Guadalupe Lizárraga Martes, 22 de Octubre del 2024
Las falsas acusaciones contra José Luis Moya derivadas de sus declaraciones y pruebas ante tribunales de los indicios de vida de Hugo Alberto Wallace.
Isabel Miranda fue quien denunció a Moya por supuesta extorsión.
Por Guadalupe Lizárraga
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha ejecutado una orden de aprehensión contra José Luis Moya Moya, basándose en información imprecisa y especulaciones sobre presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. En este proceso, la fiscalía ha utilizado el testimonio de Isabel Miranda de Wallace como un argumento para acusar a Moyá de extorsión, basándose en un supuesto historial que data de 2006.
Sin embargo, en ese mismo año, José Luis Moyá declaró a los medios que Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda, estaba con vida y que no había sido secuestrado ni asesinado, como afirmaba su madre. Esta declaración fue realizada en una entrevista con Ciro Gómez Leyva y, posteriormente, la reiteró a Los Ángeles Press. Este testimonio ha llevado a Isabel Miranda a acusar a Moyá de extorsión, incluyendo en sus denuncias a su pareja sentimental, Laura Domínguez, quien era íntima amiga y vecina de Hugo Alberto.
Moyá sostiene que Laura Domínguez se encontró con Hugo Alberto Wallace en el aeropuerto de la Ciudad de México en 2006, un año después de la fecha de la supuesta muerte y afirma que él mismo la llevó al aeropuerto. Además, señala que ambos mantuvieron comunicación con Wallace a través de mensajes de texto y correos electrónicos, los cuales presentó en su momento a la Fiscalía General de la República como parte de su defensa en 2007 y 2008.
Moya se presentó como testigo protegido en un juicio en Chicago relacionado con una de las víctimas de Isabel Miranda, en el cual se discutía su extradición a México. Durante este proceso, además de su testimonio, presentó como evidencia copias de correos electrónicos de Hugo Alberto Wallace Miranda, mensajes de texto y registros de llamadas con fecha posterior a la supuesta muerte de Wallace.
En 2023, la fiscalía ya usaba las calumnias y difamaciones de Isabel Miranda contra Moya, y eran reproducidos en espacios pagados en la prensa. Uno de estos medios fue El Heraldo de México, medio que le negó incluso ejercer su derecho de réplica.
Moyá ha sido objeto de investigaciones por presunto lavado de dinero y extorsión desde marzo de 2023, según informó la fiscalía, a raíz de la denuncia hecha por Isabel Miranda Torres, quien además lo difamó en los medios en espacios pagados para desacreditar sus declaraciones sobre el falso caso Wallace.
Isabel Miranda ha calificado a José Luis Moyá de "vividor y oportunista", afirmando que intentó extorsionarla en 2006. Su denuncia fue presentada ante la fiscalía en 2023, en la que dijo haber aportado pruebas; sin embargo, no se han especificado los detalles de dichas pruebas.
Las acusaciones de la fiscalía sobre transparencia
En la información difundida por los medios, que ha sido proveida por la fiscalía de la Ciudad de México, se menciona que José Luis Moyá ha presentado "más de mil cien solicitudes de información y 700 recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) desde 2002". Sin embargo, solicitar información es un derecho ciudadano, no un delito. Además, las acusaciones sugieren que Moyá ha utilizado la transparencia como un medio para extorsionar a empresarios y funcionarios. Cuando, en realidad, su actividad ha consistido en publicar información oficial sobre adjudicaciones directas de contratos gubernamentales, contratos con sobreprecios injustificables y declaraciones patrimoniales incompletas, lo que podría interpretirse más como una labor de denuncia.
Una de sus reiteradas revelaciones ha sido contra el Grupo Andrade por sobreprecios en renta de patrullas en contratos de renta de 5 mil millones de pesos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, así como para la extinta Policía Federal Preventiva. Entre los nombres que figuran en la tolerancia a esta opacidad y corrupción es el de Jesús Orta Martínez, exsecretario de la CDMX y prófugo de autoridades federales por un desvío de 2,500 millones de pesos, y Omar García Harfuch.
En el caso de la extinta Policía Federal Preventiva, Moya publicó la existencia de contratos de mil 500 patrullas pagadas a un precio de 2.7 millones por cada vehículo, operaciones que venían ocurriendo desde 2019. A partir de estas denuncias, tanto en medios como en la FGR, Grupo Andrade desató una campaña mediática en su contra utilizando a Isabel Miranda de Wallace como el rostro visible de la campaña.