Guadalupe Lizárraga Jueves, 02 de Julio del 2026
Las gestiones de cooperación colocan a Jimena Araya en una posición clave del expediente estadounidense sobre el Tren de Aragua.
Por Guadalupe Lizárraga
Los Ángeles.— La ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra el Tren de Aragua colocó bajo presión directa a Jimena Romina Araya Navarro, la actriz, modelo y DJ venezolana conocida como “Rosita”, sancionada por el Departamento del Tesoro por sus presuntos vínculos con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, jefe de la organización criminal y quien fue su pareja.
Araya Navarro, nacida en Maracay, estado Aragua, el 5 de septiembre de 1983, y actualmente radicada en Ciudad de México, aparece en el expediente estadounidense como una figura del entorno personal de Guerrero Flores. Ese vínculo, hasta ahora tratado como un antecedente del caso Tocorón, adquiere otro peso dentro de la ofensiva federal que Washington mantiene contra el Tren de Aragua.
El 3 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro incluyó a Jimena en la lista de nacionales especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, bajo programas relacionados con terrorismo global y organizaciones criminales transnacionales. La medida congeló los bienes que pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense y prohibió a personas y entidades de EEUU realizar operaciones con ella.
La sanción le dio mayor visibilidad a Jimena Araya en una zona de presión directa. Según el Tesoro, la ciudadana venezolana habría formado parte de una red del sector del entretenimiento usada para apoyar financieramente al Tren de Aragua. La dependencia también sostuvo que Araya habría ayudado en 2012 a la fuga de Niño Guerrero del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como el caso Tocorón.
Ese antecedente ya había sido investigado por la justicia venezolana, y fue detenida el 29 de octubre de 2012 bajo señalamientos de colaboración en la fuga de Niño Guerrero. Días después recuperó la libertad bajo fianza, mientras su proceso quedaba abierto en Venezuela.
La situación cambió después de la operación del 12 de junio de 2026 en la que fue confirmada la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Washington presentó el operativo como un golpe directo contra la estructura del Tren de Aragua, mientras autoridades venezolanas también reportaron la acción como parte de una operación coordinada contra el jefe de la organización criminal, designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
En ese contexto, información conocida por Los Ángeles Press apunta a que Jimena Araya inició gestiones de cooperación con autoridades estadounidenses. La negociación habría incluido su eventual condición de testigo cooperante y la protección de familiares directos que permanecían en Venezuela.
Las conversaciones tomaron relevancia durante la emergencia provocada por los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio. Ese día, mientras el país enfrentaba una crisis humanitaria por los sismos, Araya mantenía comunicación con autoridades estadounidenses sobre los términos de su colaboración y la posible extracción de su madre y de su hijo hacia territorio estadounidense.
Su posible cooperación con Estados Unidos podría abrir una ruta de información sobre la estructura financiera, logística y personal del Tren de Aragua fuera de Venezuela.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia anunció cargos contra ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua por secuestros y homicidios cometidos en Texas e Illinois. Cinco fueron acusados en Dallas y tres más en Chicago, dentro de expedientes que el gobierno de Trump presentó como parte de su estrategia para perseguir a la organización dentro y fuera de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses atribuyen al Tren de Aragua actividades de narcotráfico, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, explotación sexual, lavado de dinero y homicidios por encargo. La organización, nacida en el sistema penitenciario venezolano, y que recientemente ha creado vínculos con el sistema penitenciario de la Ciudad de México, especialmente en el Reclusorio Oriente y el grupo criminal la Unión de Tepito, se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional para Washington desde su designación como grupo terrorista extranjero.
Hasta ahora, Jimena Araya no enfrenta una acusación penal pública en Estados Unidos derivada de estas gestiones. Su inclusión en la lista de OFAC mantiene, sin embargo, un peso jurídico y financiero inmediato. También la coloca bajo una presión distinta: la de una posible testigo cuya información puede resultar útil para las investigaciones federales.