La metanfetamina estaba oculta en un compartimento modificado de la camioneta que conducía al cruzar la garita de Tecate.
Por Diego Gastélum
TECATE, Baja California.— Una empleada del Ayuntamiento de Tecate fue detenida en la garita fronteriza y acusada en Estados Unidos de importar una sustancia controlada, después de que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza localizaran 153 libras de metanfetamina —69.4 kilos— ocultas en la camioneta que conducía.
La Fiscalía federal del Distrito Sur de California identificó a la detenida como Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, ciudadana mexicana. El arresto ocurrió el 26 de agosto de 2026, cuando solicitó ingresar a Estados Unidos por el puerto de entrada de Tecate en una Nissan Rogue 2020, según el Departamento de Justicia.
Los agentes de CBP encontraron la droga dentro de un compartimento no original construido bajo el piso de los asientos del conductor y del pasajero. Ortega fue acusada de importación de una sustancia controlada. El Departamento de Justicia incluyó su caso entre los 71 procesos fronterizos presentados esa semana en el Distrito Sur de California.
La información difundida por las autoridades estadounidenses no identifica hasta ahora a la organización propietaria de la droga, tampoco señala a otros participantes en el traslado ni atribuye el cargamento a alguno de los grupos criminales que operan en Baja California.
En el portal de Transparencia se identifica a Ortega Olazagasti como empleada activa de la administración del alcalde morenista Román Cota Muñoz. El cargo público es como "Inspector" y "Notificador" adscrita al área de la Secretaría del Ayuntamiento. El sueldo mensual bruto es de $15,554.94 más una percepción extra de $7,894.74.
Un arresto que el Ayuntamiento no había informado
La detención ocurrió el 26 de agosto. El Departamento de Justicia estadounidense hizo público el caso dos días después, el 28, como parte de su reporte semanal sobre procesos relacionados con la frontera. Para entonces, Ortega ya enfrentaba una acusación federal por el cargamento encontrado en el vehículo.
En la comunicación del Departamento de Justicia no apareció como empelada municipal. Fue la revisión posterior de los registros públicos de Tecate la que permitió identificar su puesto dentro de la Secretaría del Ayuntamiento en el área de Justicia Cívica.
El gobierno municipal tampoco había difundido la detención antes de que fuera publicada por la prensa local este 8 de septiembre.
La ubicación administrativa de Ortega resulta relevante porque sus funciones estaban relacionadas con la inspección y notificación de actos de autoridad municipal. Hasta ahora, no existe información pública que vincule el presunto traslado de metanfetamina con sus funciones dentro del Ayuntamiento, con otros servidores públicos de Tecate o con el alcalde Román Cota.
La garita de Tecate en expedientes federales
El caso se conoce apenas semanas después de que otro expediente federal expusiera el uso de la misma garita para el tráfico de grandes cantidades de droga.
El 7 de agosto, un tribunal federal de San Diego sentenció a nueve años de prisión al exagente de CBP Jesse Clark García, quien admitió haber permitido el paso de vehículos cargados con drogas por sus carriles de inspección en Tecate.
La investigación estadounidense estableció que proporcionaba sus horarios y asignaciones de carril a una organización de narcotráfico vinculada con el Cártel de Sinaloa, a cambio de pagos.
En aquel expediente, las autoridades documentaron cargamentos de fentanilo, metanfetamina y cocaína que cruzaron aprovechando la participación de agentes estadounidenses corruptos. García se declaró culpable y la relación con la organización criminal quedó establecida en el proceso federal.
No existe, hasta ahora, ningún elemento público que relacione ese caso con Nancy Beatriz Ortega Olazagasti.
El expediente contra Ortega es presentado por la Fiscalía y constituye una acusación que deberá probarse ante un tribunal federal. La propia Fiscalía del Distrito Sur de California recuerda que las denuncias penales contienen alegaciones y que toda persona acusada conserva la presunción de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad más allá de una duda razonable.
Para el gobierno de Román Cota queda pendiente explicar la situación administrativa de una empleada de Justicia Cívica que, desde el 26 de agosto, enfrenta un proceso federal en Estados Unidos por un cargamento de casi 70 kilos de metanfetamina.