La Fiscalía de Veracruz enfatiza que se trata de recomendaciones descartadas.

Ignacio García

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La Fiscalía General de Justicia de Veracruz enfatiza que se trata de recomendaciones descartadas.

Según responsable de la justicia en Veracruz, la comisión estatal giró 291 recomendaciones en el gobierno del morenista Cuitláhuac García.

Por Ignacio García

La fiscal General de Justicia de Veracruz (FGJE), Verónica Hernández Giadáns, reconoció que su administración ha rechazado 82 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos, principalmente vinculadas a desaparición forzada, tortura y abuso de autoridad.

La fiscal estatal explicó que las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz no corresponden a hechos acontecidos durante su administración, pues aseveró que desde 2019 han recibido 297 recomendaciones y sólo 16 corresponden a su gestión.

De acuerdo con la responsable de la procuración de justicia de esa entidad, la comisión estatal emitió 62 recomendaciones entre 2016 y 2019 contra la Fiscalía estatal, durante la administración del entonces panista Miguel Ángel Yunes Linares, pero en la suya se giraron 291 en el gobierno del morenista Cuitláhuac García.

Hernández dijo que que no pueden aceptar recomendaciones que ponen en riesgo líneas de investigación activas, aunque aseguró que no permitirán que ningún servidor público viole el derecho de la víctima a recibir justicia, además de que insistió en que las recomendaciones no tienen un carácter vinculante, por lo que no se obliga a las autoridades a atenderlas.

Asimismo, indicó que por "motivos jurídicos" no han aceptado las recomendaciones de la comisión estatal, ya que su prioridad es el derecho de las víctimas, por lo que aseveró que no se trata de desprestigiar al organismo defensor de los derechos humanos de Veracruz.

Sin embargo, diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos se han pronunciado en contra de la gestión de la fiscal estatal, debido a que han acusado que se han cometido una serie de agresiones contra las personas privadas de la libertad para confesar delitos que no cometieron y están relacionados con tortura sexual, detenciones arbitrarias y desaparición forzada en la entidad.