La denuncia atribuye a Claudia Sheinbaum la continuidad de la política de tolerancia al narcotráfico de López Obrador política.
Los Ángeles Press
Ciudad de México.- Con fecha del 12 de enero de 2026, el Senado de la República dio acuse de recibo a una denuncia formal por el presunto delito de traición a la patria en contra de la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, así como del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, por ciertas directrices que han seguido en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada.
El denunciante, Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez, dirigió el escrito a la presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, solicitando que el caso sea turnado a la Cámara de Diputados para iniciar el procedimiento de juicio político previsto en la Constitución.
En el documento, el promovente argumenta que durante el sexenio de López Obrador (2018-2024) se habrían emitido órdenes a las Fuerzas Armadas orientadas a evitar confrontaciones directas con grupos criminales, política que —según la denuncia— habría derivado en omisiones en el combate a la delincuencia organizada. Asimismo, sostiene que dichas directrices han continuado durante la actual administración de Sheinbaum Pardo, a quien atribuye declaraciones públicas que, a su juicio, evita la persecución de estos grupos delictivos.
El escrito señala que estas acciones constituirían órdenes contrarias a la ley, al presuntamente proteger a los cárteles del narcotráfico considerados “enemigos internos del Estado”, y afirma que la situación ha generado riesgos para la soberanía nacional, incluyendo tensiones diplomáticas con Estados Unidos por temas como el tráfico de drogas y la falta de seguridad fronteriza.
Como sustento jurídico, la denuncia cita diversos artículos del Código Penal Federal relacionados con el delito de traición a la patria, así como disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y del Reglamento General de Deberes Militares, que prohíben la emisión y ejecución de órdenes contrarias a la ley. También invoca los artículos 108 al 111 de la Constitución, que regulan el procedimiento de juicio político contra altos funcionarios, incluido la titular del Ejecutivo federal.
Entre las pruebas ofrecidas se mencionan declaraciones públicas de ambos mandatarios, reportes de seguridad e inteligencia, así como posibles testimonios de personal militar y especialistas en la materia. El denunciante solicitó, además, que se requiera información a distintas autoridades federales y que se evalúe la imposición de medidas cautelares.
El documento recibido formalmente por la Cámara de Senadores cuenta con sello de la Oficialía de Partes, lo que acredita su ingreso administrativo, en espera de que se informe públicamente si la denuncia es admitida a trámite conforme a los procedimientos constitucionales y parlamentarios vigentes.