la ley—, esos mismos policías lo entregaban a integrantes del crimen organizado, que lo torturaban y lo desaparecían. Andrade Ramírez fue explícita: la implicación de Mendívil se deriva de "acción u omisión", y la carpeta tiene ya tres años abierta; es decir, arrancó en 2023, exactamente cuando él encabezaba la Dirección de Seguridad Pública Municipal. La conferencia se realizó, con una ironía que la fiscalía no necesitó subrayar, en la misma Sala de Procuradores de las oficinas de Río Nuevo, donde Mendívil ofrecía sus propias conferencias cuando era fiscal regional.
Andrade Ramírez también negó que exista un conflicto político detrás de la investigación y adelantó que el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), más allá de cualquier otra indagatoria relacionada.
De los responsables materiales, sin embargo, hasta ahora solo ha caído un guardia. El único imputado formal por la desaparición de David Melecio y Manuel Bramasco, ambos vistos por última vez el 8 de abril de 2023 dentro de La Terraza del Shots, aparece identificado en el expediente como José "N", empleado del antro que trabajaba ahí como guardia de seguridad. El propietario, el empresario Juan Luis Martínez Ayala, no enfrenta cargo alguno. Al contrario: en octubre de 2023, mientras las familias de los desaparecidos se manifestaban en la calle, los dueños del inmueble obtuvieron un amparo federal que les permitió recuperar el control del local para venderlo. El bar cerró, fue incendiado por desconocidos en enero de 2025 y hoy sigue bajo resguardo policial. De su dueño, tres años y una decena de desaparecidos después, no existe una sola carpeta de investigación que lo señale como imputado. El patrón se repite hacia arriba y hacia abajo del organigrama: el guardia enfrenta juicio, el jefe de policía enfrenta prisión y el empresario dueño del inmueble donde ocurrieron las desapariciones no enfrenta nada.
Y si el patrón es entregar responsables menores mientras los dueños navegan indemnes, vale la pena mirar quién más comparte cuadra con el Shots. El antro forma, junto con El Copeo y el Cavally, el llamado "triángulo de las Bermudas", una zona que la prensa local bautizó así después de que el entonces fiscal reconociera, en 2023, sin atreverse a nombrar cárteles, que era frecuentada por integrantes del crimen organizado. En el Cavally fue visto salir, en evidente estado de ebriedad, Alexis Mendoza Guillén, "El Plaga", mano derecha del operador de Los Rusos en Mexicali.
El Copeo nació el 22 de octubre de 2019, apenas días después de que Marina del Pilar asumiera la presidencia municipal de Mexicali, de la mano de un grupo encabezado por Juan Manuel Lameiro Camacho. Un año más tarde, ese mismo Lameiro se convirtió en socio de la gobernadora y de Carlos Torres Torres en Tijuana, en un giro de negocio completamente distinto: un mercado orgánico que hoy opera como Fresh Market, sobre el bulevar de las Américas, y que Marina del Pilar describió como "un mercadito, chiquito que todavía no da". En octubre de 2023 apareció una narcomanta a unos pasos de ese mismo mercado.
Nadie ha explicado todavía por qué el crimen organizado deja mensajes junto al negocio de la gobernadora, ni por qué el otro giro comercial de su socio, bares en la zona más señalada de Mexicali, nunca ha merecido la misma pregunta que hoy enfrenta un expolicía.
Su carrera tampoco es la de un outsider. Mendívil inició su trayectoria en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), como agente del Ministerio Público y en áreas de investigación. Cuando esa dependencia se transformó en la Fiscalía General del Estado, en 2019, fue nombrado fiscal regional de Mexicali, cargo que ocupó hasta diciembre de 2021, bajo la gestión del entonces fiscal general Guillermo Ruiz Hernández. De ahí pasó a encabezar la Dirección de Seguridad Pública Municipal durante el primer trienio de Norma Bustamante Martínez, hasta 2024. Se presenta como especialista en el sistema penal acusatorio y abogado penalista con 24 años de trayectoria. Al dejar el cargo asumió la presidencia de la Federación de Abogados de Baja California (Fedabo) y, desde 2025, ejerce nuevamente la abogacía en forma privada, ahora como defensor: la misma destreza procesal que antes empleó para perseguir hoy la utiliza para defender, y ese giro dice, cuando menos, algo revelador de cómo funciona la procuración de justicia en Baja California.
Esta columna ya había puesto su nombre en el expediente del poder. El 13 de julio, en «La hebra más delgada del poder de Marina del Pilar», documenté la acusación que pesa sobre él ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada: un pago de 150 mil dólares mensuales a Carlos Torres Torres a cambio de permitir la operación de Los Rusos, célula del Cártel de Sinaloa, en varias zonas del estado. Ahí lo señalé como el canal de financiamiento criminal hacia el círculo íntimo de la gobernadora. Las autoridades nunca confirmaron públicamente esa línea, pero el crimen organizado sí la dio por buena: semanas atrás, una narcomanta colocada en la colonia Villas del Sol lo señaló directamente por su presunta relación con esa misma célula. Cuando el cártel te pone en una manta y la fiscalía te pone en una carpeta por desaparición forzada, ya no hace falta que el gobierno confirme nada.
Horas antes de que lo detuvieran, Mendívil difundió un video en el que se declaró inocente. Se presentó como abogado penalista con 24 años de carrera, acusó a la fiscal María Elena Andrade Ramírez de fabricar una venganza personal derivada de una denuncia que, según él, presentaron en su contra tres presidentes de colegios de abogados de Baja California hace más de una década, y aseguró que la fiscalía "se la ha pasado golpeándome desde que estaba y desde que salí".
Dijo que se presentaría voluntariamente porque quien nada debe no tiene por qué esconderse ni ampararse. También se describió como el costo político del quinto audio filtrado sobre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y calificó su caso como un plan armado, no una coincidencia. Horas después, en su propia conferencia, la fiscal Andrade Ramírez le respondió, aunque fuera de manera indirecta: negó que existiera un conflicto político detrás de la carpeta.
No es la primera vez que su nombre se cruza con versiones de una detención inminente. En junio, Mendívil ya había salido a desmentir en medios locales que estuviera detenido y fue todavía más específico: negó estar bajo custodia de autoridades estadounidenses. Un mes y medio después, la parte de esa versión que resultó cierta fue la detención. La otra mitad no se ha confirmado ni descartado: qué tanto interés hay, del otro lado de la frontera, en un hombre que durante años administró la seguridad pública de la ciudad fronteriza más transitada del país.
Y luego está el papel, que en este oficio suele decir más que el video. La cédula profesional de Mendívil García, inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), registra únicamente una licenciatura en Derecho obtenida en la Universidad Autónoma de Baja California en 1999. Sin embargo, en su declaración patrimonial como director de Seguridad Pública Municipal, correspondiente al ejercicio 2024, reportó como "nivel máximo de estudios concluido y comprobable" el grado de maestría, que no aparece respaldado por ninguna cédula adicional en el registro público.
En esa misma declaración, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2024, registró una remuneración mensual bruta de 11 mil 400 pesos y una neta de 9 mil 993 pesos con 34 centavos. Es decir, el hombre señalado de cobrar 150 mil dólares al mes por proteger a Los Rusos, tiene un sueldo menor de 10 mil pesos mensuales, según la Plataforma Nacional de Transparencia como director de la policía municipal.
La maestría no comprobada constituye, en el mejor de los casos, una posible falta administrativa. El sueldo de risa frente al ingreso que se le atribuye es la pregunta que ninguna declaración patrimonial en este país está diseñada para responder.
Coincido con Mendívil en un solo punto, y es el que menos le conviene que yo comparta: es, en efecto, una cortina de humo y distracción. Donde nos separamos es en aquello de lo que se intenta distraer.
Él quiere que su público crea que la cortina tapa el escándalo de los audios de la gobernadora. Mi lectura, sostenida desde el análisis de inteligencia y no desde la especulación, es otra: la cortina no protege a Marina del Pilar de la opinión pública; lo protege a él, de Washington.
Mendívil no es un testigo cualquiera. Fue, en secuencia, el fiscal regional que decidía qué carpeta se abría y cuál se archivaba; después, el jefe de policía que decidía qué hacían sus agentes con cada detenido. Pocas personas en Baja California han tenido ambos extremos del expediente en las manos al mismo tiempo, y eso es exactamente lo que lo vuelve peligroso para todos a su alrededor: sabe demasiado sobre el andamiaje financiero que conecta a la policía municipal, al círculo de Carlos Torres Torres y al gobierno de Marina del Pilar con el crimen organizado.
Ese conocimiento tiene dos destinos posibles: una fiscalía mexicana que lo procesa por delitos locales, desaparición forzada, caso Shots incluido; o un fiscal estadounidense que lo convierte en testigo cooperante a cambio de inmunidad, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) se disputan, desde hace semanas, quién llega primero a las fuentes de esta historia.
Una prisión mexicana resuelve ese problema de un solo golpe: lo saca de circulación, lo coloca bajo control absoluto del mismo aparato estatal al que acusa de perseguirlo y vuelve casi imposible cualquier gestión de extradición o cooperación voluntaria con autoridades extranjeras, mientras enfrenta un proceso penal local que, además, es real, documentado y tiene tres años de investigación. No lo encarcelaron para castigarlo. Lo encarcelaron para que no lo escuche nadie fuera de este país.
Si la hipótesis es correcta, esto no fue una detención contra Mendívil. Fue una detención para impedir que declare en otro idioma, ante otra bandera. Y si algo ha demostrado esta historia desde el primer audio filtrado en junio es que, en este gobierno, nadie cae por accidente: cae cuando deja de valer más suelto que preso. Mientras eso ocurre, el bar donde todo empezó sigue con dueño, sin cargos y en venta.