A treinta años del levantamiento zapatista, desde 1994, los textos siguen siendo relevantes al interpelar las persistentes desigualdades, la exclusión y los retos de gobernabilidad en el país.
Por Jaime Martínez Veloz
Presentación
Comparto este artículo titulado "Chiapas, 1994: Insurgencia, Estado y Democracia Pendiente", el cual reúne dos notas de reflexiones que redacté en enero y febrero de 1994 a solicitud de Luis Donaldo Colosio, entonces candidato presidencial. Estas notas fueron elaboradas en el contexto inmediato del levantamiento armado del EZLN en Chiapas y ofrecen una lectura crítica de las causas estructurales del conflicto, así como propuestas para una transformación democrática desde el Estado.
El documento presenta dos reflexiones estratégicas dirigidas a Luis Donaldo Colosio en 1994, que analizan la insurgencia zapatista en Chiapas y proponen alternativas para la reconstrucción democrática y social del estado desde una perspectiva ética y participativa.
A treinta años del acontecimiento, considero que estos textos adquieren nueva vigencia frente a los retos persistentes de exclusión, gobernabilidad y participación comunitaria en México. El artículo se presenta como un testimonio político, pero también como una aportación analítica que puede dialogar con el presente desde la memoria y la ética pública.
El 1º de enero de 1994, México despertó con el eco de una insurrección que evidenciaba el abandono histórico de los pueblos indígenas y la fragilidad institucional de un Estado que, durante décadas, había administrado la exclusión como política pública.
Las notas que aquí se presentan, escritas en enero y febrero de 1994, no sólo anticipan con agudeza el deterioro institucional y los errores del enfoque excluyente, sino que trazan propuestas concretas para reconstruir Chiapas desde el diálogo, la participación comunitaria y la justicia social. A treinta años del levantamiento, estos textos son un testimonio de una posibilidad democrática que quedó interrumpida.
Jaime Cleofas Martínez Veloz
Tijuana Baja California a 2 de julio del 2025
Parte I. Chiapas: El Conflicto Que Interpela al Estado
Diagnóstico crítico de la insurrección zapatista y el papel de las instituciones en su desenlace
“La represión no extingue las raíces profundas de la injusticia; sólo las esconde bajo un nuevo manto de dolor.”
Introducción
La siguiente nota fue elaborada por solicitud de Luis Donaldo Colosio, en los primeros días del año 1994, en el marco del levantamiento del EZLN. El objetivo era ofrecer un diagnóstico directo sobre la caracterización del conflicto armado en Chiapas y las implicaciones políticas y sociales que tendría su resolución. Lo que sigue es un análisis que se aleja de los lugares comunes y formula una crítica contundente al aparato institucional, junto con propuestas que apuntan a una transformación estructural.
Nota del 8 de enero de 1994
El contexto político nacional posterior a los sucesos en Chiapas será completamente distinto al existente hasta fines de 1993 y estará necesariamente definido por la forma que adopte finalmente la solución del conflicto aún en desarrollo.
Es posible adelantar, sin embargo, algunas situaciones previsibles tanto en esa entidad como en el país:
Por un lado, la extensión de expresiones del conflicto a otras zonas de México, en forma de surgimiento de agrupaciones políticas extremistas, acciones de terrorismo, y la utilización del discurso "revolucionario" por parte de narcotraficantes y delincuentes comunes. En suma, una delicada situación de seguridad interna.
En ese contexto, se generarán dos realidades que han sido experiencia común en otras sociedades latinoamericanas:
• Una sensación de desconfianza y temor generalizado en la ciudadanía, que reducirá la participación política y debilitará los canales de diálogo entre las instancias de autoridad y la población.
• Esta conducta ciudadana será acentuada por el endurecimiento y ampliación de las actividades de seguridad interna a cargo del Ejército y los cuerpos policiales.
El mayor impacto se resentirá en las instancias de trabajo social, que deberán estructurar acciones especiales capaces de dar resultados a corto plazo en el conflictivo escenario poscrisis, así como redefinir sus estrategias ante la nueva realidad nacional.
Hasta hoy, la percepción ciudadana concreta es que el mando político nacional fue sorprendido y superado por la crisis. Aunque se declara una solución política, los hechos y el fondo de las declaraciones oficiales indican que se ha optado por una respuesta militar como única vía ante los tres planos del conflicto:
• El fracaso del aparato de seguridad nacional (incluidos la Secretaría de Gobernación y el mando militar), que no ha sido reconocido ni corregido.
• La existencia de un grupo no identificado que desarrolló la estrategia insurreccional.
• Una mayoría poblacional marginada que constituye el caldo de cultivo para el levantamiento armado, producto de la incapacidad histórica del poder político para enfrentar la multifacética problemática de Chiapas y otras entidades sureñas, donde la miseria y el abuso son factores comunes.
La acción represiva del Ejército y cuerpos policiales, que han adoptado los peores métodos de lucha antisubversiva —amedrentamiento de la población civil, ejecuciones sumarias, ley de fuga— ha vulnerado gravemente uno de los pilares de confianza en el sexenio: la promoción de los derechos civiles.
Las posiciones gubernamentales más preocupantes incluyen:
• Minimización del conflicto al atribuirlo a la "imbecilidad" de los indígenas manipulados por aventureros.
• Promesas de multiplicar los programas asistenciales fallidos en Chiapas, lo que se convierte en chantaje para quienes se alzaron en armas y una invitación a la violencia en otras comunidades.
• La presentación de una visión maniquea de la situación, el ocultamiento de información, y el cerco militar que impide el trabajo de periodistas en la zona.
Estas prácticas deterioran aún más la institucionalidad y la credibilidad del gobierno federal.
Lo que siga en Chiapas tendrá efectos nacionales: el manejo del conflicto será visto como termómetro político por toda la sociedad.
Revertir las consecuencias de esta crisis exige decisiones correctivas de gran magnitud, con acciones que demuestren voluntad de ir al fondo de las causas.
Será necesario recuperar la confianza ciudadana tras los excesos represivos y excluyentes. Esto implica una actitud autocrítica por parte del Estado, junto con la destrucción de las relaciones de poder injustas impuestas en la región —principalmente el caciquismo sostenido desde el poder público.
Urge redefinir la propiedad de la tierra para comunidades indígenas y campesinas pobres, mediante un sistema de organización agrícola que revierta la pauperización hacia la subsistencia y desarrollo económico.
Se requiere una instancia coordinadora única para conjugar toda la actividad pública bajo un programa central.
Chiapas demuestra que no basta con dotar de recursos e invertir: las políticas deben rectificar el paternalismo y el chantaje político, dando protagonismo a las propias comunidades y a los liderazgos que emerjan del nuevo esquema.
Además, las soluciones posbélicas deben legitimarse localmente, sustituir a la clase política culpable del fracaso institucional y formar consensos que permitan la construcción de un nuevo liderazgo.
Las respuestas que mezclen programas sociales con represión —"zanahoria y garrote"— sólo mantendrán latente la insurgencia. Se debe atacar el fondo del problema: las injustas relaciones sociales y de poder generadas desde el aparato público.
Esto requiere un equipo de operadores ajenos a los intereses locales, con responsabilidad social, organización comunitaria, y voluntad de multiplicar soluciones reales.
La implementación debe estar a cargo de jóvenes profesionistas, estudiantes, activistas y líderes comunitarios de nuevo cuño, que establezcan interlocución directa con la población. Ese grupo será el semillero de una nueva clase dirigente en la entidad.
Finalmente, hay que reconocer que el levantamiento zapatista no fue obra de conspiradores, sino una acción colectiva de insurrección comunitaria, con causas sociales y políticas legítimas. La solución no está en la represión ni la cooptación, sino en la redistribución del poder político en Chiapas y la reformulación del Estado mexicano a través de un nuevo pacto social.
Reflexión
Esta nota denuncia, sin ambigüedades, el riesgo de que el Estado mexicano responda a una legítima demanda social con una estrategia de amedrentamiento y cerco informativo. Advierte que la militarización como única respuesta profundiza el descrédito institucional y erosiona el tejido social. Lo que emerge aquí no es sólo un análisis técnico, sino una convicción ética: enfrentar el conflicto exige decisiones estructurales, una autocrítica institucional y una redistribución real del poder en Chiapas. El texto no se limita a señalar fallas; propone medidas concretas para construir desde las ruinas un liderazgo comunitario, un modelo de desarrollo con justicia y una refundación democrática con la dignidad como horizonte.
Parte II. La Paz como Fundamento: Reconfigurar Chiapas desde la Justicia Social
Lineamientos para una política social, incluyente y democratizadora en el escenario posbélico
“Si el diálogo detiene la guerra, solo la justicia detendrá su retorno.”
Introducción
La segunda nota, escrita el 20 de febrero, responde a la evolución del conflicto y a la posibilidad de una salida negociada. Ante la viabilidad del diálogo, se plantean líneas claras para una política social renovadora, con implicaciones profundas en el modelo de desarrollo, la gestión del poder local y la reconfiguración de los instrumentos institucionales. La propuesta aquí es clara: reconstruir Chiapas como un laboratorio democrático de nuevas formas de poder, participación y justicia.
Nota del 20 de febrero de 1994
La evolución del conflicto armado en Chiapas hace prever una pronta solución. Esto dará pie —como coinciden todos los sectores involucrados— a la construcción de una nueva realidad en la región, que deberá servir de marco y modelo para nuevas políticas gubernamentales, aplicables tanto a problemáticas indígenas como a grupos de alta marginalidad, y para el diseño de nuevas formas de poder en un contexto nacional de mayor democratización.
Si bien el enfoque político-social del problema fue tardío y resultado directo del fracaso de la ofensiva militar inicial, se logró revertir el deterioro con una recomposición emergente de la confianza. Esto puede transformarse en un triunfo político, si se decide atacar con firmeza los factores estructurales que dieron origen al conflicto y propiciar un cambio radical en la situación chiapaneca.
La viabilidad comprobada del diálogo y la esencia social de las demandas rebeldes han asentado que el conflicto tiene una raíz profundamente estructural — producto de rezagos ancestrales no enfrentados, o bien solapados por los diferentes niveles de autoridad.
Dada la polarización social y los inevitables resentimientos posbélicos que surgirán como herencia amarga del conflicto, será imprescindible elaborar nuevos esquemas de trabajo social colectivo, con amplio involucramiento ciudadano que favorezca la conciliación y la reconstrucción del tejido comunitario.
Cualquiera que sea el contenido del acuerdo de pacificación, requerirá como base fundamental un programa inmediato, intensivo y amplio de acción social, capaz de eliminar con prontitud los costos del conflicto sobre la población civil y atacar progresivamente la problemática histórica de la marginación.
La debilidad en la credibilidad del aparato público será el principal obstáculo para recuperar la institucionalidad. Esta situación mantendrá vigilantes a todos los niveles de la opinión pública, por lo que se requerirán acciones claras y decididas que trasciendan las palabras y ofrezcan soluciones tangibles.
Dos factores imprescindibles para instaurar una nueva realidad regional son:
• La ampliación o formulación de medidas agrarias especiales para resolver la compleja problemática local de posesión de la tierra.
• El fortalecimiento de instrumentos legales que norman, resguardan y otorgan representatividad a los Pueblos Indígenas, con profundo respeto a sus tradiciones, creencias y formas autóctonas de organización.
La programación social debe convertirse en un factor democratizador. No puede limitarse a resolver rezagos asistenciales, sino atacar la raíz política del problema: la monopolización del poder por los potentados, el caciquismo, y el desprecio por las formas tradicionales de organización indígena.
Es necesario que los representantes comunitarios, especialmente los indígenas, participen directamente en el diseño de las acciones. Esto permitirá concretar programas que respeten y se adecuen a las formas populares de organización de las distintas comunidades y regiones.
Los valores originales del Programa Nacional de Solidaridad —aunque distorsionados por operadores estatales— deben ser restituidos como principios irrenunciables: eliminación del paternalismo, decisión constante de las comunidades en todos los niveles, y protagonismo real en la definición de demandas, prioridades, aplicación de recursos y control de inversiones.
Las obras prioritarias deben promover corresponsabilidad, movilización organizada, y diseño capaz de superar divisiones provocadas por la guerra.
Dado el bajo nivel de confianza hacia las instituciones, la incorporación masiva de las comunidades debe encaminarse al control directo del desarrollo de los programas sociales.
Entre las acciones de impacto inmediato destacan:
• Autoconstrucción y mejoramiento de vivienda mínima
• Espacios comunitarios y servicios básicos
• Educación intensiva y atención a la salud en forma inmediata
• Mejora en comunicaciones y vías de acceso
• Apoyo al desarrollo agrícola local
La participación directa y constante conllevará, necesariamente, a la ruptura progresiva del verticalismo político —uno de los factores principales en la gestación del conflicto.
Es indispensable otorgar máxima flexibilidad operativa a los programas, adaptándolos de forma sencilla a la idiosincrasia de las comunidades, con credibilidad hacia los compromisos colectivos y la palabra dada por los líderes locales.
Un movimiento social intenso desde la base servirá de amortiguador para la crisis posbélica y como elemento de integración profunda. A través de la corresponsabilidad comunitaria, se podrán superar las fracturas sociales impuestas por siglos de autoritarismo sobre los pueblos indígenas.
La nueva acción no debe derivar en asistencialismo: hay que propiciar mecanismos diversos para fortalecer las economías locales, asegurando mínimamente la subsistencia digna a corto plazo, y proyectando una ruta de desarrollo sostenido.
Dado que el campo no puede sostener por sí solo el mejoramiento continuo de las condiciones de vida, será imprescindible diseñar un esquema de industrialización regional que utilice intensivamente mano de obra local, con unidades productivas de tamaño ajustado a la escala de las propias comunidades.
La intensidad de las actividades organizativas, analíticas y de ejecución que surgirán de estos programas —y del flujo de recursos que movilicen— inevitablemente darán lugar al surgimiento de nuevos liderazgos comunitarios.
Corresponderá a los promotores de esta nueva realidad preservar y encauzar esos liderazgos dentro de los lineamientos democratizadores que definan las propias comunidades, a fin de evitar la reproducción de nuevos cacicazgos que puedan frustrar el esfuerzo colectivo.
Esto obliga también a una redefinición profunda de las conductas dentro del PRI y sus estructuras organizativas, ya que en el caso chiapaneco se observa una actitud general de sometimiento a los intereses caciquiles que lo han convertido en instrumento de dominación.
Para fortalecer el efecto positivo del nuevo liderazgo dentro y fuera de Chiapas, se deben abrir canales de desarrollo político que faciliten su inclusión progresiva en niveles crecientes de decisión, asentando una pirámide de participación basada en estructuras auténticamente democráticas.
La implementación del nuevo conjunto de acciones sociales y económicas dependerá en gran medida de la calidad ética y política de los funcionarios y del equipo operativo. Se requiere personal con probidad administrativa, sensibilidad social, capacidad de diálogo y firmeza para enfrentar los intereses tradicionales que se verán afectados.
El conjunto de operadores debe estar conformado principalmente por cuadros de origen local, independientes de los grupos de poder tradicionales, con profundo conocimiento de la idiosincrasia de las comunidades en que trabajarán, asesorados por activistas, administradores y técnicos con vocación organizadora, visión política y alta sensibilidad social.
Funcionarios, operadores y realizadores deberán demostrar no sólo capacidad para cumplir los acuerdos de paz, sino también voluntad de autocrítica hacia los errores institucionales pasados y compromiso con nuevos estilos de trabajo basados en participación, corresponsabilidad y democratización del poder.
Del trabajo de este equipo dependerá la magnitud y calidad de las transformaciones posibles en Chiapas, así como el modelo que pueda replicarse en otras regiones del país con problemáticas similares.
Finalmente, para sostener esta nueva política de acción social, se requiere una estrategia de comunicación pública que acompañe permanentemente el proceso: superando esquemas manipuladores y promoviendo información objetiva, crítica y formativa. Esta comunicación debe facilitar el diálogo y la confrontación constructiva de ideas, el consenso comunitario y la visibilización de los nuevos liderazgos.
Reflexión
La paz en Chiapas sólo será posible si va acompañada de una transformación radical en las prácticas institucionales, sociales y comunicacionales del Estado mexicano. La visión participativa que propone esta nota no se limita a la redistribución material, sino a la democratización profunda del poder, la ruptura del caciquismo y la apertura de canales para que surjan y se fortalezcan liderazgos genuinamente comunitarios.
Más que una nota técnica, este documento es un manifiesto ético de reconstrucción democrática, que reconoce a las comunidades como protagonistas y no como beneficiarios. Una ruta para que la paz no sea silenciamiento, sino justicia activa.
Epílogo: Colosio y la posibilidad democrática interrumpida
Estas notas representan más que una colaboración analítica; son el reflejo de una interlocución política entre dos visiones que coincidían en la necesidad de transformar el Estado desde la raíz. La insistencia de Colosio en escuchar voces críticas como la del autor demuestra su voluntad de atender las causas profundas del conflicto en Chiapas, no sólo sus manifestaciones.
Este artículo reconstruye un momento en el que la política pudo haber servido como herramienta de reconciliación, justicia y memoria. A treinta años de distancia, el llamado sigue vigente: el verdadero diálogo no consiste en apagar la protesta, sino en transformar las estructuras que la hicieron inevitable.
