
Por Claudia Martínez Sánchez/Guadalupe Lizárraga
Una investigación de Los Ángeles Press en Puebla reveló las evidencias de fraude electoral en Coyomeapan operado por los hermanos Celestino Rosas, quienes se rotan el poder desde 2010, y agreden a los indígenas que cuestionan su proceder.
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Rodolfo García López, esposo de Araceli Celestino Rosas, es el recién electo presidente municipal, sucesor de David Celestino que acaba de terminar con su segundo periodo de gobierno después de su hermana, y es quien ha operado el fraude electoral a favor de su cuñado y mandó agredir a los indígenas con el objetivo de silenciar sus críticas por los resultados electorales del pasado 6 de junio.
David Celestino, después de concluir su gestión administrativa municipal, impulsó la candidatura de su cuñado con la compra de votos, hostigamiento, emboscadas, agresiones con armas de fuego y cárcel para quienes cuestionaran dichos resultados.
Los Ángeles Press obtuvo copia de los mensajes de la red WhatsApp de Celestino en los que se revela cómo van identificando a los opositores, las ubicaciones geográficas de sus casas y los vigilan para detenerlos o para mandarlos golpear.
El 20 de septiembre de 2021 David celestino envío mensajes por la red a uno de sus empleados, preguntándole si había alguna novedad, y pidiéndole la ubicación de la casa de Teodoro Mirafuentes, ciudadano de Coyomeapan, entre otras personas más. Incluso pregunta si sabe cuántos se fueron a México para denunciar el hostigamiento contra los defensores indígenas.
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En estos mensajes se evidencia también que ordenó pagar hasta cien mil pesos a ciudadanos de la comunidad para favorecer a García López. Sin embargo, en el caso de Luis Fernando Espinoza, de 23 años, uno de los indígenas críticos al cacicazgo, sufrió un atentado con armas de fuego y machetes que lo dejó gravemente herido.
Por su parte, el gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta ha dado su apoyo a los Celestino y al nuevo presidente municipal, además de criminalizar a los defensores indígenas de supuestos incendios de inmuebles públicos y robos de armas, chalecos antibalas y patrullas, que la investigación de este medio desmintió, mostrando la existencia de los artefactos de seguridad municipal en la comandancia.
Incluso, la diputada federal Inés Parra Juárez ordenó un peritaje criminalístico para demostrar que las acusaciones del gobernador contra la comunidad indígena eran calumniadoras y que los inmuebles públicos se encontraban en perfectas condiciones, de acuerdo con los resultados del perito.
Debido a las agresiones e incriminaciones por parte del gobierno estatal, el pueblo de Coyomeapan decidió organizarse y salir a las calles para frenar el cacicazgo de los hermanos Celestino Rosas, apoyado por el gobernador Barbosa, y exigir la liberación de los cuatro defensores de derechos humanos en prisión desde el 1 de septiembre de 2021.
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