Hazael Sayavedra Miércoles, 22 de Julio del 2026, 00:00
Al declararse involucrado en la operación detrás de los audios, Simón Levy reforzó la defensa pública de Marina del Pilar.
Por Hazael Sayavedra
Hay una regla no escrita en el análisis de operaciones de inteligencia: cuando un actor se adjudica autoría de una filtración, la pregunta relevante no es qué dijo, sino qué gana con haberlo dicho él y no otro. Simón Levy Dabbah lleva meses respondiendo esa pregunta sin que nadie se la haga en público.
Este espacio ha seguido el caso de la gobernadora de Baja California desde la primera filtración: documentó las incongruencias del audio cuando ella responsabilizó al exgobernador Jaime Bonilla de tenderle una trampa, y analizó la detención de Ernesto Ruffo Appel como pieza de un tablero más amplio rumbo a 2027. Simón Levy es el nuevo actor que entra a ese tablero — y merece el mismo escrutinio.
El perfil operativo: el prófugo que Washington alberga
Levy es abogado y exsubsecretario de Planeación y Política Turística en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el banderín con el que salió: exfuncionario de la Cuarta Transformación que rompió con el proyecto y se declaró perseguido por él. Enfrenta una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), y dos órdenes de aprehensión vigentes en la Ciudad de México. Cuando Interpol lo detuvo en Lisboa en octubre de 2025, no fue Estados Unidos quien lo rescató: fue su nacionalidad europea, según confirmó la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Portugal rechazó la extradición en diciembre de 2025 y archivó el expediente.
Lo buscan por un género criminal con carga política propia: los delitos inmobiliarios. Un inmueble construido violando la normatividad, y un conflicto por un convenio de construcción en Campos Elíseos 113, Polanco, que escaló hasta las amenazas y la agresión contra la denunciante grabada en video y pública. El mismo género que Morena convirtió en estandarte contra el Partido Acción Nacional con el llamado “cártel inmobiliario” de la alcaldía Benito Juárez, y el mismo que la crítica pública ha señalado, en el vox populi capitalino, dentro de las propias administraciones de Morena en la Ciudad de México incluida la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, periodo en el que precisamente se abrieron las carpetas contra Levy. La ironía es completa: el partido que hizo del pleito inmobiliario ajeno una bandera persigue hoy a su propio exfuncionario por el mismo catálogo de delitos que jura combatir. Y el perseguido, en lugar de responder por un edificio en Polanco, se reinventó en Washington como disidente político.
Hoy opera desde Washington D.C. bajo la marca editorial “Es Posible”. Ha trascendido en círculos periodísticos —versión que este espacio consigna y sigue trabajando en documentar con registro oficial— que Levy se presentó voluntariamente ante las autoridades migratorias estadounidenses a su llegada: no entró escondido, entró entregándose. Si esa versión se confirma, el dato es mayúsculo, porque una entrega voluntaria de un hombre con ficha roja solo tiene sentido bajo un supuesto: que llegó con algo que ofrecer. La figura procesal que explicaría su permanencia —solicitante de asilo, testigo cooperante, o alguna forma de protección que no conocemos— es la pregunta que ni él ni el gobierno estadounidense han respondido. La pregunta incómoda es inevitable: ¿basta con haber trabajado en Morena y declararse perseguido para que las autoridades estadounidenses te abran la puerta, con ficha roja incluida?
¿Por qué Estados Unidos no lo detiene?
Porque la ley no se lo exige: el sistema estadounidense no reconoce la notificación roja de Interpol como base de arresto — requiere una solicitud formal de extradición de México, revisada por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia (DOJ) y avalada por un juez federal. Esa solicitud, hasta donde consta públicamente, no existe. Pero que la ley no obligue a detenerlo no explica lo otro: un extranjero sin estatus migratorio conocido y con ficha roja es removible casi a discreción de las autoridades migratorias. Si Levy sigue ahí, transmitiendo desde Washington, no es porque Estados Unidos no pueda tocarlo. Es porque ha decidido no hacerlo. Y esa decisión es en sí misma un dato de inteligencia.
El incentivo que sí está documentado
El 19 de julio, Levy publicó en X su propio recibo: “¡Hoy amanezco muy feliz!! En serio. En los últimos 30 días, alcanzamos 214 millones de personas en Facebook que leen y ven mis contenidos. Hasta pilón de 5,800 dólares para mi equipo, que voy a donar en cursos de Es Posible. Luego, ésta es mi mayor felicidad: 7.6 millones de personas en Patreon en alcance con más de 23 mil suscriptores.”
Léase con cuidado, porque el tuit dice más de lo que celebra. Los 5,800 dólares de Facebook son, en sus palabras, “pilón” — dinero donable, prescindible. Es decir: él mismo declara que eso no es su sustento. Y él mismo señala dónde está lo que importa: “esta es mi mayor felicidad” — Patreon. Ahí aparece la anomalía: 23 mil suscriptores lo colocaría entre los creadores políticos más grandes de esa plataforma en cualquier idioma, una cifra desproporcionada para meses de operación editorial. Caben tres explicaciones: que mezcle seguidores gratuitos con pagadores reales; que el crecimiento haya sido comprado; o la más incómoda: que la plataforma funcione como vehículo de financiamiento opaco —unos cuantos mecenas anónimos en niveles altos, indistinguibles desde afuera de la masa de suscriptores, bastarían para sostener la operación completa con apariencia de apoyo popular. Este espacio no afirma que eso ocurra: afirma que nadie puede descartarlo, y que las únicas entidades capaces de auditar esos flujos —el DOJ y el Departamento del Tesoro— son precisamente las del país que lo alberga.
No tiene empleo conocido en Estados Unidos. Todo lo demás —quién paga su seguridad privada, quién sostiene su vida en una de las ciudades más caras del continente— permanece sin respuesta.
“Yo estuve involucrado en la operación”
En una entrevista con Carlos Alazraki en Atypical Te Ve, difundida el 19 de julio de 2026, Simón Levy lo dijo con todas sus letras: “Quiero decirte, Carlos, que fue un cuatro, cayó en la trampa, yo estuve involucrado en la operación”. No fue una insinuación ni una lectura del canal: fue Levy, por su propia voz y ante cámara, colocándose dentro de la operación que hasta entonces solo se le atribuía. El programa lo dramatizó un paso más allá, con un sobreimpreso que lo hacía decir “Yo grabé a Marina; fue una trampa” — y conviene marcar la diferencia con precisión forense: Levy dijo haber estado involucrado en la operación, no detalló que él personalmente la grabara. El canal amplificó; nosotros nos quedamos con lo que salió de su boca.
Tómese la declaración con el escepticismo que su autor exige. Este es el mismo Simón Levy al que el periodista Luis Cárdenas, tras entrevistarlo y creerle, tuvo que desmentir con una frase que ya es célebre: “nos mintió a todos”. El mismo que ha soltado en ese preciso foro afirmaciones sin sustento que resultaron falsas. Que se adjudique la operación con todas sus letras no convierte el dicho en hecho: un mitómano documentado que dice “yo estuve involucrado” ofrece su versión, no una prueba. Y su versión, como toda la obra de Levy, hay que leerla no por lo que afirma, sino por lo que logra.
Porque la declaración, verdadera o falsa, hace exactamente el mismo trabajo político: desactiva la acusación de traición contra Marina del Pilar. Si el mundo cree que fue una trampa montada por un particular, no hubo negociación con autoridad extranjera, y la lectura de “traición a la Patria” se derrumba. Sea Levy el autor real o alguien que se cuelga la medalla, el resultado favorece a la misma persona. Por eso la pregunta correcta no es si Levy dice la verdad —su historial sugiere que no—, sino por qué eligió decir justo esto, justo ahora, en un formato sin contrapeso, cuando el efecto es blindar a la gobernadora. Un oportunista buscando reflector y un operador cumpliendo encargo producen, desde afuera, exactamente la misma escena.
Tres hipótesis, y una navaja
La navaja de Ockham ordena empezar por la explicación que menos supuestos necesita. Y ésa no es la conspiración: es el personaje.
Hipótesis base: el oportunista puro. Un creador de contenido prófugo que monetiza el escándalo, exagera cifras, se adjudica hazañas ajenas y busca colarse a la escena política del 27 o del 30. No requiere padrino, ni pago, ni agencia: todo lo que consta de él es consistente con un hombre solo sobreviviendo de su audiencia y de su descaro — incluida la mentira documentada de octubre, cuando juró desde “Washington” estar libre mientras las autoridades portuguesas lo tenían bajo medidas cautelares en Lisboa. Incluso su blindaje se explica sin misterio: se llama geografía. México no ha presentado solicitud formal de extradición, Estados Unidos no arresta por ficha roja, y la burocracia migratoria tarda años en remover a cualquiera. El costo de alcanzarlo es más alto que el daño que hace.
Hipótesis dos: el justiciero contratado. Marina del Pilar enfrenta la lectura más grave posible de los audios filtrados por Héctor de Mauleón: haber negociado con agentes reales de una potencia extranjera. Para desactivarla necesita un culpable con nombre, apellido y domicilio mexicano al que señalar como autor del montaje. Si ella o su entorno le pagaron a Levy para adjudicarse haber organizado el encuentro donde civiles se hicieron pasar por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI), la acusación se convierte en “víctima de fraude de un particular” y contra ella no queda delito perseguible. Si además Levy es aliado de largo plazo de alguna corriente de Morena —vinculada a la gobernadora, a su esposo Carlos Torres, o a un sector más amplio—, su plataforma lo proyecta hacia 2027: blindaje legal y construcción de activo político, la misma operación en dos tiempos.
Hipótesis tres: el activo americano. El 14 de julio, Los Ángeles Press —este mismo medio, y conviene decirlo de frente para que el lector pondere la fuente— publicó que la estrategia de filtración fue orquestada por el propio FBI, coordinada desde la embajada de Estados Unidos y con un canal periodístico definido. No fue una conjetura editorial: fue resultado de reporteo con fuentes propias. Si la agencia ya operaba la narrativa por un canal, tener un segundo —deniable, ruidoso, desechable— es doctrina básica. Y hay un dato adicional que este espacio obtuvo de primera mano: Los Ángeles Press consultó a un miembro de los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos sobre lo que Levy se adjudica, y la respuesta fue inequívoca: "al FBI no le va a gustar lo que Levy hizo", no lo haría público, pero lo más probable es que el asunto termine investigándose. La tolerancia migratoria sería la moneda: no te doy papeles, te doy permanencia. Mientras sirvas.
Y sin embargo. La navaja favorece al oportunista, y este espacio no la descarta. Pero cuando se ordenan todos los datos —el financiamiento que no cuadra, la tolerancia migratoria inexplicable, la consulta que confirma que el tema terminará investigándose, y el señalamiento documentado de que fueron agencias estadounidenses las que filtraron el material—, quien esto escribe se inclina por una lectura que expone como convicción analítica, no como hecho probado: los estadounidenses están detrás.
La hipótesis del autor. A Estados Unidos se le ha señalado de ser el origen de la filtración. No ha salido a desmentirlo ni a confirmarlo. Un silencio que se explica si hay una investigación real en curso que no se quiere exponer. Y ahí aparece la lógica del cartucho quemado: si la presión mediática “Estados Unidos interviene en asuntos internos de México” amenaza con incendiar esa investigación, la jugada más eficiente no es callar más, sino sacrificar un peón ruidoso. Un particular impresentable que se adjudica el montaje desvía la atención de las agencias estadounidenses, relaja a los políticos mexicanos que se sabían observados, y disuelve el costo político de la injerencia. Todo sin que ninguna institución de Estados Unidos tenga que pronunciar una palabra. Levy, mientras tanto, queda exactamente donde conviene: disponible para ser escuchado después, útil para presionar a Marina del Pilar cuando el tablero lo pida, y desechable el día que deje de servir. No es una acusación con pruebas en mano; es la hipótesis que mejor explica por qué cada pieza cae justo donde cae. Alguien construyó esta plataforma y alguien decide para qué se usa. La pregunta abierta ya no es solo quién la paga, sino a qué investigación —todavía invisible— le está sirviendo de cortina.
Los dos residuos que Ockham no elimina
La hipótesis del oportunista explica casi todo. Casi. Quedan dos datos que se le atragantan.
El primero: ¿cómo sabían los interlocutores que Marina del Pilar ya había sostenido tres reuniones con autoridades estadounidenses? Según el audio filtrado, el interlocutor da por sentadas reuniones previas — encuentros que ella nunca hizo públicos. Y en la grabación, lejos de corregirlo, les da continuidad: los admite de facto al seguir el hilo. Y aquí la propia declaración de Levy agranda el misterio en lugar de cerrarlo: si él grabó y montó la trampa como afirma, ¿de dónde salió el conocimiento de reuniones privadas que la gobernadora nunca hizo públicas? Solo hay dos lecturas: o las reuniones existieron y quien alimentó el montaje manejaba información verídica no pública, o eran una fantasía introducida que ella, en un lapsus bajo presión, validó con su silencio. En el primer caso, alguien detrás de la escena que Levy dice haber grabado tenía capacidad de vigilancia real sobre la gobernadora, o una filtración desde su círculo íntimo. Levy pudo poner la cara y la grabadora; la inteligencia previa es otra cosa. Y si ni siquiera participó —si solo se cuelga el crédito—, entonces solo puso la boca: un mitómano cargándose una operación ajena, que es la salida que Ockham ofrece y que su historial hace verosímil.
El segundo: el timing. Levy no reclamó rol alguno tras el primer audio, cuando el escándalo emergía. Lo hizo hasta el 19 de julio, después del tercer audio, cuando el tema ya era tendencia nacional. Para un operador pagado, es ilógico: el blindaje funciona instalándose temprano. Para un oportunista subiéndose al tren, es exactamente el momento correcto. Este residuo, nótese, corta a favor de Ockham.
Un dato debilita a la hipótesis base, otro la refuerza. Por eso el caso no se cierra: se vigila.
Las connotaciones legales de la trampa, sea quien sea el operador
Si se confirmara que particulares se hicieron pasar por agentes federales estadounidenses, el hecho no es menor. En Estados Unidos está tipificado en el Código de Estados Unidos —18 U.S.C. § 912—, con hasta tres años de prisión, agravado si se obtuvo información de valor bajo esa identidad.
En México, el Código Penal Federal tipifica la usurpación de funciones en su artículo 250, y si las grabaciones se obtuvieron sin consentimiento de todas las partes, la violación de comunicaciones privadas del artículo 177. Levy reside en Estados Unidos: si el hecho ocurrió ahí, la fiscalía federal tendría jurisdicción propia, sin depender de extradición alguna. Y quien se adjudica públicamente un delito federal le entrega, a quien quiera usarlo, el caso hecho por su propia boca.
Qué gana cada quién
Una advertencia antes del ejercicio, porque el ejercicio es seductor y la seducción engaña. Que un escenario reparta ganancias entre todos los actores no lo vuelve más probable: la convergencia de incentivos describe quién tendría motivo, no prueba que hubo coordinación. La historia está llena de escándalos donde nadie ganó, o donde todos perdieron. Y hay una trampa lógica todavía más fina que conviene nombrar en voz alta: que algo favorezca a Marina del Pilar no significa que ella lo haya diseñado. Utilidad no es autoría. Con esas dos reservas explícitas sobre la mesa —y solo con ellas— tiene sentido trazar el mapa.
Si la hipótesis del activo americano fuera la correcta, el balance cierra con una precisión inquietante. Levy gana permanencia —su utilidad es su única visa—, relevancia y protección implícita; su exposición legal es su correa. Marina del Pilar gana, sin haber tenido que diseñar nada, la corroboración de su defensa por un tercero que no controla — aunque si el confesor es impresentable, su corroboración nace contaminada. Los americanos ganan más que nadie: deniabilidad total, las tres reuniones reales fuera del foco, y el expediente de la gobernadora en suspenso — desactivable pero reactivable. Una gobernadora fronteriza administrable. Es la única versión donde los tres ganan simultáneamente, y por eso la más estable: cuando en un escándalo nadie tiene incentivo para decir la verdad, el escándalo deja de ser información y se convierte en arquitectura.
Pero repárese en lo que este mapa es y lo que no es. Que las piezas encajen es una invitación a investigar, no un veredicto: la versión más estable no es necesariamente la verdadera. Occam sigue en la mesa, señalando al creador de contenido solitario — mientras la opacidad del dinero señala a un padrino sin rostro. Ninguno de los dos está probado. Ambos siguen abiertos.
El veredicto
No tengo el pago. Tengo, eso sí, una declaración —la de Levy adjudicándose la grabación y la trampa— que sea verdadera o falsa favorece a la misma persona. Tengo una hipótesis base que explica al personaje sin conspiración, dos residuos que impiden cerrarla, un balance de ganancias que solo cierra completo en el peor de los escenarios, y un financiamiento sin rostro que no se sostiene sin un tercero. No tengo las cuentas —esas las tienen el DOJ y el Departamento del Tesoro, y por eso este espacio no afirma de dónde sale el dinero, sino que denuncia que nadie lo audita—. Hasta el cierre de esta columna, la gobernadora Marina del Pilar no se ha pronunciado sobre las afirmaciones de Levy. Y tengo una certeza: el único que pierde en todas las versiones es el que no está en la mesa — el público de Baja California, que va a votar en 2027 sobre una historia diseñada para no poder ser verificada. La pregunta no es si Simón Levy dice la verdad; su historial ya la respondió. Es de quién es la verdad que dice, para qué le sirve a quién, y quién la está pagando — todavía en 2027.
