Judicatura ordena suspensión de tortura y malos tratos a internos amparados en Chiapas y otros penales

Por Guadalupe Lizárraga

El juez de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, avalado por el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF), con fecha del 2 de marzo, ordenó la suspensión de plano para que cesen de inmediato -“bajo la más estricta responsabilidad” de las autoridades penitenciarias- los actos de tortura, tortura psicológica, coacción, aislamiento, segregación y golpes al solicitar atención médica, u otro pedimento que por derecho constitucional tienen los internos en un centro federal de rehabilitación social, mejor conocido como penales.

Por medio de un amparo colectivo gestionado por el asesor jurídico Alejandro López Ponce de León, se logró que se diera la suspensión de todos los actos denigrantes y crueles que las autoridades penitenciarias ejercen contra los internos del cefereso de Chiapas, entre éstos la omisión de proporcionar atención médica, y los amparos de los internos que se encuentran en penales de Michoacán y Guanajuato.

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Con el número 157, de 193 internos amparados en Chiapas, se encuentra Jacobo Tagle Dobín, con doce años de prisión sin sentencia, quien es uno de los ocho inculpados por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, y que por segunda vez se encuentra afectado por la pandemia en el penal por falta de medidas sanitarias.

En carta a esta periodista, Jacobo Tagle menciona que desde que llegó la nueva directora del penal Erika Adriana Tenopala Chaussé, licenciada en derecho por la UNAM, con cédula 3837092, ha hecho caso omiso de las medidas de salud. “… nos hemos enfermado muy feo y graves, y no nos atiende el médico, de hecho, desde que el Covid comenzó en el mundo jamás nos han hecho una prueba para detectarlo, y por más que uno esté mal no nos atiende el médico”.

Jacobo Tagle también señaló en su misiva que además de negarles medicamento, nos le dan “químicos, como cloro, gel antibacterial u otros sanitizantes”, pese a que el centro penitenciario tiene presupuesto para ello; incluso, las porciones de comida han sido drásticamente reducidas y les dan el mismo platillo hasta seis veces por semana, y a veces en mal estado, además les prohíben todo tipo de información en revistas y diarios. Confirmó que al hacer un pedimento o quejas a las autoridades penitenciarias son reprimidos y hostigados con aislamiento o golpes.

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Suspensión judicial de malos tratos

El documento de la suspensión judicial para el cese de tortura y malos tratos en el cefereso de Chiapas fue otorgado desde el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) del estado de Jalisco, por omisión del juez en turno de Chiapas, y se dio cuenta además de los amparos a un total de 590 internos que están recluidos en penales, entre los que se encuentran presos sin sentencia, falsos culpables, y personas que fueron torturadas en su detención y que compurgan sus condenas con vejaciones a sus derechos humanos.

En el cefereso de Guanajuato son 160 reclusos amparados contra la tortura y los malos tratos, 193 en Chiapas, y 237 en Michoacán. Los actos de los que se acusan a las autoridades son descritos como actos alevosos y premeditados en su contra, como falta de alimentación, de atención médica, de trabajo, de actividades de esparcimiento, además de tortura y tratos crueles e inhumanos.

Los juicios de garantía fueron encausados por jueces de distrito, y en los expedientes se señala como autoridad responsable al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de quien reclaman la falta de atención médica general y especializada, la negación de medicamentos y artículos de higiene básica, la falta de una reinserción social adecuada, de vida digna en reclusión, la retención de correspondencia y la comunicación telefónica relativa.

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Los señalamientos de los internos especifican: “sufrimos tortura psicológica, nos coaccionan y en varios casos nos aíslan, no segregan y hasta nos golpean por pedir atención médica general y especializada, así como al solicitar la entrega de nuestra correspondencia que en muchos casos es interferida, no tenemos educación académica, ni trabajo remunerado, opciones de autoempleo, nos niegan medicamentos básicos, artículos de higiene, alimentación adecuada, capacitación para el trabajo, y áreas adecuadas para realizar actividades físicas”.

Los internos refieren que en los penales federales no existe el concepto de vida digna en reclusión, “pues nos obligan a comer encerrados en la celda de un metro, junto a la taza de escusado que todo el tiempo expide olores desagradables, habiendo comedores que no nos permiten usar, nos mantienen encerrados por periodos de 22 a 23 horas diarias sin actividades como si estuviéramos en una bodega humana donde no existen los derechos humanos. Nos proporcionan una alimentación muy mala e insuficiente. Contrario a lo señalado por la Carta Magna, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el propio reglamento de los centros federales. Somos víctimas de una comunicación relativa de robo y retención de correspondencia, medicamentos, amenazas, golpes, sanciones, penas inusitadas y otras torturas”.