Alfredo Griz Cruz Jueves, 23 de Julio del 2026
Héctor Yunes plantea blindar las candidaturas en Veracruz ante la expansión del crimen organizado y la violencia política.
Despacho 14
El violento oficio de escribirPor Alfredo Griz
A las ocho de la mañana, cuando el movimiento apenas comenzaba a despertar en el Centro Histórico del puerto de Veracruz y las primeras tazas de café ocupaban las mesas de Los Portales, el diputado Héctor Yunes Landa, dirigente de Alianza Generacional por Veracruz, conversó con Los Ángeles Press para abordar uno de los temas que más inquietan a la sociedad veracruzana: la seguridad pública y el avance de la delincuencia organizada en distintas regiones del estado.
En un ambiente sereno, marcado por el tránsito cotidiano de turistas, comerciantes y trabajadores que cruzaban la plaza central, la conversación se adentró en un panorama mucho más complejo. Entre diagnósticos, cifras y señalamientos, surgieron cuestionamientos sobre la presencia de grupos criminales, los niveles de violencia registrados en diversas zonas de Veracruz y la percepción de inseguridad que persiste entre la población. La reunión permitió exponer preocupaciones relacionadas con el narcotráfico, los homicidios y los desafíos que enfrentan las autoridades para recuperar la tranquilidad en municipios donde la violencia continúa siendo una constante.
Desde la mesa instalada en el tradicional café porteño, Yunes Landa planteó la necesidad de revisar las estrategias de seguridad implementadas en el estado, al tiempo que llamó la atención sobre los efectos que la actividad delictiva ha tenido en la vida económica y social de numerosas comunidades veracruzanas. La exposición estuvo acompañada de referencias a hechos de violencia que han marcado la agenda pública y que mantienen abierto el debate sobre la capacidad institucional para contener el fenómeno criminal.
El diputado local independiente y ahora líder del Partido Alianza Generacional por Veracruz, Héctor Yunes Landa, en entrevista exclusiva, señaló que en el nuevo partido que dirige y se estrenará en los próximos comicios electorales, no habrá cabida para el crimen organizado. Mencionó, de manera tajante, que habrá filtros para sus candidatos y que no sucederá lo que sucede en otros institutos políticos, como el partido oficial y que se encuentra en el poder en gran parte del territorio mexicano.
Y es que, en ese sentido, Veracruz ocupa una posición estratégica dentro de México. Su litoral sobre el Golfo de México, la presencia del puerto comercial más importante del país, la red carretera que conecta con el centro y sureste, y la infraestructura petrolera distribuida a lo largo de su territorio han convertido al estado en un espacio de alto valor económico. Las mismas condiciones que favorecen el comercio legal han sido aprovechadas durante décadas por organizaciones criminales interesadas en controlar rutas, mercancías, combustibles y territorios.
La expansión del narcotráfico en Veracruz adquirió una nueva dimensión en la primera década del 2000. La llegada de Los Zetas modificó los esquemas tradicionales del crimen organizado. El grupo no sólo buscó corredores para el traslado de drogas. También incorporó secuestro, extorsión, cobro de piso, tráfico de personas y control de gobiernos municipales. La violencia dejó de concentrarse en disputas entre organizaciones y comenzó a afectar actividades económicas, espacios públicos y procesos políticos.
Yunes Landa, entre sorbos de un café lechero en Los Portales, no titubeó al decir que los registros oficiales muestran que la entidad Veracruzana atravesó algunos de los años más violentos de su historia entre 2010 y 2020. Municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Poza Rica y Acayucan aparecieron de manera recurrente en reportes de homicidios, desapariciones y enfrentamientos. El fenómeno coincidió con la fragmentación de grupos criminales y la disputa por corredores logísticos vinculados al Golfo de México.
Héctor Yunes explica que la importancia del puerto de Veracruz es parte de esta dinámica. Miles de contenedores ingresan y salen diariamente con mercancías procedentes de distintos países. Las autoridades federales han considerado históricamente a los puertos marítimos como puntos sensibles para el tráfico de drogas sintéticas, precursores químicos y contrabando. La capacidad de mover grandes volúmenes de carga ofrece oportunidades que resultan atractivas para organizaciones criminales con presencia nacional e internacional.
Otro factor determinante es la infraestructura energética. Veracruz concentra una extensa red de ductos de Petróleos Mexicanos, refinerías, complejos petroquímicos y terminales de almacenamiento. El robo de combustible se convirtió en una de las economías ilegales más rentables de la región. Informes recientes del gobierno estatal reportaron el aseguramiento de más de 280 mil litros de hidrocarburo en operativos realizados durante 2026. La cifra representa únicamente una parte de un mercado clandestino que mueve millones de pesos cada año.
Las disputas por el control territorial no permanecieron limitadas al ámbito criminal. Diversas investigaciones académicas y registros de organizaciones civiles documentan una relación entre la violencia y los procesos electorales locales. Los municipios controlan policías preventivas, permisos comerciales, contratos públicos y recursos presupuestales. El interés por influir en esos espacios aumentó conforme crecieron las ganancias derivadas de actividades ilícitas.
Entre 2018 y 2024 se registraron 192 agresiones contra actores políticos en Veracruz, de acuerdo con bases de datos especializadas en violencia político-criminal. Córdoba, Acayucan y Poza Rica concentraron algunos de los mayores niveles de incidencia. Los casos incluyen amenazas, atentados, secuestros, agresiones armadas y homicidios. El patrón refleja una presión constante sobre autoridades municipales, aspirantes a cargos públicos y operadores políticos.
Sin cortapisa el nuevo dirigente partidista, señaló que también es muy preocupante la violencia política y no puede analizarse como un fenómeno aislado. En varios municipios, las campañas electorales se desarrollan en contextos donde grupos criminales mantienen presencia territorial. Las disputas por alcaldías adquieren relevancia porque los gobiernos municipales administran presupuestos, supervisan cuerpos policiales y poseen capacidad de decisión sobre obras, contratos y permisos. La captura de esas estructuras representa una ventaja estratégica para cualquier organización interesada en operar con menor resistencia institucional.
El costo social de esta situación es difícil de medir únicamente mediante estadísticas. Las cifras de homicidios ofrecen una aproximación parcial. Detrás de cada registro existe una red de afectaciones que incluye desplazamiento de familias, cierre de negocios, pérdida de inversiones y deterioro de la confianza pública. En numerosas localidades, la extorsión se convirtió durante años en un impuesto informal impuesto por grupos criminales a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios.
Rocío Nahle en la mira de la DEA
Respecto a los señalamientos que hay por parte de la Drugs Enforcement Administration, (DEA, por sus siglas en inglés), contra la gobernadora de Veracruz, Rocio Nahle, Héctor Yunes, señalo que si los Estados Unidos investigan y tienen pruebas de que esta coludida con el crimen organizado y se la llevan, pues que bueno por el ejercicio y la aplicación de la ley, aunque sea de otro país.
Esto tras conocer que la mandataria Veracruzana forma parte de la lista de los 17 gobernadores coludidos con el crimen organizado que los Estados Unidos de América investiga.
En el mismo sentido y sin dejar a un lado la violencia contra los periodistas, Héctor Yunes calificó la situación como "particularmente delicada". Veracruz aparece de manera recurrente en informes nacionales e internacionales sobre agresiones contra la prensa. Reporteros especializados en seguridad, corrupción y política local han enfrentado amenazas, hostigamiento y ataques. Las consecuencias van más allá del riesgo individual. La reducción de cobertura periodística limita la capacidad de documentar fenómenos vinculados al crimen organizado y a la corrupción gubernamental.
En ese sentido es prudente mencionar que los indicadores recientes muestran una disminución en los homicidios dolosos. Datos oficiales señalan una reducción cercana al 28 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. La tendencia sugiere mejoras en determinados indicadores de seguridad. Sin embargo, especialistas advierten que la disminución de homicidios no implica necesariamente la desaparición de estructuras criminales. Procesos de reacomodo, fragmentación o pactos informales pueden modificar temporalmente los niveles de violencia sin alterar los mercados ilícitos que generan las ganancias.
La historia reciente de Veracruz muestra un problema de múltiples dimensiones. Narcotráfico, robo de combustible, corrupción, violencia política e impunidad forman parte de una misma estructura. Las organizaciones criminales han cambiado de nombre y de liderazgo con el paso de los años. Los gobiernos también han cambiado de partido y de discurso. Las disputas por corredores estratégicos, recursos económicos y control institucional continúan presentes.
Para culminar Yunes Landa mencionó que el caso veracruzano constituye uno de los ejemplos más relevantes para comprender la transformación de la violencia en México. Las organizaciones criminales dejaron de operar únicamente como redes dedicadas al tráfico de drogas. Su influencia alcanzó ámbitos económicos, políticos y sociales. La competencia por el territorio se trasladó a espacios donde se toman decisiones públicas, se administran recursos y se ejerce autoridad. En ese contexto, la seguridad dejó de depender exclusivamente de operativos policiales y militares para convertirse en un desafío relacionado con la fortaleza de las instituciones y la capacidad del Estado para recuperar espacios de control.