Familia desplazada denuncia tráfico de influencia y abuso de poder de autoridades locales de Oaxaca vinculadas al titular del INPI

Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Integrantes de la familia Rivera Gaytán denunciaron ante el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, las violaciones a derechos humanos de las que han sido víctimas como despojo de patrimonio y abuso de poder en una comunidad Mixteca, de Oaxaca, y en el que está relacionado el tráfico de influencias del director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

Por medio de una misiva enviada al ministro de la Corte, Guillermo Rivera, oriundo de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca, denunció que fue víctima de robo de su patrimonio, después de que el pasado 26 de junio de 2015 fuera privada de la libertad su esposa, Adriana Gaytán López, a petición del comisario de bienes comunales, Fortino Islas Domínguez. Cuando acudió a la capital de Oaxaca para promover un amparo, su ganado caprino había sido hurtado de su propiedad.

Por ello, interpuso la denuncia penal correspondiente contra las autoridades municipales y comunales por abuso de autoridad, allanamiento de morada, abigeato, privación ilegal de la libertad, contra el entonces síndico Álvaro Pérez Montes, quien ha contado con el apoyo de Adelfo Regino Montes, actual titular del INPI, y entonces secretario de Asuntos Indígenas del exgobernador Gabino Cue Monteagudo.

De acuerdo con el denunciante, el síndico utilizó la organización Servicios para el Pueblo Mixe A.C., encabezada por el ahora funcionario federal, como despacho jurídico, e incluso denunció que Regino Montes llegó a solicitar al ayuntamiento 300 mil pesos para concluir la demanda a favor de las autoridades locales.

Aunque acudió ante la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, los aludidos lo demandaron ante la Sala de Justicia Indígena del Poder Judicial del estado, por lo que el proceso legal desvirtuó el origen inicial de las demandas y durante seis meses ese organismo protegió a los demandados y en septiembre de 2016 le ordenaron pagar 150 mil pesos para la resolución de una demanda de robo.

Ante esa situación, interpuso un amparo, mientras que el ganado caprino de raza Boer fue vendido por las autoridades municipales sin haberse resuelto el caso. A razón de ello, Guillermo Rivera interpuso una queja ante la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal, donde le informaron que el expediente sería resuelto por la SCJN.

También relató que en 2016 el comisario ejidal lo desplazó de un sitio solar, lo que generó una demanda que debe resolver el Tribunal Unitario Agrario y, un año después, las autoridades locales dañaron su domicilio y volvieron a sustraer parte de su ganado equino.

Asimismo, en enero de 2018 los agresores desalojaron a su familia de su vivienda con dos menores de edad, misma que fue incendiada, por lo que interpuso un amparo federal y exigió la intervención del gobierno de Oaxaca, que hasta la fecha no ha dado respuesta a sus necesidades.

Por ello, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca le dio la razón sobre las violaciones de derechos humanos que ha sido víctima con su familia, sin embargo, desde 2015 le negaron el servicio de agua potable y les prohíben el ingreso a las asambleas populares los mismos caciques de la comunidad Cristóbal Miranda Baltazar, Álvaro Pérez Montes y Ulises López Osorio.

El desacato a la Fiscalía de Nochixtlán

En octubre de 2015, las autoridades de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca recibieron un documento expedido por la Fiscalía Local de Asunción Nochixtlán dándoles la instrucción de que se abstuvieran de vender, matar, sustraer o regalar los animales que tenía retenidos de la familia Rivera Gaytán.

El argumento de la instrucción de la fiscalía era porque el ganado se encontraba bajo investigación derivado de la denuncia. No obstante, las autoridades de la comunidad en contubernio con el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, hicieron caso omiso de la instrucción, y vendieron el ganado, quedándose con los recursos obtenidos. Quienes se encargaron de la venta fueron el síndico Desiderio Rivera Cruz y Norberto Baltazar Valdez.

La red de tráfico de influencias del director del INPI

Guillermo Rivera denunció en entrevista para Los Ángeles Press la red de influencias que lo expulsaron junto con su familia de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca con el propósito de despojarle su patrimonio. Quienes iniciaron este atropello fue la entonces presidente municipal Rosa López Baltazar y el comisario de Bienes Comunales, Fortino Islas Rodríguez, responsables también del encarcelamiento contra derecho de Adriana Gaytán López, esposa de Guillermo Rivera, con supuestos cargos de agresión a la autoridad.

Rivera también denunció el contubernio de la Fiscalía General del Estado, con delegación en Nochixtlán, para hacer caso omiso del atropello a su familia y a su patrimonio. Así mismo, mencionó la interferencia del actual director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) Adelfo Regino Montes, quien además afirmó a las autoridades comunales que había dado 30 millones de pesos a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia en calidad de soborno para que resolvieran el caso en favor de la comunidad, y otros seis millones de pesos para el reconocimiento de comunidad indígena. Los jueces mencionados fueron Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Carrancá, los tres en contra del proyecto a favor de Rivera promovido por Jorge Mario Pardo Rebolledo.