Ignacio García Martes, 08 de Julio del 2025, 14:59
Foro Público
El fin de semana pasado ocurrió un hecho sin precedentes en la Ciudad de México. Entre las miles de marchas y protestas que se han suscitado en la capital del país a lo largo de su historia reciente, en ninguna de ellas se había expresado la falta del acceso a un derecho humano básico como la adquisición de la vivienda, el cual se ha negado por un mordaz mercado que arrebata sus hogares a miles de personas.
Desde que el neoliberalismo se implantó como una semilla en 1982 al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, éste se ha extendido en todos los ámbitos, haciendo imposible que se extinga, como tanto han pregonado Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum a través de un discurso populista, y uno de los sectores más afectados por el “libre mercado sin regulación” ha sido la vivienda.
El negocio inmobiliario comenzó a crecer en la década de los ochenta en la capital mexicana, pero no se observaba hasta que se arraigó en la famosa especulación financiera que dejaron en manos de los inversores el derecho a una vivienda digna a miles de familias.
Aquellas colonias que nacieron como zonas de clase media como en su momento fueron La Condesa y Roma, siendo esta última retratada como un barrio tradicional clasemediero de la Ciudad de México en la película con el mismo nombre por Alfonso Cuarón, rápidamente elevaron su plusvalía desde que las leyes neoliberales eliminaron la regulación de los procesos de compra y venta de viviendas.
Los precios, bajos para los llamados nómadas digitales, comenzaron a comprar viviendas que velozmente encarecieron los costos de rentas para las personas que anteriormente vivían en estas colonias y tuvieron que migrar a la periferia de la ciudad, dada la creciente plusvalía de la zona.
Con rentas que oscilan desde los 20 mil hasta los 60 mil pesos mensuales, más de 30 mil familias han tenido que salir de las colonias que han sido golpeadas por la gentrificación, donde se han construido restaurantes, cafeterías y sitios de concurrencia que quintuplicaron los costos de los servicios básicos en las colonias gentrificadas.
Aunque el fenómeno de la gentrificación no sólo se centra en La Condesa y Roma, pues también ha impactado en otras zonas de las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, han sido los símbolos más visibles del proceso de encarecimiento de las viviendas que son prácticamente inaccesibles para la mayoría de las personas que vivían en las zonas.
Una ciudad progresista y gentrificada
Desde 1997 la llamada izquierda política ha gobernado la Ciudad de México—con las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y recientemente con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena)—el fenómeno de la gentrificación se ha extendido, algo contrario a lo que pregona esta ideología política que se basa en la progresividad y la accesibilidad de la vivienda.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, colocó el problema de la gentrificación como una de sus prioridades en el inicio de su administración, sin embargo, la bomba estalló. Las miles de personas que han sido desplazadas, no por la violencia, sino por el libre mercado, protestaron en las calles para legítimamente exigir el derecho humano a la vivienda.
La mandataria capitalina se ha comprometido a tratar de resolver este problema, pero los buenos deseos no son suficientes para aniquilar con el gran causante de este problema, la especulación inmobiliaria, que ha estado acompañada de la precariedad laboral de las personas, pues mientras los costos de las viviendas se han quintuplicado en tres décadas, el poder adquisitivo de la población ha decaído 80 por ciento en ese mismo periodo, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, José Ramón Amieva, Claudia Sheinbaum y Martí Batres no fueron capaces de garantizar el acceso a la vivienda para la población capitalina.
Fue hasta la administración de Mancera cuando comenzó a referirse por primera vez el problema de la gentrificación, pero fue el último jefe de Gobierno emanado del PRD uno de los impulsores del negocio inmobiliario, al favorecer al llamado “Cártel Inmobiliario”.
Ahora, la responsabilidad es de Brugada, quien tiene que lidiar con los intereses de los grupos empresariales que son beneficiados por la especulación inmobiliaria, que apuesta por más proyectos de encarecimientos de viviendas que golpean a las clases desposeídas.
Lo que el Estado puede hacer
Mientras que el negocio inmobiliario ha enriquecido a unos cuantos que siguen adquiriendo más viviendas para seguirse haciendo más ricos a través del llamado “Airbnb”, la forma actual de referirse a la usurería inmobiliaria que se registra en las zonas gentrificadas.
Las viejas casas deterioradas, pintadas con “arte posmoderno” y algunos objetos obsoletos colocados como adornos, ahora son parte de la estética de las cafeterías donde conviven los nómadas digitales por las tardes con precios inflados para seguir elevando la plusvalía de la zona y dejar sin hogares a los vecinos de las originalmente colonias clasemedieras.
Así, el gobierno puede impulsar una serie de acciones para regular al mercado y desmercantilizar la vivienda. Una de las políticas más progresistas que puede adoptar un Estado que se autodenomina de izquierda es el cobro de un impuesto severo a las viviendas desocupadas o de segundo uso, promover mecanismos de crecimiento de vivienda vertical, favorecer los mecanismos de accesos a créditos hipotecarios de los grupos socioeconómicos más bajos.
También el Estado debe reconocer que existe un fenómeno de “puertas giratorias”, en donde los propios políticos son beneficiados por los negocios inmobiliarios y por ello no les interesa la regulación de la vivienda, debido a que es el principal negocio para los empresarios y servidores públicos.
Una serie de políticas públicas progresistas que desincentiven la adquisición de viviendas que no serán ocupadas pueden debilitar el negocio del Airbnb, pues la narrativa meritocrática, basada en el principio de “trabaja más y gana más”, completamente ajena a la realidad social del país, ha justificado las acciones de adquisición desmedida de viviendas de unos cuantos y la carencia de la mayoría.
Mientras que los recién egresados de las universidades cada vez están más precarizados y no podrán tener acceso a la vivienda, los defensores de la gentrificación alegan que los jóvenes no tienen intención de adquirir una vivienda, pero en realidad son incapaces de comprarla y por eso asumen esta situación para tener que pagar renta de forma vitalicia.
Por ello, resulta urgente y crucial que el Estado asuma su responsabilidad para regular al sector de la vivienda y garantice espacios de accesibilidad a un derecho humano básico necesario, que se ha mercantilizado en favor del consumo.
Nota aparte: En la marcha del fin de semana pasado también se evidenció el sesgo xenofóbico de quienes acusaron a los norteamericanos de ser los responsables de la gentrificación, incurriendo en las mismas prácticas de discriminación que México critica de Estados Unidos contra los migrantes indocumentados en esa nación.
