Guadalupe Lizárraga Miércoles, 23 de Octubre del 2024
El gobierno mexicano ignora el plazo de los tres meses para responder a las observaciones de la CIDH, sin atender los casos con informes de admisibilidad.
Casos que exponen violaciones graves de derechos humanos, con admisibilidad de la CIDH son ignorados por el Gobierno de México.
Por Guadalupe Lizárraga
Ciudad de México. — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el Estado mexicano no ha proporcionado respuesta a su solicitud de observaciones sobre la petición de admisibilidad del caso de José Humbertus Pérez Espinoza, quien desde marzo de 2024 se envió la petición para que se repondiera en un plazo de tres meses, según en acuerdo con el artículo 30 (3) de su reglamento.
Pero lo mismo sucedió en el caso de Arturo Bargueño Prieto, en 2018, ciudadano español víctima de fabricación de delitos y tortura, caso en el que el gobierno mexicano incumplió al no dar contestación a la demanda, hasta dos años después, en abril de 2020. Otro caso destacado mediáticamente ha sido el de George Khoury Layón, víctima de detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto, con un informe de admisibilidad de la CIDH el 9 de marzo de 2022, que hasta la fecha no ha respondido el gobierno mexicano.
El incumplimiento del Gobierno de México para dar respuesta a las solicitudes de observaciones de la CIDH ha sido una práctica recurrente, desde 2018, sin poner atención a los casos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, que datan desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por lo que la Red Socilidaria Década contra la Impunidad hizo un llamado público a atender estos casos como parte de la responsabilidad del Estado, en específico por el caso de Pérez Espinoza.
El pasado 19 de marzo de 2024, la CIDH comunicó a la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC) que había solicitado al gobierno mexicano pronunciarse sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos del activista. Entre las denuncias destacan la detención arbitraria, dilación de justicia y violaciones al debido proceso.
La historia de Pérez Espinoza se remonta a octubre de 2015, cuando lideró una demanda contra la empresa inmobiliaria Urbi Desarrollos Urbanos, logrando una resolución favorable a través de un amparo. Sin embargo, su activismo lo llevó a ser detenido de manera arbitraria y torturado bajo acusaciones de robo con violencia. A pesar de ser absuelto en varias ocasiones, su tiempo en prisión estuvo marcado por la presión de otros internos que buscaban su ayuda legal, lo que lo llevó a formar un colectivo para defender los derechos de las personas privadas de libertad.
La CIDH otorgó al gobierno mexicano un plazo de tres meses para responder, advirtiendo que, aunque se podrían solicitar prórrogas, éstas eran limitadas a un máximo de cuatro meses. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta.
Por lo que la Red Solidaria hizo el llamado público al gobierno encabezado ahora por la presidente Claudia Sheinbaum para que cumpla con sus compromisos de garantizar los derechos humanos y responder a las solicitudes de la CIDH en tiempo y forma, con cientos de casos que están en espera de ser atendidos. Además, han solicitado que la CIDH posponga el examen de la admisibilidad hasta que se discuta el fondo del caso de Pérez Espinoza.
Otros casos que México no respondió a la CIDH y escalaron hasta la Corte IDH
A lo largo de las últimas dos décadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llevado varios casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debido a la indiferencia del Gobierno de México, evidenciando la persistente falta de respuesta ante los informes de admisibilidad por violaciones de derechos humanos no atendidas en el país. Algunos de los casos destacados:
Caso Alvarado: Este caso involucra la desaparición forzada de tres miembros de la familia Alvarado en 2009, bajo el programa de seguridad "Operativo Conjunto Chihuahua" como parte de las políticas de militarización, a manos del ejército. Ante la inacción del Estado para investigar y sancionar a los responsables, la CIDH presentó el caso ante la Corte IDH en noviembre de 2018, sin embargo la investigación sigue abierta.
Caso de Lilia Alejandra García Andrade: En 2001, Lilia Alejandra, una adolescente de 17 años, fue secuestrada, violada y asesinada en Ciudad Juárez. La CIDH elevó este caso a la Corte IDH, que en febrero de 2023 lo atrajo, resaltando la falta de diligencia en la investigación y la impunidad que ha rodeado el caso durante más de dos décadas, cuando iniciaron los feminicidios en Chihuahua. La audiencia pública podría llevarse a cabo en 2025.
Caso Digna Ochoa: La defensora de derechos humanos Digna Ochoa fue hallada muerta en su despacho en 2001 con signos de tortura. La Corte IDH dictó una sentencia contra México por las graves deficiencias en la investigación de su asesinato después de que el gobienro mexicano cerrara el caso como suicidio, subrayando la incapacidad del Estado para garantizar justicia en casos de agresiones a defensores de derechos humanos.
Estos casos han puesto de relieve problemas sistémicos en la respuesta del gobierno mexicano ante las violaciones de derechos humanos, que incluyen la falta de diligencia en las investigaciones por parte de los defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales como el trabajo realizado por la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
La CIDH y la Corte IDH juegan un papel fundamental en la búsqueda de justicia y reparación de daño para las víctimas, al mismo tiempo que subrayan la responsabilidad del Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.