Daniel Lee Miércoles, 19 de Agosto del 2026, 13:40
La detención migratoria se expande con más contratos y centros privados, pese a denuncias por muertes, fallas médicas y condiciones insalubres.
Por Daniel Lee
Hay una cifra que retrata con crudeza el nuevo rostro de la política migratoria estadounidense: más de 2 mil 600 millones de dólares ingresaron durante el primer semestre de 2026 a CoreCivic y GEO Group, las dos principales empresas privadas contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Mientras miles de migrantes son detenidos y sometidos a condiciones cuestionadas por organismos civiles y autoridades, estas compañías atraviesan uno de los periodos más rentables de su historia.
No es casualidad. La ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump ha multiplicado la demanda de centros de detención, camas, vigilancia, transporte y servicios penitenciarios. Cada arresto alimenta una cadena de contratos y cada persona confinada puede representar ingresos para una empresa privada. Ahí está el conflicto que debería preocupar a las instituciones estadounidenses: cuando la privación de la libertad genera ganancias, el crecimiento de la detención deja de ser solamente una decisión política y adquiere una dimensión comercial.
El problema se vuelve todavía más grave cuando las condiciones de esos centros acumulan denuncias sin que ello se traduzca en sanciones contundentes.
Un informe de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights publicado en junio documentó que la mortalidad de personas bajo custodia de ICE alcanzó 8.4 muertes por cada 10 mil detenidos, la tasa más alta en casi dos décadas. El análisis de 39 fallecimientos durante el primer año del segundo mandato de Trump encontró indicios de atención médica tardía o deficiente, incluidos casos de sepsis sin tratamiento oportuno, hipertensión sin seguimiento y retrasos en maniobras de reanimación.
Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, es otro ejemplo. La instalación operada por GEO ha sido señalada por problemas sanitarios, alimentos en mal estado, deficiencias médicas, falta de medicamentos y obstáculos para la supervisión estatal. El 1 de agosto murió allí Edwin López-Cornejo, salvadoreño con diabetes, hipertensión y epilepsia, quien había denunciado deficiencias en la atención que recibía.
En California, el Centro de Detención California City, con capacidad para 2 mil 560 personas, también fue cuestionado por autoridades estatales debido a problemas médicos, personal sin experiencia y condiciones insalubres. Sin embargo, las denuncias no frenaron la expansión del negocio. El DHS compró California City y Otay Mesa a CoreCivic por casi mil 500 millones de dólares y extendió los contratos para que la empresa continuara operándolos.
Ese es el punto central: las deficiencias no están reduciendo el negocio; el negocio sigue creciendo a pesar de ellas.
CoreCivic aumentó 26 por ciento sus ventas durante el primer semestre y posteriormente vendió cuatro instalaciones de detención al gobierno por 2 mil 200 millones de dólares. También obtuvo un contrato por 75 millones de dólares anuales durante cinco años para reactivar una cárcel en Arkansas destinada a operaciones migratorias.
GEO tampoco oculta sus expectativas. Firmó con ICE dos nuevos contratos por 165 millones de dólares para activar instalaciones con capacidad conjunta superior a 2 mil 500 personas. Además, el gobierno cubrirá los gastos de reactivación y los costos iniciales de operación. La empresa elevó sus previsiones de ingresos para 2026 a unos 3 mil millones de dólares, sin incluir plenamente esos nuevos contratos.
Incluso sus propias proyecciones revelan hacia dónde apunta el modelo: reactivar instalaciones inactivas, aumentar la ocupación de centros y ampliar los servicios de localización. En otras palabras, la expansión de la detención es presentada como una oportunidad de crecimiento financiero.
Aquí aparece una contradicción que ya no puede esconderse detrás del discurso de seguridad fronteriza. El gobierno habla de controlar la migración; las compañías hablan de crecimiento. Para estas últimas, sin embargo, ambos conceptos pueden terminar significando lo mismo: más personas detenidas y más camas ocupadas.
Una auditoría del inspector general del DHS ya había advertido en 2021 que los contratistas rara vez enfrentaban sanciones económicas por abusos, deficiencias o incumplimientos. A cinco años de distancia, el patrón resulta preocupante: aumentan las denuncias, pero también aumentan los contratos.
Una política migratoria estricta puede ser discutida políticamente. Lo que no debería estar sujeto a negociación es el derecho de cualquier persona detenida a recibir atención médica adecuada, alimentos en condiciones dignas, instalaciones sanitarias y mecanismos efectivos de supervisión.
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